La Cámara Federal ordenó indagar a Cristina por la ruta del dinero K

La Cámara Federal porteña ordenó hoy la indagatoria de la ex presidenta Cristina Kirchner en el marco de la causa conocida como la «ruta del dinero k» por presunto lavado de dinero en la que está detenido el empresario Lázaro Báez.

Fuentes judiciales informaron que el Tribunal dispuso que se cite a indagatoria a la expresidenta, quien nunca fue convocada por el juez federal Sebastián Casanello.

La investigación se inició hace seis años después de un informe del programa Periodismo Para Todos en donde el ahora arrepentido Leonardo Fariña y el financista Federico Elaskar reconocieron que eran parte de una red de lavado de dinero del empresario Lázaro Báez proveniente de la obra pública.

En una decisión dividida, los camaristas Martín Irurzun y Mariano Llorens le dijeron al juez Casanello que indague a Cristina Kirchner a pedido de la Unidad de Información Financiera (UIF), querellante en la causa. En disidencia votó el juez Leopoldo Bruglia por entender que la apelación del organismo no era admisible.

Casanello, hasta el momento, consideraba que faltaban pruebas, más allá de los pedidos del fiscal Guillermo Marijuan y los querellantes.

Esta es la cuarta vez que la Cámara Federal insta a Casanello a avanzar sobre Cristina Kirchner. La hipótesis de los acusadores es que el dinero que lavó Lázaro Báez, gracias a la obra pública que recibió para su empresas, pertenecía –de manera oculta- al matrimonio Kirchner, a la luz de otras causas que se analizan en Comodoro Py.

La ex Presidenta se encuentra imputada por el fiscal Marijuan en la causa como copartícipe de las maniobras de lavado de dinero que le significaron a Lázaro Báez un embargo de 600 millones de dólares.

Una de las premisas que fundan la orden de la Sala II​ responde a la vinculación realizada judicialmente entre los expedientes donde se investiga a Lázaro Báez y a Cristina Kirchner. Se trata de la causa por el direccionamiento de la obra pública, donde la ex Presidenta fue procesada como jefa de la asociación ilícita que favoreció con 52 contratos viales por $ 46.000 millones al Grupo Báez. Esto fue considerado el delito precedente de las operaciones de lavado de activos.

Pero además, se indicó que una porción de esos fondos fueron derivados al patrimonio ​de la familia Kirchner a través de otros negocios celebrados con Báez: el alquiler de habitaciones de los hoteles y la administración de los mismos (Hotesur SA) y los contratos de locación celebrados con Los Sauces SA (inmobiliaria de la ex Presidenta). La sumatoria en ambos expedientes donde se investigó el lavado de dinero, arroja ingresos a favor de la ex familiar presidencial por más de $ 50 millones entre 2009 a 2015.

En su voto, el juez ​Irurzun señaló que: «En todos los casos -marcados por grupos organizados para delinquir a través de defraudaciones al Estado, cohecho y lavado de activos- hay dos nombres que se repiten: Lázaro Báez y Cristina Fernández».

En este sentido, recordó que según los fiscales Gerardo Pollicita e Ignacio Mahiques (que investigaron la defraudación en obra pública y las causas por lavado de dinero), «ello se explica por la relación de «prestanombre» del primero con la segunda, porque dado el grado de exposición de quien entonces detentaba la primera magistratura del país el dinero o los bienes no podían quedar registrados a su nombre».

Estas maniobras, resaltó Irurzun, «habría determinado que el enorme patrimonio de Lázaro Báez resultara muy superior al que proporcionalmente le correspondió a Cristina Fernández y su familia a través de los mencionados contratos de locación», en relación al alquiler de los hoteles de la familia Kirchner que fueron administrados por el empresario K mientras percibía 52 contratos viales por $ 46.000 millones.

Por ello, según el camarista «la lógica indica que la explicación de la enorme masa dineraria que manejóBáez debe rastrearse en el rol que cumplió en los negocios delictivos de Fernández. Y ello tiene todo que ver con los cargos que aquí pesan sobre aquella. Afirmar lo contrario, a esta altura,contraría a las pruebas y a una valoración razonable de aquellas, por vía del sentido común”.

La ex Presidenta se encuentra imputada por el fiscal Marijuan en la causa como copartícipe de las maniobras de lavado de dinero que le significaron a Lázaro Báez un embargo de 600 millones de dólares.

Después de tres pedidos de la UIF en el mismo sentido de lo que este viernes ordenó la Cámara, el juez Casanello había sostenido que “se tuvo por acreditado que los fondos expatriados tuvieron su origen en un fraude cometido por una asociación ilícita que integraban, entre otros, Lázaro Báez y Cristina Kirchner”, pero que ello no alcanza «para atribuir responsabilidad penal por estos hechos” a la ex mandataria o al resto de los 13 imputados que ahora deberán afrontar un juicio por aquella defraudación”.

Sin embargo, la Cámara Federal porteña después de expedirse en cuatro oportunidades al respecto, le ordenó al magistrado que la convoque a declaración indagatoria en la causa por lavado de dinero.

Al respecto, el camarista Mariano Llorens se refirió a las causas que reúnen al dueño del Grupo Austral y a la senadora, considerando que se está ante una «gravísima imputación que encerraría la captación de fondos públicos a través de licitaciones amañadas, armadas para que el imputado Lázaro Báez obtuviera fondos del Estado Nacional destinados a obras públicas de imperioso caudal económico en la Provincia de Santa Cruz».

Para Llorens debe analizarse que esos fondos, «que aparecerían ficticiamente como de su propiedad, regresaran a quienes serían sus verdaderos propietarios (Néstor Kirchner y Cristina Fernández) a través de circuitos con apariencia lícita como ser la locación de complejos hoteleros o la expatriación de divisas que luego reingresaban al país mediante instrumentos financieros, sin que puedan descartarse algunas otras modalidades de simulación y ocultamiento de esas enormes sumas de dinero».

Edgardo Marano

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