La CSJN recibió un contundente apoyo

La CSJN y sus autoridades, pilar de la república”. Ese es el título del comunicado con el que el Foro de Convergencia Empresarial, la entidad que nuclea a más 80 asociaciones vinculadas al mundo de los negocios, apoyó a la Corte Suprema de Justicia de la Nación luego de las críticas de la vicepresidente Cristina Fernández de Kirchner, a las que se sumó esta tarde Alberto Fernández.

La CSJN se maneja con una “discrecionalidad pasmosa”, dijo el Presidente en una entrevista radial.

La plena vigencia de la República se garantiza cuando se asegura la división de poderes, la libertad de prensa, y un Poder Judicial independiente. En efecto, el Poder Judicial es un pilar fundamental del Régimen Republicano y cumple un rol central como garante de los derechos establecidos en nuestra Constitución Nacional”, detalló el Foro, que reúne más de 60 cámaras empresarias y 25 organizaciones no gubernamentales, representantes de los distintos credos, fundaciones y colegios profesionales.

Además, la entidad que coordina Miguel Blanco, también CEO de Swiss Medica, destacó que “el respeto a la ley y a la dignidad de la justicia y en particular a la de la Corte Suprema de Justicia de la Nación y sus autoridades, es la base de la convivencia civilizada y un requisito indispensable para asegurar la institucionalidad que haga posible que Argentina retome el camino del desarrollo, de modo de generar empleos, ingresos y reducir la pobreza”.

Críticas del Poder Ejecutivo a la CSJN

En la Corte, la apertura de recursos tiene un nivel de discrecionalidad pasmosa que no puede tolerarse y debe ser corregido”, dijo Fernández esta tarde en una entrevista con FM La Patriada, y afirmó que todos los juristas convocados a formar parte del consejo consultivo le recomendaron “cambiar las cosas”.

En esa línea, recordó que durante los últimos 10 años el máximo tribunal únicamente decidió aplicar el recurso de per saltum para intervenir en dos causas: La ley de democratización de la Justicia y con el traslado de tres jueces. “Hay gravedad institucional cuando trasladan a tres jueces pero la ‘sana discreción’ le dice que no intervenga cuando condenan a un exvicepresidente a cinco años de prisión”, dijo en referencia al caso de Amado Boudou.

Ayer, Fernández de Kirchner publicó una carta. Se titulo “A un año… balance” y en ella –sin mencionar al primer mandatario– y criticó con dureza al Poder Judicial, a la Corte Suprema y habló de fallos que puede hacer “fracasar” al Gobierno.

Representado por la Corte Suprema de Justicia de la Nación, la actuación de ese poder no hizo más que confirmar que fue desde allí, desde donde se encabezó y dirigió el proceso de Lawfare. Esa articulación mediática-judicial para perseguir y encarcelar opositores, se desplegó en nuestro país con toda su intensidad desde la llegada de Mauricio Macri a la Presidencia de la Nación y, lo que es peor: Aún continúa”, detallo la vicepresidente.

Admemás, advirtió que “a nadie se le ocurra tergiversar mis palabras con titulares diciendo que pretendemos una Justicia adicta”, hizo un repaso por los nombramientos de Néstor Kirchner para el máximo tribunal y los comparó con los designados por Mauricio Macri para completar la Corte Suprema. “A nadie debería extrañarle entonces, no sólo que el Lawfare siga en su apogeo, sino que además, se proteja y garantice la impunidad a los funcionarios macristas que durante su gobierno no dejaron delito por cometer, saqueando y endeudando al país y persiguiendo, espiando y encarcelando a opositores políticos a su gobierno”, expresó.

Finalmente, criticó a la Corte por consistir “alegremente el mayor endeudamiento del que se tenga memoria a escala planetaria con el FMI” y dijo que no debería extrañar que comience a dictar “fallos de neto corte económico para condicionar o extorsionar a este gobierno… O lo que es peor aún: Para hacerlo fracasar”.

El Foro y el impuesto a la riqueza

El anterior comunicado del Foro fue días atrás, cuando aún se debatía el impuesto a la riqueza, la iniciativa de legisladores del kirchnerismo que se aprobó en el Congreso. Allí expresaron que debatir esa norma era un “dislate”.

