La reforma judicial garantiza menos República

Introducción

Desde el Equipo Legal de la Fundación Apolo, expresamos nuestra preocupación institucional por el plan de impunidad que se está poniendo en práctica desde el oficialismo, a partir de una serie de acciones tendientes a proteger a Cristina Fernández de Kirchner y demás funcionarios y ex funcionarios oficialistas, investigados por el Poder Judicial de la Nación.

Asimismo, igual preocupación nos merece que la vida, la libertad, la honra y los bienes de los argentinos queden sujetos a las decisiones arbitrarias de un régimen que anule o colonice el Poder Judicial de la Nación y su máximo tribunal, último custodio de los derechos y garantías constitucionales.

Resumen

El proyecto de “Ley de Organización y Competencia de la Justicia Federal con Asiento en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y en las Provincias” no puede analizarse sin el contexto de otras iniciativas como la ampliación de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, la pretensión de instalar al Juez Rafecas como Procurador General de la Nación, el desistimiento de querellas y el anuncio de limitar su actividad judicial, por parte de la Oficina Anticorrupción.

Asimismo, la significativa ampliación del número de juzgados, fiscalías y defensorías oficiales, no va acompañada de un adecuado incremento en la planta de personal, sino que se pondrá a disposición de los nuevos magistrados personal ya existente, en detrimento de los tribunales que hoy ya funcionan con dificultad. Además de lo dicho, el sistema inconstitucional de subrogancias (según jurisprudencia de la Corte) que ofrece el proyecto, traerá consigo un sinnúmero de pedidos de nulidades con capacidad para dilatar los procesos. Y a ello se agrega que, siendo los subrogantes jueces con juzgados a su cargo, asumirán las subrogancias en detrimento del trabajo de sus juzgados de origen. Pareciera que la embestida del Ejecutivo sobre el Poder Judicial tiene como objetivo de máxima la colonización de dicho poder, y como objetivo de mínima, su obstrucción a través del caos. Tal vez asistamos, de prosperar esta iniciativa, a la paralización seguida de colonización.

Finalmente, el proyecto de “Ley de Organización y Competencia de la Justicia Federal con Asiento en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y en las Provincias” no constituye un plan integral de mejoramiento del Poder Judicial de la Nación, en tanto omite toda referencia al traslado de la Justicia Nacional Civil, Comercial y del Trabajo al ámbito de la Ciudad de Buenos Aires, así como respecto del mandato constitucional de establecer el juicio por jurados. El Ejecutivo aporta un proyecto con el que busca una rápida designación de magistrados, pero nada nuevo aporta sobre el mejoramiento de los órganos y sistemas necesarios para su designación, delegando en una comisión de juristas (mayoritariamente oficialistas) una propuesta en ese sentido.

Resulta difícil, en consecuencia, que un proyecto que busca designar un elevado número de nuevos magistrados despierte confianza en la sociedad y en las fuerzas de oposición, cuando aún no está claro si cambiará para bien el actual sistema de selección.

1.- Ampliación de la Corte Suprema de Justicia de la Nación: el proyecto de ampliación de la Corte ha sido fundado por su autor, el Senador Adolfo Rodríguez Saa, en cuestiones de género y de participación federal en la composición del máximo tribunal. Asimismo, el Presidente de la Nación dispuso la creación de una comisión de asesores para que dictamine sobre distintos aspectos del funcionamiento de la CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE LA NACIÓN, del CONSEJO DE LA MAGISTRATURA DE LA NACIÓN, del MINISTERIO PÚBLICO FISCAL y del MINISTERIO PÚBLICO DE LA DEFENSA, que podría expedirse, también, sobre la cuestión de la ampliación del máximo tribunal, aunque no menciona de modo expreso dicha posibilidad.

Cabe destacar que, independientemente de la eventual mejora en la calidad y celeridad que, eventualmente, podría traer aparejado el aumento de miembros de la Corte, el valor principal de las instituciones es su credibilidad. Y, en el caso de la Justicia, la credibilidad está asociada a la independencia. Por lo dicho, y aun cuando existieran las mejores intenciones, la realidad es que la ampliación de un número significativo de miembros sólo traería inseguridad jurídica y desconfianza, en el momento en que el país más la necesita.

2.- El Procurador General de la Nación y los Fiscales: la designación presidencial del Juez Rafecas, como aspirante a ejercer el cargo de Procurador General de la Nación, claramente alineado con los intereses del kirchnerismo, trae consigo la clara intención de concretar el alineamiento del Ministerio Público con dichos intereses.

