La pandemia del coronavirus complica la investigación por el crimen de Fernando

Dos de los tres camaristas que iban a decidir si los rugbiers imputados del asesinato de Fernando Báez Sosa (18)​ deben continuar el proceso detenidos o beneficiados con la prisión domiciliaria, fueron reemplazados por formar parte del grupo de riesgo que puede ser afectado por el coronavirus, ya que tienen más de 65 años. Sin embargo, no implicaría una demora en el proceso: la próxima semana podría haber una resolución.

Así lo confirmaron fuentes judiciales. Los abogados que representan a los papás de Fernando, del equipo de Fernando Burlando​; el fiscal general de Dolores, Diego Escoda, y el abogado que los defiende a los deportistas de Zarate, Hugo Tomei, ya presentaron a la Sala 1 de la Cámara de Apelaciones y Garantías sus argumentos por escrito.

Pero ahora no tomarán parte de la decisión los camaristas Susana Miriam Darling Yaltone y Fernando Sotelo, presidenta y vicepresidente de esa sala. Sus lugares serán ocupados por los jueces Lía Regina Raggio y Daniel Horacio Rezzónico, de la sala 2; sus nombres surgieron de un sorteo entre los magistrados del departamento judicial.

Junto al juez Luis Felipe Defelitto, vocal de la cámara, Raggio y Rezzónico tienen que resolver el recurso que presentó el abogado de los rugbiers para que se revoque las decisiones del juez de Garantías de Villa Gesell, David Mancinelli, que avaló el pedido de prisión preventiva contra ocho de los imputados por el crimen de Fernando Báez y rechazó el pedido de recusación contra la fiscal Verónica Zamboni.

Tomei sostiene que Máximo Thomsen, Ciro Pertossi, Blas Cinalli, Enzo Comelli, Ayrton Viollaz, Luciano Pertossi, Matías Benicelli y Lucas Pertossi, a quienes se les imputa ser coautores el delito de homicidio doblemente agravado, por premeditación y alevosía, deben seguir el proceso judicial en sus domicilios. De momento, los ocho están alojados en la alcaidía de la unidad penal de Melchor Romero, en La Plata, en calabozos para dos personas.

Alejo Milanesi y Juan Pedro Guarino, imputados como partícipes del crimen, por decisión de la fiscal del caso, Zamboni, siguen el proceso en libertad, sin ningún tipo de restricción en sus casas en Zarate.

En principio, la audiencia iba a desarrollarse el 19 de marzo en la sala de Belgrano 141, en los Tribunales de Dolores, e iba a ser televisada. Pero para evitar la transmisión del virus, los camaristas pidieron que los argumentos se presentaran por escrito.

Las tres partes ya lo hicieron: los abogados Fernando Burlando, Fabián y Facundo Améndola y Germán Facio, que representan a Silvino Báez y a María Graciela Sosa Osoria, papás de Fernando, y el fiscal general de Dolores, Diego Escoda, coinciden en rechazar el recurso de Tomei ya que «los peligros de fuga y entorpecimiento probatorio se encuentran más que vigentes».

Toman en cuenta la pena en expectativa. Para los diez rugbiers, los ocho considerados coautores y los dos como partícipes, es altísima: el delito que se les imputa es castigado con prisión perpetua.

Fuentes judiciales dijeron que la Cámara de Apelaciones y Garantías está en condiciones de tomar una decisión sobre el destino de los rugbiers que asesinaron a golpes a Fernando la madrugada del 19 de enero en Villa Gesell, frente al boliche Le Brique: «La próxima semana se podría estar resolviendo».

El pedido de la defensa de los rugbiers podría ser declarado inadmisible

El fiscal general de Dolores, Diego Escoda, pidió que se rechace por “inadmisible” el pedido de la defensa de los rugbiers detenidos por el crimen del joven Fernando Báez Sosa, cometido el 18 de enero pasado en Villa Gesell, para que se anulen sus declaraciones, se aparte a la fiscal de la causa y cese la prisión preventiva de todos ellos.

