Juan Acosta: Federico Delgado desestimó la denuncia en su contra

El fiscal Federico Delgado desestimó la denuncia judicial por la convocatoria a una marcha contra la «infectadura» contra Juan Acosta, que en plena cuarentena llamaba a movilizarse para protestar contra las restricciones impuestas por el Gobierno en el marco de las medidas de aislamiento por el avance del coronavirus .

La denuncia, que apuntaba contra el actor Juan Acosta, había sido presentada por un particular ante la Unidad Fiscal Especializada en Ciberdelincuencia (Ufeci), a cargo de Horacio Azzolin . El fiscal la envió a la Cámara Federal para que se sorteara qué juez debía intervenir y le tocó a Daniel Rafecas, que delegó la investigación en Delgado.

El fiscal promovió la desestimación de la denuncia contra los impulsores de la movilización contra la «infectadura», entre quienes se encontraba Juan Acosta por considerar que no hubo delito. Sin impulso fiscal, la causa no podía continuar.

Así lo advirtió Rafecas en su fallo. La ley vigente «impide en todo momento la actuación de oficio por parte del órgano jurisdiccional si no ha habido previamente un impulso de la acción penal por parte del Ministerio Público Fiscal [es decir, del fiscal]», escribió el juez, que es el candidato del Gobierno a Procurador General de la Nación, jefe de todos los fiscales nacionales y federales.

En su fallo Rafecas insistió, basado en distintas citas doctrinarias y jurisprudenciales, en que es el fiscal quien tiene la llave para impulsar o no una investigación. Destacó que «hoy ni siquiera es posible introducir el mecanismo pretoriano de consulta al superior», que usaban los jueces contra los dictámenes desestimatorios de los fiscales.

Delgado basó su dictamen en dos argumentos. Uno técnico-jurídico, que explica que los hechos adjudicados a Juan Acosta serían, en todo caso, «actos preparatorios» de un eventual delito futuro, actos que para la ley no son punibles. El otro, central en la argumentación del fiscal, que no le corresponde a la justicia penal analizar los hechos denunciados, que son propios del debate público. «No hay hechos susceptibles de generar una causa», sostuvo Delgado en referencia al contenido de la denuncia.

«Pensemos, hipotéticamente, lo que sería la vida social si frente a cada acción y a cada discurso debiéramos enfrentar al derecho penal -escribió el fiscal-. Sería, seguramente, una sociedad habitada por la paz de los cementerios y en la que la vida organizada en base a derechos sería una quimera.»

La denuncia contra Juan Acosta

La denuncia que dio origen al expediente era un correo electrónico escrito por Diego Gabriel Grasso, según la copia de ese mail. El correo apuntaba contra Juan Acosta. Acompañaban el mail capturas de pantalla de la cuenta de Twitter del actor y de su cuenta de Facebook.

«Les escribo para denunciar que el actor Juan Acosta está incitando en redes a romper la cuarentena, mediante un mensaje sedicioso en el cual el actor exhorta a ‘copar el Obelisco y todas las plazas del país’, en pos de los ‘derechos constitucionales’. Me llama la atención que hablen de cuidar la Constitución cuando ellos no cumplen la normativa vigente. Como ciudadano que no sale hace ya 90 días, ni ve a su fliares desde entonces, me indigna que otros como militantes de Pro salgan a las calles (por tercera vez) el próximo 20 de Junio sin que haya consecuencias jurídicas por el quebrantamiento del decreto presidencial», dice el correo que dio origen a la causa.

Juan Acosta rechazó la denuncia. «Lo único que quieren es callarme», expresó.

«Una cosa es ser promotor de una marcha y otra, apoyar la marcha y retuitear algo que a uno le mandan por las redes. Si tengo que ver con la promoción, vamos a tener que ir presos todos los que fuimos al Obelisco, al Monumento a la Bandera en Rosario», se defendió Juan Acosta en Radio La Red. El actor había aparecido junto a otros actores e intelectuales convocando a la manifestación.

Contra la Constitución

En su dictamen de hoy, Delgado afirmó: «Desde la óptica de la fiscalía, cuanto se narró en la denuncia choca con la letra de la Constitución Nacional y también con la dogmática penal, en tanto y en cuanto ambas perspectivas exigen que, como mínimo, el sistema judicial trabaje con hechos que tengan rasgos delictivos. Ello no ocurre en el caso.»

De acuerdo con Delgado, «es evidente que no hay un interés público en perseguir a las personas por lo que piensan o por lo que dicen individualmente», dado que «el interés público del que habla la ley es de la comisión de delitos y aquí no se cometieron delitos».

«No se trata en este caso de una organización articulada para conmover los cimientos de la república en base a la difusión de mensajes falsos utilizando, por ejemplo, las redes sociales. Si existe alguna afinidad entre los hablantes, según la lectura minuciosa de la denuncia, esa afinidad parece ser solamente ideológica y lo que las personas piensan no puede ser sometido a las leyes penales», afirmó el fiscal.

Giselle Tkaczuk

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