A lo dicho, se agrega que el proyecto de “Ley de Organización y Competencia de la Justicia Federal con Asiento en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y en las Provincias” tiene prevista la designación de 28 nuevos fiscales en nuevas fiscalías, y la aplicación del Código Procesal Penal Federal (T.O. 2019) en el Fuero Penal Federal con asiento en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (conforme art. 26 del citado proyecto).

De esta manera, la existencia de un Procurador General de la Nación afín al actual gobierno, por las facultades administrativas y sancionatorias que posee y por su influencia en el sistema de designación de nuevos fiscales, será una dificultad para la independencia de los fiscales que hoy están en sus cargos y, más aún de los nuevos. Y, asimismo, la aplicación del nuevo código procesal, que otorga mayor poder en el proceso a los fiscales, en el fuero donde tramitan las causas de corrupción de mayor relevancia institucional (la Ciudad de Buenos Aires), importará una sensible merma en la independencia del sistema y en la credibilidad del mismo.

3.- La Oficina Anticorrupción: a la par que el oficialismo planifica un Ministerio Público servil a sus intereses, se agrega que la actual gestión de la Oficina Anticorrupción ha decidido dejar de poner énfasis en los procesos judiciales, y ha comenzado a adoptar medidas concretas como el desistimiento en querellas contra la actual vicepresidente, Cristina Fernández de Kirchner y contra el ex titular de la AFIP, Ricardo Echegaray. En este último caso, el desistimiento importó el sobreseimiento definitivo del funcionario. De este modo, queda claro que la Oficina Anticorrupción poco y nada aportará a la persecución de los delitos de trascendencia institucional.

4.- El nuevo Fuero Penal Federal y la demora de las causas en trámite: el proyecto de “Ley de Organización y Competencia de la Justicia Federal con Asiento en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y en las Provincias” tiene prevista la creación de nuevos tribunales en C.A.B.A. y en los demás distritos del país. A dicho fin, se asignará una secretaría de los actuales juzgados a los nuevos juzgados que habrán de crearse, lo cual impactará negativamente en la capacidad de trabajo de los actuales juzgados, quienes quedarán a cargo de los juicios que llevan actualmente. De este modo, se creará un sistema judicial de dos velocidades: una para los juicios que hoy están en trámite y otra para los juicios que se inicien en el futuro, ya que los nuevos juzgados comenzarán su labor sin juicios a cargo. En este contexto, y conociendo las dificultades que hoy mismo padece el Poder Judicial para imprimir celeridad a los procesos, la reforma pretendida condena a las causas por corrupción y por crimen organizado que hoy están en trámite, a la prescripción o al sobreseimiento por incumplimiento de plazos razonables.

5.- El nuevo Fuero Penal Federal y el regreso a las subrogancias inconstitucionales: el proyecto de “Ley de Organización y Competencia de la Justicia Federal con Asiento en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y en las Provincias” tiene prevista la designación de jueces subrogantes en los nuevos juzgados que habrán de crearse. El citado proyecto, en este punto, vuelve sobre los pasos de otra norma (la ley 27.145) que ya fuera declarada inconstitucional en el año 2015, en cuanto a lo que aquí interesa, por la Corte Suprema de Justicia de la Nación que, en el caso “Uriarte” (Fallos 338:1216) sostuvo:

“28) Que, por lo demás, según el Diccionario de la Real Academia, «subrogar» significa» sustituir o poner a alguien o algo en lugar de otra persona o cosa», de modo que el concepto mismo de subrogación, referido a la sustitución o reemplazo de jueces, supone de manera indefectible la preexistencia de un juez en efectivo cumplimiento de sus funciones -sea a cargo de un tribunal unipersonal o como integrante de uno colegiado- que por alguna razón, de modo transitorio o permanente, cese en el ejercicio de dichas funciones.

29) Que es evidente que ninguna de estas condiciones se cumplen en el supuesto contemplado por la norma, es decir, cuando la designación del juez subrogante se realiza para un tribunal que aún no se encuentra en funcionamiento, sencillamente porque no hay juez a quien sustituir, ni causas en trámite, ni posibilidad de que se asigne el conocimiento de las que se iniciaren en el futuro.

Tampoco se advierte la razón que podría justificar la urgencia en la designación de jueces subrogantes para tribunales aún no habilitados, que impida aguardar la finalización del concurso para la selección de los candidatos que cubrirán de manera definitiva las vacantes, máxime cuando la propia norma exige, para la designación de jueces subrogantes en estos supuestos, que se encuentre en trámite dicho concurso. Por ello, el artículo 1° in fine de la ley, en cuanto habilita el mecanismo de designación de jueces subrogantes para estos supuestos más allá de las objeciones constitucionales que merece el sistema en sí mismo- desnaturaliza el instituto al punto tal que no puede hablarse propiamente de subrogancia, pues no se dan sus presupuestos esenciales.”

