La suplantación y el “robo” de identidad digital: Un vigente vacío legal

En el contexto actual de pandemia a causa del Covid-19, en Argentina nos encontramos en un Aislamiento Social Preventivo y Obligatorio (ASPO), que fue extendiéndose a lo largo del tiempo, desde el día 20 de marzo del corriente año hasta la actualidad. Esto significó, por un lado, que gran parte de la población tenga impedido ejercer su derecho a la libertad ambulatoria y, por otro lado, que ante una violación injustificada de esta restricción, puedan ser sancionados por un delito contra la salud pública.

En este marco, una de las actividades que más creció fue el uso de las redes sociales, que interrelacionan a los seres humanos mediante la creación de un usuario con distintos tipos de finalidades como amistad, parentesco, amor, profesionalismo, ocio, etc., como ocurre con Facebook, Twitter, Instagram, Tinder, Badoo, LinkedIn, Tiktok, entre otras, y en este ámbito de relación las personas van creando una identidad digital. Esta identidad digital no solamente está conformada por lo descripto en cada uno de los usuarios sino también por todo el contenido que se va publicando, compartiendo, comentando, y las reacciones que recibe de otros usuarios.

Toda actuación que realice un usuario puede impactar positiva o negativamente, en la reputación social, académica y/o profesional de una persona. Es decir, que existe un correlato entre el mundo físico y el mundo digital, que va en aumento con el trascurso de los años. El grave inconveniente de actuar en este mundo digital es que ciertas situaciones delictivas no están tipificadas o previstas en nuestro ordenamiento jurídico actual, afectando los derechos de una persona y quedando totalmente impunes.

Un ejemplo de esto ocurre cuando un tercero crea un usuario utilizando imágenes que constituyen la identidad digital de otra persona, es decir, crea un “perfil falso”, con distintas finalidades como afectar la credibilidad de una persona, sin ser esta acción punible por nuestro Código Penal vigente. (Ley 11.179).

Actualmente, la única manera en la que pueda ser punible una acción tal, es que esa misma acción afecte otro bien jurídico que, sí este expresamente previsto en nuestro ordenamiento jurídico. Por ejemplo, se ha generalizado el uso de aplicaciones como Tinder, Badoo, Happn, Bumble, entre otras, que tienen como finalidad lograr la conexión entre dos personas, y en este ámbito de relación, un tercero realiza acciones disvaliosas, generando un usuario falso, con la finalidad de ganarse la confianza de otra persona y amenazándolo con difundir imágenes o videos comprometedores de ella, si no se realiza el envío de cierta cantidad de dinero. Es también llamado “Sextorsión”, y es un delito que cobro mucha visibilidad por las innumerables denuncias de este accionar cometido con otro tipo de modalidad que es fuertemente perseguido por la Fiscalías especializadas en delitos informáticos como el envío de correos electrónicos que al ser abiertos hackean los dispositivos de las víctimas, y solicitan el envío de dinero mediante una dirección de IP falsa, destinada a cuentas de Bitcoin de los victimarios, que son rápidamente liquidadas.

Lo interesante es que la identidad, en sí misma, es un bien jurídico protegido y tiene recepción en el Código Penal de la Nación Argentina, en el “Título IV: Delitos Contra el estado Civil-Capítulo II: Supresión y suposición del estado civil y de la Identidad”, pero no refiere específicamente a la identidad digital. Por esta razón muchas de estas acciones quedan impunes, en especial, la mera creación de un perfil falso.

Desde el momento en el que identidad digital se incorpora como derecho inherente a la personalidad humana, requiere una tutela efectiva por el ordenamiento jurídico. Sin embargo, esto no ocurre, la sociedad avanza rápidamente pero no así el Derecho, como sucede actualmente con el proyecto de reforma del Código Penal del año 2019 que, si prevé situaciones como las descriptas en su “Título XXVI Delitos Informáticos”, con la intervención de un prestigioso doctrinario en la materia como el Dr. Marcos Salt, pero que todavía continúa debatiéndose en el Congreso de la Nación.

El código penal de la Nación Argentina ha tenido innumerables intentos de reforma, cada uno de ellos fracasando, incluso el Anteproyecto de reforma del Código Penal, que tenía como gran exponente al Dr. Eugenio Raúl Zaffaroni. Sin embargo, los problemas de la sociedad actual requieren una reforma integral como la presentada en el Congreso de la Nación.

Hasta que se produzca la aprobación de la reforma del Código Penal, la identidad digital de las personas seguirá vulnerable, ante estas acciones que inicialmente quedarían impunes, y por esta misma razón, se torna necesario que el uso de las redes sociales, que son frecuentemente utilizadas por la sociedad conjunta, se efectivice de manera responsable, proyectando incluso que ese contenido producido pueda llegar a manos de terceros con finalidades disvaliosas para su persona. Asimismo, la responsabilidad personal que exige la actuación en este mundo digital no impedirá en todos los casos, que uno pueda ser víctima de un delito informático, pudiendo denunciar tal situación en la fiscalía más cercana a su domicilio.

Martín Alejandro Leguizamón
Abogado, y Profesor para la enseñanza media y superior en Ciencias Jurídicas, graduado con honores en la Universidad de Buenos Aires. Se desempeña como abogado titular del Estudio Jurídico Leguizamón-Rodríguez abogados & asociados.

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