Este dictamen fue presentado ante la Sala I de la Cámara de Apelaciones y Garantías de dicho departamento judicial, la cual podría resolver la cuestión la semana próxima.

Fuentes judiciales informaron que, si bien el lunes pasado los camaristas Susana Darling Yaltone y Fernando Sotelo se apartaron de la causa por cuestiones de salud ante la expansión del coronavirus y fueron reemplazados por los jueces Lía Raggio y Daniel Rezzónico, este jueves por la tarde, la sala, con su restante integrante Luis Defelitto, resolvió finalmente mantener su composición original.

Entonces, los integrantes originales deberán resolver el recurso de apelación presentado por el defensor Hugo Tomei contra el fallo del juez de Garantías David Mancinelli, quien en febrero último, luego de procesar con prisión preventiva a ocho de los diez acusados, no hizo lugar a su pedido de anular las declaraciones de todos ellos y de apartar a la fiscal de la causa, Verónica Zamboni.

En su dictamen de nueve hojas, Escoda consideró “inadmisible” el recurso que había presentado la defensa, en el que también cuestionaba que no se llevó a cabo la audiencia de formulación de cargos, por lo que todo lo actuado luego sería inválido, incluso las indagatorias y los procesamientos.

Para Escoda, el defensor “no agrega ni menciona qué es lo que hubiera sucedido en esa audiencia y por qué motivos se les ha vulnerado sus derechos constitucionales”. “La nulidad no puede ser dictada por la nulidad misma”, sostuvo el fiscal general.

Sobre las pruebas objetadas por la defensa, el dictamen mencionó que pidió la nulidad de dos testimoniales, lo que a Escoda le resultó “sorprendente”, ya que Tomei estuvo presente en las ruedas de reconocimiento e “interrogó” a esos testigos, pero en ese momento “no formuló cuestionamiento alguno”.

Por último, Escoda concluyó que, en base a las acciones posteriores al hecho que ejecutaron los acusados, “los peligros de fuga y entorpecimiento probatorio se encuentran más que vigentes”.

Las partes debieron presentar sus argumentos ante la Cámara por escrito luego de que, a raíz de la expansión del Covid-19, se suspendiera la audiencia del 19 de marzo, cuando cada uno iba a hacer una exposición oral ante los magistrados.

Tras el dictamen del fiscal y la argumentación del particular damnificado, Tomei presentó el lunes último dos informes en los que insistió en los fundamentos de sus apelaciones.

En línea con sus planteos ante la Justicia de Garantías y la propia Cámara, el defensor apuntó a las presuntas nulidades de la causa y sostuvo que “no se puede transitar un proceso penal sin que el Estado explique a cada imputado en detalle y de manera individual el hecho material, cual es la imputación y cuáles las pruebas de cargo”.

Tomei insistió en que debe dictarse la nulidad de todo lo actuado desde la noche del 19 de enero, el día posterior a la detención de los rugbiers, en sus escritos de unas cien páginas en total.

Por otro lado, esta semana comenzó en la Asesoría Pericial del Ministerio Público Fiscal con sede en Junín el cotejo del material genético hallado en el cuerpo de la víctima y las prendas de vestir de los acusados con el ADN de los rugbiers.

Mientras tanto, Máximo Thomsen, Ciro Pertossi, Blas Cinalli, Enzo Comelli, Ayrton Viollaz, Luciano Pertossi, Matías Benicelli y Lucas Pertossi siguen detenidos en el Pabellón 6 de la Alcaidía La Plata 3 de Melchor Romero, donde están alojados en celdas de a dos.

Fuentes penitenciarias indicaron que tienen dos horas de recreación diarias para salir al patio. Lo hacen los ocho juntos y, antes de la crisis por la pandemia, los demás internos los insultaban y les gritaban, pero ahora su presencia pasa más inadvertida.

Edgardo Marano

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