Garrigós de Rébori denunciará a los vecinos de Ayres del Pilar

La interventora del Servicio Penitenciario Federal (SPF) y fundadora de la agrupación K «Justicia Legítima«, María Laura Garrigós de Rébori consideró este martes que «los vecinos del country (de Pilar) impidieron que se cumpla con la ley» por la orden dispuesta por la Cámara Federal de Casación que ordenó que el empresario Lázaro Báez cumpla el arresto domiciliario en ese lugar.

Sobre los daños materiales que los vecinos del country generaron en el móvil que trasladaba a Báez, Garrigós de Rébori adelantó que se hará «la denuncia correspondiente porque además, tenemos que cobrar el seguro ya que tenemos muy pocos móviles, de traslado«.

«Los vecinos del country ayer impidieron que se cumpla con la ley. Había una orden de un tribunal y la violaron«, dijo la interventora en declaraciones, tras los incidentes registrados anoche en un barrio privado de Pilar, que generaron además la rotura de uno de los móviles, donde se encontraba Báez. Garrigós depende de la ministra de Justicia, Marcela Losardo.

Ayer, el Tribunal Oral Federal (TOF) 4 dispuso el arresto domiciliario de Báez, imputado por supuesto lavado de dinero, entre otros delitos, pero el empresario no pudo ingresar a su casa de un country del Gran Buenos Aires porque lo impidieron vecinos de ese barrio, que incluso dañaron un vehículo del Servicio Penitenciario Federal (SPF).

Tras señalar que «no» va a «emitir opinión» sobre lo que sucedió anoche, Garrigós de Rébori dijo: «A uno puede no gustarle Báez pero si tiene esa casa, y el Tribunal aceptó el arresto allí, hay que cumplirlo. Eso no se pudo, y es lo grave«.

Por otra parte, dijo que desde el organismo que conduce se respetó la orden de la justicia «en el momento y la forma» indicada y que «el hecho de que «haya ciudadanos que decidan que un Tribunal no puede disponer el lugar de alojamiento de las personas que tiene a su disposición, es un problema» que «excede el marco del SPF«.

Báez es «una persona que está privada de su libertad en una unidad de detención a cargo del SPF, por orden de un juez y un tribunal, el tribunal decide que siga cumpliendo su detención en otro lugar, el SPF recibe la orden de trasladarlo y procede al traslado«, detalló la funcionaria.

También aclaró que «no se puede avisar los traslados porque la ley de Ejecución Penitenciaria lo prohíbe» en lo que constituye «una previsión para evitar por ejemplo que asalten los móviles como pasó ayer» y añadió: «La ley específicamente dice que los traslados no se pueden publicitar«.

Del mismo modo, Garrigós de Rébori afirmó que en este tipo de procedimientos «salen los móviles después de los tramites de rigor en la unidad y previo a eso la gente de vigilancia electrónica revisa las características del inmueble, ya que hay que verificar el rango de control del aparato que se le coloca al detenido«.

«El inmueble era apto y se inició el traslado, cuando el móvil llegó entró por la puerta que debía pasar y no lo dejaron pasar, entonces fue por la otra puerta y tampoco lo dejaron pasar. En el trayecto se pusieron en comunicación con el tribunal quien tomó noticia y dispuso la audiencia hoy nueva«, explicó.

Por otra parte, agregó que en estos casos los traslados se hacen «dentro de las 24 horas de recibida la orden del tribunal. Ayer hasta las 16.30 todavía no estaba terminado el trámite, y a partir de ahí se empieza a cumplir«.

En una audiencia virtual entre la defensa y el TOF 4 realizada esta mañana, se dispuso que se realizará el traslado del detenido una vez que se comprueben las condiciones en que quedará alojado con prisión domiciliaria en el nuevo lugar que aportarán sus abogados.

Giselle Tkaczuk

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