Infectadura homicida

La Organización No Gubernamental (ONG) CORREPI lleva la aterradora cuenta de las personas que perdieron la vida de manera violenta en esta cuarentena, sumando 92 muertes a cargo de fuerzas estatales.

La Coordinadora contra la Represión Policial e Institucional publicó el informe que recopila las situaciones letales que tuvieron lugar desde el 20 de marzo hasta el 6 de agosto. Por difícil que parezca, debemos tener en cuenta que se llevaron a cabo «34 fusilamientos de “gatillo fácil”; 45 muertes bajo custodia; 4 femicidios y femicidios relacionados ; 3 desapariciones forzadas y un caso interfuerza (se mataron entre agentes)».

Específicamente, las “muertes bajo custodia” incluyen a todos los fallecidos dentro de cárceles o comisarías, por lo cual si bien no podemos afirmar que haya sido en manos de las fuerzas de seguridad, sí podemos aseverar que estaban bajo su tutela, en sus instalaciones. Respecto de los femicidios, se contabilizan los crímenes de género perpetrados por integrantes de las fuerzas de seguridad, lo que no implica necesariamente una responsabilidad del Estado.

El informe profundiza en la provincia de Buenos Aires, debido a su alta concentración poblacional, por lo cual «es el lugar con más hechos: 42 casos, seguida por Santa Fe con 10; Córdoba y San Luis, con 6 cada una; Tucumán con 5; Jujuy con 4; Ciudad de Buenos Aires, Corrientes, Santa Cruz y Mendoza, cuentan con 3 cada una; Neuquén y San Juan con 2 cada una y por último Chaco, Chubut y Santiago del Estero con 1 caso cada una».

Acorde a la fuerza interviniente, «el conjunto de las fuerzas provinciales tienen responsabilidad por la muerte de 50 personas. Los servicios penitenciarios provinciales son responsables de 27 muertes, las fuerzas federales de 8 y la Policía de la Ciudad de 7».

Quien controla, se descontrola

El informe postula que una de las causas de la cantidad de homicidios tiene que ver con la decisión de poner en manos de las fuerzas de seguridad la tarea de controlar el cumplimiento de las medidas de aislamiento social preventivo y obligatorio: “El casi centenar de reportes y notas publicadas desde el 20 de marzo pasado con denuncias sobre todo tipo de violencia policial y de otras fuerzas a lo largo y ancho del país, mediante golpizas, torturas, asesinatos, violaciones y desaparición forzada, hechos en los que han participado policías federales, provinciales, municipales, gendarmería, prefectura y servicios penitenciarios, muestran claramente cuál ha sido, hasta donde sabemos, el resultado concreto de la decisión de poner en manos de las fuerzas de seguridad la función de garantizar que se cumplan las medidas de aislamiento”.

El atroz listado de los excesos de la infectadura fueron publicados un día antes de la aparición de un cadáver que se presume son los restos mortales del joven Facundo Astudillo Castro, quien fue visto el 30 de abril pasado por última vez mientras hacía dedo por la Ruta 3, yendo a casa de su exnovia en Bahía Blanca. La Policía Bonaerense lo retuvo y desapareció.

Los datos del relato oficial

El Ministerio de Seguridad de la Nación niega todo. En lo que respecta a fuerzas federales -Gendarmería, PFA, PSA y Prefectura- Sabina Frederic no contabiliza ni un solo hecho en el cual haya decesos. A pesar de ello, en ese mismo período recibieron 39 denuncias por “uso abusivo de la fuerza” por parte de los efectivos bajo su dependencia, con 96 agentes involucrados, de los cuales 6 fueron pasados a disponibilidad. Así más de la mitad de las denuncias, 22, fueron contra Gendarmería, 9 contra PFA, 7 contra Prefectura y una contra Policía de Seguridad Aeroportuaria.

En la Secretaría de Derechos Humanos hubo 531 denuncias por hechos represivos durante la cuarentena, pero antes suman 71 lsd recibidas entre el 10 de diciembre y al 20 de marzo. En detalle, hay 24 casos de hostigamiento; 34 lesiones; 25 muertos; 11 amenazas y 20 detenciones arbitrarias.

La gente los padece

Luego de idas y vueltas, Frederic y Pietragalla tuvieron que admitir el incremento de denuncias que involucran a fuerzas de seguridad en casos de violencia institucional.
Y la gente los conoce, los sufre. Perdimos a Luis Espinoza en Tucumán el pasado 15 de mayo, atacado por la Policía durante un operativo policial, y su cadáver apareció una semana después en territorio catamarqueño,al pie de un barranco y envuelto en bolsas de plástico. Por el crimen, la justicia tucumana ordenó la prisión preventiva para nueve agentes y un civil.

En Córdoba, Valentino Blas Correas, de apenas 17 años, fue baleado en la madrugada del pasado jueves 6 de agosto al evadir un control policial. Los policías dispararon varios tiros, de los cuales cuatro impactaron contra el automóvil y uno de ellos ingresó por la luneta y se incrustó en el omóplato de Valentino, quien iba en la parte de atrás del vehículo y murió a causa de la herida. El fiscal José Mana imputó a cinco agentes por el crimen, entre ellos al jefe de la fuerza de seguridad que estaba a cargo de patrullas de control.

Desde este espacio que combina noticias con reflexiones apelamos a la responsabilidad institucional para que no se pierdan vidas en manos de quienes deben cuidarla.

Marcela Zadoff
Lic. en Letras Modernas de la Universidad Nacional de Córdoba. Redactora. Editora. Experta en Comunicación Institucional

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