Sorprende que, en un momento en que se necesita promover la inversión privada para recuperar la actividad económica y generar empleo genuino, la Cámara de Diputados impulse un proyecto de ley que, a todas luces, generará un efecto inverso, y que, cuando es necesario que todos usemos nuestra energía hacia un mismo objetivo, se introduzca una discusión que vuelve a dividir a los argentinos”, afirmó en un comunicado.

El dislate de este impuesto es tan evidente, que sorprende su sola discusión. .Se trata de una iniciativa que es confiscatoria, al gravar nuevamente activos que ya son objeto de otros gravámenes y desconoce la realidad económica de los individuos, generando transferencias de recursos entre regiones productivas, centralizando aún más el poder en el ámbito nacional”, explicó el texto.

Alberto Fernández continuó con las críticas a la CSJN

El presidente Alberto Fernández insistió este viernes en sus críticas al funcionamiento de la CSJN y denunció que la Corte Suprema se maneja con una “discrecionalidad pasmosa”.

En una entrevista con FM La Patriada, el Presidente señaló que todos los juristas convocados a formar parte del consejo consultivo le recomendaron “cambiar las cosas”.

En esa línea, recordó que durante los últimos 10 años el máximo tribunal únicamente decidió aplicar el recurso de per saltum para intervenir en dos causas: La ley de democratización de la Justicia y con el traslado de tres jueces.

Hay gravedad institucional cuando trasladan a tres jueces pero la ‘sana discreción’ le dice que no intervenga cuando condenan a un exvicepresidente a cinco años de prisión”, dijo en referencia al caso de Amado Boudou.

Y agregó: “En la CSJN, la apertura de recursos tiene un nivel de discrecionalidad pasmosa que no puede tolerarse y debe ser corregido”.

Esta mañana, el jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, aseguró que el Gobierno “no está pensando en pedir un juicio político” contra los jueces de la CSJN.

La aclaración llega tras la carta que publicó la vicepresidente Cristina Kirchner, la cual tiene varios párrafos dedicados a la actuación del Poder Judicial que, a su entender, no tuvo un buen desempeño durante 2020 ni durante la presidencia macrista.

Su actuación no hizo más que confirmar que fue desde allí desde donde se encabezó y dirigió el proceso de Lawfare. Esa articulación mediática-judicial para perseguir y encarcelar opositores, se desplegó en nuestro país con toda su intensidad desde la llegada de Mauricio Macri a la Presidencia de la Nación y, lo que es peor: Aún continúa”, planteó.

Suspensión de las PASO

Alberto Fernández explicó que la iniciativa para suspender las PASO en 2021 es impulsada por los gobernadores y que el Gobierno nacional se someterá a lo que defina el Congreso.

El Presidente tomó distancia de la polémica e insistió en que el planteo de los gobernadores se basa en dos puntos principales. Por un lado, dado que la pandemia de coronavirus todavía no ha sido superada, sería recomendable no movilizar a la ciudadanía. Por el otro, que los recursos afectados a la organización de los comicios podrían ser utilizados para solventar gastos de la emergencia sanitaria.

Las PASO cuestan alrededor de $13 mil millones; si eso lo pudiéramos derivar a otra cosa que en verdad estamos necesitando, creo que sería bienvenido”, explicó el mandatario.

Sin embargo, insistió en que es una decisión que “impulsan los gobernadores” y que se someterá a “lo que el Congreso diga”.

Este mañana, ingresó al Congreso un proyecto impulsado por el diputado tucumano Pablo Yedlin que, en principio, implica que no habrá PASO exclusivamente en 2021. El coronavirus y el costo de la organización de los comicios son los principales argumentos para fundamentar la suspensión temporaria de este mecanismo obligatorio que deben cumplir todos los partidos para elegir y validar a sus candidatos.

El texto establece en su artículo 1°: “Suspéndase la aplicación del Título II de la Ley No. 26.571 para la selección por parte de las agrupaciones políticas de los candidatos a Diputados y Senadores para las elecciones generales del año 2021, quedando solo y automáticamente proclamados candidatos para las mismas los precandidatos de la única lista que cada agrupación política presente para ser oficializada”.

Y el artículo 2° sostiene: “Suspéndase para el año 2021 toda disposición que se oponga a lo establecido en el artículo primero de la presente Ley, en cuanto le resulte incompatible”.

Fernández también destacó que no se trata únicamente de un planteo de los gobernadores peronistas y señaló que Gerardo Morales, de Jujuy, y Gustavo Valdés, de Corrientes, también están de acuerdo son la suspensión.

Edgardo Marano

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