Félix Crous: denunciarán al titular de la OA

La doctora Silvina Martínez, denunciante de las causas Hotesur y Los Sauces, pedirá investigar penalmente al titular de la OA Félix Crous por violación a los deberes de funcionario público y abuso de autoridad. Es por la decisión del organismo de renunciar a la querella de la OA en esos dos expedientes que ya están en instancias de juicio oral y en donde está procesada la vicepresidenta Cristina Kirchner y sus hijos, Máximo y Florencia.

“La decisión de la OA va en consonancia con un plan de impunidad para que la ex presidenta quede libre de culpa y cargo”, sostuvo la abogada. “La causa está paralizada desde el TOF 5, la OA deja de ser querellante, a nosostros nos apartaron de ser amigos del tribunal, se está evaluando levantar las medidas cautelares para devolverle las propiedades. Y mientras tanto se busca instalar la teoría del kirchnerismo de que son todas causas armadas producto del macrismo y los medios”

Según afirmó, “desde que Alberto Fernández y Cristina Kirchner ganaron las elecciones los jueces del TOF 5 han cambiado mucho el impulso de estas causas y han tomado medidas para favorecer a los Kirchner en una forma muy escandalosa». Señaló que si no se puede terminar con un sobreseimiento se buscará dilatar la causa hasta que prescriba.

En el escrito que se presentará mañana en tribunales, Martínez -que trabaja con la ex diputada Margarita Stolbizer- acusó a Félix Crous porque la oficina está bajo la órbita de la Presidencia de la Nación, y por esa circunstancia, «al depender jerárquicamente de aquellos funcionarios a quien debe acusar en su rol de querellante en las causas mencionadas es que se decide abandonar los deberes a su cargo y retirarse de las querellas.”

A criterio de la abogada, Félix Crous “incurre” en dos delitos de violación de deberes y abuso de autoridad. “Sabido es que la OA es la encargada de velar por la prevención e investigación de aquellas conductas comprendidas en la Convención Interamericana contra la Corrupción”. Y que la Argentina, añadió, se comprometió allí a avanzar en la lucha para este tipo de prácticas por entender que “constituyen una amenaza para la estabilidad y seguridad de las sociedades al socavar las instituciones y los valores de la democracia, la ética y la justicia y al comprometer el desarrollo sostenible y el imperio de la ley”.

Puntualmente, Martínez resaltó que el decreto 102/99 establece que la OA debe constituirse en parte querellante en los procesos en que se encuentre afectado el patrimonio del Estado y precisó que en marzo de 2018 se fijaron pautas para que la repartición pudiera intervenir como querellante en aquellos procesos que: “1) tengan importancia para el interés publico en virtud de los derechos y garantías afectados, población afectada por el daño, estudios de opinión pública, impacto en la sociedad civil y/o medios de comunicación; 2) relevancia real o potencial del daño económico o perdida financiera; 3) nivel o jerarquía de los funcionario públicos involucrados, entre otros criterios”.

Fue entonces que Silvina Martínez abordó los términos de las acusaciones contra la vicepresidenta en donde, según los procesamientos y pedidos de elevación a juicio de las causas Los Sauces y Hotesur, en donde se investiga «una asociación ilícita que canalizaba recursos del Estado a través de diferentes empresas mediante maniobras de lavado de dinero”.

En el caso Hotesur, afirmó Martínez, “pudo comprobarse que Néstor Kirchner, Cristina Elisabet Fernández, Máximo Carlos y Florencia Kirchner, Lázaro Antonio y Martín Antonio Báez, Osvaldo Sanfelice, a través de la estructura conformada a tal fin, posibilitaron con su accionar concreto que los fondos que eran obtenidos de forma irregular a través de las empresas pertenecientes al conglomerado de Báez fueran conducidos hacia la actividad hotelera y con posterioridad, se integraran al patrimonio de la familia Kirchner. Todo esto, con el objeto de que pudieran disponer de ellos libremente ya que se encontraban ‘blanqueados’ y en apariencia distanciados de su origen”.

En la causa Los Sauces, hubo un “esquema de reciclaje de fondos de origen ilícito” a través de esa sociedad para “legitimar una porción de dinero de procedencia ilegítima que era canalizado por empresas del grupo Báez a través de la actividad inmobiliaria y hotelera”.

Comunicado y repudio de Juntos por el Cambio a la decisión de Félix Crous

Juntos por el Cambio reaccionó con un fuerte comunicado a la decisión de Félix Crous de desistir de su rol de querellante en las causas Los Sauces y Hotesur, que tenía como principales acusados a la vicepresidenta Cristina Kirchner y a sus hijos Máximo y Florencia.

