El robo en el Senado

Sí, el título parece el de una superproducción nacional de los años 40. Pero por más que parezca eso, es lamentablemente una nueva jugada del kirchnerismo en detrimento de las instituciones y la democracia.

Por supuesto que todos ya lo deben haber leído en sus redes sociales y en todos los medios, pero la realidad es que es importante poder ver las repercusiones que hubo alrededor de este atropello.

El meollo de la cuestión es que el presidente del Senado, Cristina Fernández dio por aprobada una comisión bicameral para investigar el caso “Vicentin” con una mayoría distinta a la que establece el reglamento de la cámara. El artículo en cuestión es el 88 que dice “Mayorías Requeridas: Para la creación de comisiones especiales, especiales mixtas, bicamerales, bicamerales mixtas e investigadoras se requiere el voto de las dos terceras partes de los miembros integrantes de la cámara”. Esto significa que deberían aprobar la moción 48 de los 72 senadores, pero tal como se ve en la imagen sólo 41 dieron por aprobado el proyecto.

Más allá de las denuncias de la oposición en relación con las falencias de los sistemas de sesión virtuales y el conteo del quórum con aquellos senadores que no se pueden conectar o que están dispuestos, pero no logran loguearse en el sistema, entre otros inconvenientes. Incluso se llegó a contar un voto positivo de la Senadora neuquina Lucila Crexell quién figuraba como ausente en el momento de la votación. Irregularmente se le consultó si su voto era positivo y se consignó como tal en un momento distinto al de la votación propiamente dicha.

Ahora bien, como la situación de Vicentin es de público conocimiento, es posible que se hayan realizado préstamos espurios a la administración que llevó a la empresa al Concurso de acreedores que tiene hoy, también es interesante lo acotado del período de investigación que se estableció para la Bicameral que se aprobó en ese orden del día. Y digo que se aprobó, porque hasta ahora no hubo rectificación ni información fehaciente sobre si la votación se debe llevar a cabo nuevamente o si se debe volver a discutir las funciones de dicha bicameral.

Además, recordemos que la intervención y posterior expropiación del Grupo Vicentin es considerada por muchos inconstitucional y en todo caso la intervención debería ser posterior a la Ley de Expropiación que se votaría a esos efectos.

El proyecto lo presentó el Senador Oscar Parrilli que tendría por objetivo investigar las “presuntas irregularidades que pudieran existir en la relación crediticia entre el Banco de la Nación Argentina y Vicentin SAIC, posible defraudación y estafa comercial”. Pero lo más llamativo de la propuesta, es que esta investigación se acotará solamente al período 2015 2019, justamente sólo el período Macrista de Gobierno. Mientras los kirchneristas se quejaban de que la empresa en cuestión fue una de las principales aportantes a la campaña de gobierno de Macri, también habría que recordarles que durante el 2007 esta misma cerealera fue aportante para la campaña del Frente de Todos que tenía por presidente a Cristina Fernández.

De todas maneras, si bien la creación de una comisión investigadora del caso Vicentin no me resulta una propuesta despreciable, ya que de haber jugado con reglas distintas a las que tiene todo el mundo, sería injusto para los acreedores y a su vez para los demás jugadores en esa industria. Y si bien considero correcto que se debería conocer quién y cómo realizaron jugadas espurias, me parece de una investigación sesgada el período seleccionado para tal fin. Por otro lado, es importante destacar que habrá gracias a esta centena extendida muchas otras empresas, comercios y pymes en cesación de pagos y posiblemente concursadas. Pero a éstas no se las investigará con una bicameral como se hará con Vicentin y en ese caso, sí se respetará el procedimiento judicial y el desarrollo de los concursos de acreedores. Por estas razones es que es llamativo que se seleccionara a Vicentin como la empresa a ser expropiada e intervenida cuando deber haber miles de empresas en similares condiciones de las que ni los nombres se conocen. Evidentemente existen detrás de la expropiación otro tipo de intereses.

Por último, deseo resaltar que las injusticias deben ser investigadas, sean de un color político u otro, y hayan sido perpetradas por CEOs o comerciantes minoristas, porque esto representa “seguridad jurídica”, pero creo profundamente también que la política se está usando para arremeter contra las instituciones y para beneficios personales, cuando debería usarse para mejorar la calidad de vida de las personas.

Gabriel Salvatore

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