Nótese, asimismo, que el adelantamiento en la apertura de juzgados, a través del mencionado sistema de subrogancias no imprimirá una sensible celeridad a la actividad jurisdiccional. El juez subrogante deberá atender su juzgado de origen, además del juzgado que “subroga”, afectando esto el trabajo de su propio tribunal, y, asimismo, será asistido –como ya se dijo- por una secretaría que saldrá de la órbita de otro juzgado, que también se verá afectado en su capacidad de trabajo.

En definitiva, el sistema de subrogancias que se propone, además de tener características cuya constitucionalidad no admite la Corte, carece en este caso particular de toda razonabilidad.

6.- La cuestión de género: sin perjuicio de la discusión sobre la relevancia del género para el acceso a los cargos públicos, y la restricción que, respecto de esta cuestión, impone el artículo 16 de la Constitución Nacional, cuando establece el acceso a los cargos públicos “sin otra condición que la idoneidad”, cabe destacar lo siguiente: el proyecto de “Ley de Organización y Competencia de la Justicia Federal con Asiento en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y en las Provincias” sostiene que, para la designación de candidatos a jueces subrogantes de la lista que se remitirá al Poder Ejecutivo, “se deberá respetar la diversidad de géneros en la selección.” Asimismo, para la designación de jueces, fiscales y defensores oficiales, con carácter definitivo, la norma proyectada exige que “deberá valorarse la perspectiva de género”.

Aclarado esto, cabe destacar que la introducción de la cuestión de género en sí misma, y la forma ambigua en que se la ha introducido, podría dar lugar a un sinnúmero de impugnaciones, que no harían más que retrasar las designaciones en cuestión, profundizando un sistema judicial donde la subrogancia no sea una excepción, sino la regla.

7.- Los ciudadanos de CABA, justiciables de segunda: el proyecto de “Ley de Organización y Competencia de la Justicia Federal con Asiento en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y en las Provincias” establece la transferencia de la competencia penal no federal, pendiente de traspaso, a C.A.B.A., junto con los funcionarios y recursos. Sin embargo, nada dice respecto de la transferencia del resto de la Justicia Nacional. En efecto, los ciudadanos porteños siguen siendo juzgados en materia civil, comercial y laboral, por jueces designados por la Nación, en cuestiones que son netamente locales.

8.- El olvido del juicio por jurados: el proyecto de “Ley de Organización y Competencia de la Justicia Federal con Asiento en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y en las Provincias” olvida, nuevamente, como se la ha olvidado en anteriores reformas del sistema de justicia, el derecho al juicio por jurados del que debieran gozar los habitantes de la República Argentina, tal como lo establece la Constitución Nacional. Respecto de esta participación de la ciudadanía en el sistema de justicia, la Corte Interamericana de Derecos Humanos ha sostenido, en el caso “V.R.P., V.C.P. y otros vs.

Nicaragua”, fechado el 8 de marzo de 2018 que “El juicio por jurados se ha concebido como una forma de devolver a la sociedad la confianza en el sistema judicial, como forma de democratización y acercamiento de la impartición de justicia a la comunidad, otorgándole a esta un rol fundamental en aquellos delitos sensibles de orden público.”

9.- Ausencia de un proyecto integral, y el carro delante del caballo: el proyecto de “Ley de Organización y Competencia de la Justicia Federal con Asiento en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y en las Provincias” pretende imprimir celeridad a la designación de jueces federales subrogantes, y designar con carácter definitivo una importante cantidad de magistrados.

Sin embargo, nada nuevo aporta el proyecto sobre las deficiencias institucionales en los regímenes de designación de jueces, fiscales y defensores oficiales. Mientras tanto, una Comisión restringida a un conjunto de juristas, mayoritariamente oficialistas, debatirá los defectos que poseen los órganos que tienen entre sus funciones la designación de magistrados. Sería más provechoso que el Ejecutivo aportara para el debate parlamentario, y para el debate del conjunto de la sociedad, un proyecto integral de reforma del Poder Judicial, en vez de impulsar iniciativas aparentemente inconexas, como las que aquí se describen, pero que tienen como finalidad adaptar distintas instituciones a las necesidades procesales de funcionarios y ex funcionarios kirchneristas sujetos a proceso.

Equipo Legal Fundación Apolo

Jose Lucas Magioncalda

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