El polo opositor planteó que a través de la decisión de Félix Crous de abandonar el rol acusador que mantenía la OA en dos de las causas principales que enfrenta la ex mandataria en la Justicia Federal. De esta forma “consagra la impunidad de la corrupción de Cristina Kirchner”.

“Lo que estamos viendo no pude ser leído en forma aséptica, estamos frente a un plan sistemático para garantizar impunidad para aquellos que son investigado por corrupción”, analizó el escrito que lleva las firmas de Alfredo Cornejo (UCR), Patricia Bullrich (PRO) y Maximiliano Ferraro (CC-ARI) en sus roles de presidentes de las tres fuerzas que integran la alianza.

Los líderes de Juntos por el Cambio recordaron el rol activo que mantuvo la OA durante el gobierno de Mauricio Macri y lamentaron que el actual gobierno haya decidido una línea de funcionamiento que “va en contra de la inmensa demanda ciudadana por castigar a los corruptos y recuperar lo robado”.

La reacción de la principal expresión no oficialista surge en una semana en la que la política parece haber dejado el modo cuarentena luego de las críticas del Presidente a la oposición, el debate por los facultades especiales atribuidas al jefe de Gabinete Santiago Cafiero y el retorno de las sesiones a ambas cámaras del Congreso.

El comunicado completo contra Félix Crous:

Alberto Fernández consagra la impunidad de la corrupción de Cristina Kirchner

Se consagró el pacto de impunidad firmado en mayo de 2019 cuando Alberto Fernández aceptó ser el candidato del Frente de Todos. La OA, por orden de la Presidencia de la Nación, se retiró de las causas “Hotesur” y “Sauces” que involucran directamente a Cristina Kirchner y sus hijos, sin terceros. Ya en diciembre, habíamos marcado que un decreto presidencial llevaba a la OA a la órbita de la Casa Rosada restringiendo mucho más su autonomía.

El Presidente Fernández ordenó que la OA se retire de las causas contra la ex Presidente, luego de la reunión de tres horas que mantuviera con la vicepresidenta Cristina Fernández.

El titular del organismo, Félix Crous, fundador y militante de Justicia Legítima, no fue acompañado por la planta profesional del organismo y firmó una resolución en soledad. Sin aval de los equipos legales, Crous efectuó el pedido presidencial.

Esto va en sintonía con las gestiones de la vicepresidente para obtener la rápida administración de sus bienes. Lograr la impunidad va acompañado de la posibilidad de volver a administrar sus hoteles, propiedades y millonarias cuentas bancarias que en su momentos fueron intervenidas por la Justicia.

Lo que estamos viendo no pude ser leído en forma aséptica, estamos frente a un plan sistemático para garantizar impunidad para aquellos que son investigado por corrupción.

Durante el gobierno de Cambiemos, las querellas de la OA colaboraron con jueces y fiscales con profesionalismo y rigurosidad. Se alcanzaron avances históricos como la condena del ex Vicepresidente Amado Boudou (hoy con detención domiciliaria) y la de Julio de Vido por la tragedia de Once (también con prisión domiciliaria). Además se inició el juicio por la obra pública de Vialidad dirigida a Lázaro Báez que llevó a declarar como procesada a Cristina Kirchner, a principios de diciembre, antes de que asumiera el nuevo gobierno. Allí, ella sostuvo que la absolvería la historia. Sin embargo, esta decisión demuestra que busca una absolución judicial a través de los buenos oficios de una OA, complaciente con los pedidos de la Casa Rosada.

En 2015, la OA estaba desmantelada y participaba en investigaciones irrelevantes a pesar de que, por años, la oposición parlamentaria venía denunciando la corrupción de la familia Kirchner y de otros altos funcionarios como Boudou, De Vido y Ricardo Jaime.

Desde diciembre de 2015 y hasta 2019, la OA participó en decenas de causas relevantes, incluso querellando a la empresa del primo del entonces ex Presidente Macri en una de las causas Odebrecht y también contra el titular de la Agencia Federal de Inteligencia. Siempre actuó con autonomía, profesionalismo y rigurosidad siguiendo los reglamentos.

El compromiso de JxC siempre ha sido y sigue siendo la lucha contra la impunidad. Sin embargo, esta decisión del gobierno del Presidente Alberto Fernández va en contra de la inmensa demanda ciudadana por castigar a los corruptos y recuperar lo robado.

Edgardo Marano

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