Guernica: Los terrenos tomados se venden a $ 50.000

Luego de semanas de tensión, la Justicia estableció que el desalojo del predio de 100 hectáreas tomado en el barrio Numancia de Guernica se realizará entre el 23, 24 y 25 de septiembre próximos “en horario diurno, desde que salga hasta que se ponga el sol y no pudiendo instrumentarse en condiciones climáticas adversas”. El pedido, avalado por la Sala I de la Cámara de Apelaciones platense, fue realizado por el fiscal de la causa, Juan Condomí Alcorta, que encargará el operativo a la Policía Bonaerense y ofrecerá no imputar a quienes acepten dejar el predio de manera voluntaria para atenuar la tensión en la mayor toma de terrenos en territorio bonaerense.

El gobernador Axel Kicillof, por su parte, mira la situación con ojos atentos. A partir de allí, el gobernador Kicillof junto con el ministro de Desarrollo Social bonaerense, Andrés “Cuervo” Larroque, aceleraron las gestiones para definir un plan que llevará a la mesa de diálogo del conflicto con organizaciones sociales, abogados de las familias, intendentes y el Ministerio de Seguridad provincial. La idea del mandatario bonaerense es que el desalojo se realice de manera pacífica y que se logre una solución para las familias que ocupan los terrenos en disputa. Kicillof busca un acuerdo con intendentes del Conurbano para instalar en sus predios desocupados a las familias de Guernica.

Sin embargo, la palabra del fiscal Condomí Alcorta, aparentemente no considerado en la ecuación del Gobierno, todavía pesa en los papeles, aseguran fuentes cercanas a la causa. “Si el fiscal no presta conformidad no se puede frenar el desalojo, el juez de Garantías de la causa tampoco lo puede frenar, ya que el desalojo fue avalado por la Cámara. Se debería haber acordado antes, en todo caso”, afirma un funcionario de peso.

Condomí Alcorta, por su parte, se opondrá a cualquier medida dilatoria, aseguran quienes conocen de cerca la marcha del expediente.

Hoy, otro factor se mezcla en la trama: la venta ilegal de tierras dentro de la toma. Según documentos, se detuvo a dos personas por el delito bajo la calificación de encubrimiento agravado por el ánimo de lucro. Ambos postearon en Facebook los terrenos para vender, a un precio de 50 mil pesos la parcela.


El arresto de la mujer, ocurrido anoche en una casa de Guernica, estuvo a cargo de la sub DDI San Vicente-Presidente Perón de La Plata. En este caso, en donde no se logró concretar la venta del terreno, se le secuestraron sus teléfonos y se peritarán sus redes sociales. No ofrecía un solo lote, sino varios.

La segunda detención ocurrió dos semanas atrás, el acusado es David A., un remisero de la zona de Glew. La venta sí fue concretada. Ocurrió el 30 de julio, al comienzo del conflicto y también con una cifra cercana a los 50 mil pesos: en el allanamiento a la casa del detenido se encontró el boleto de compraventa. La oferta fue encontrada por un ciberpatrullaje de la Policía Bonaerense en un masivo grupo de compraventa de la zona de Lanús, Lomas de Zamora y Florencio Varela, el posteo tenía fecha del 24 de julio y las fotos coincidían con los terrenos usurpados.

Condomí busca establecer si hay una organización superior que controla la oferta y si existen líderes que dan una aprobación para el negocio clandestino.

Hay una diferencia aquí, que es clara: la gente que necesita una casa, y la gente que viene a hacer un negocio”, asegura un investigador.


Estos dos casos no son los únicos en tomas de este año. A comienzos de septiembre, el intendente de la localidad de El Bolsón, Bruno Pogliano, denunció que los usurpadores de la reserva forestal Mirador del Azul-Cabeza del Indio ofrecían a la venta los terrenos de esa localidad rionegrina a través de las redes sociales, con 140 familias que se habían instalado en el lugar.

Según Pogliano, los ocupas están poniendo en grave peligro el delicado equilibrio natural. “Están provocando un daño ambiental, ecológico y turístico enorme”, aseguró en declaraciones. Las ofertas en Facebook incluían permutas por autos o camionetas.

Publicar en grupos de compraventa un terreno usurpado se convierte en otro clásico de la historia bonaerense reciente. Otro terreno de “Guernica”, conocido como “El Campito”, fue el eje de una serie de atroces secuestros y violaciones que terminaron con cuatro hombres de la zona detenidos. La mujer de uno de ellos llegó a ofrecer el terreno, marcado por víctimas de la banda, a 250 mil pesos con papeles y todo, seis días antes de que la banda cometa su último secuestro.

Con respecto a una organización centralizada para convertir una toma de terrenos en dinero, hay un caso paradigmático. Ocurrió en 2013 en la Villa 31 y fue investigado por el juez federal Sebastián Casanello: un policía de la ex Comisaría N°46 con jurisdicción en la zona, en ese entonces bajo el mando de la PFA, fue acusado de intimidar a un testigo. En diciembre de 2013, un grupo de vecinos ingresó a un galpón en la zona de Retiro para tomarlo y vivir allí. El loteo fue sistemático; se trazaron líneas sobre la tierra, tal como lo haría un agrimensor. Siguió una conexión ilegal de luz y las primeras viviendas. Cortar la luz fue una primera reacción de la Policía para llevarlos a la calle, lo que disparó una protesta.

Algunos vecinos declararon que fueron los mismos vendedores de las tierras usurpadas los que después los echaron por la fuerza. Una de las mujeres sobreseídas declaró que compró una parcela en la 28 bis por 8500 pesos, ante testigos y con un boleto de compraventa. La misma mujer que le vendió el terreno luego quiso recuperarlos bajo la excusa de que le había vendido “muy barato”.

Así, esta mujer, madre de dos hijos menores, vivió amenazada y en pánico de que la desalojen o le vuelvan a usurpar su casa. Nunca dejó su vivienda sola.

Sobre el comprador del terreno en la toma del barrio Numancia, Condomí Alcorta cree que continúa allí adentro.

Giselle Tkaczuk

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