Las reuniones sociales como nuevo delito

El inquilino de la Casa Rosada atropella nuevamente a los gobernados, por lo cual resulta imprescindible saltar en defensa de nuestros derechos, la democracia y la República.
El reciente Decreto de Necedad y Urgencia que prohíbe las reuniones sociales en el ámbito de casas de familia, para la totalidad del territorio argentino, evidentemente es una medida por fuera de la democracia que supimos conseguir.

Hecha la ley, Alberto echa la trampa

Daniel Sabsay es un prestigioso especialista en Derecho, cuyas expresiones están fundamentadas en su amplio conocimiento, bajo la intención de que prevalezca la ley por sobre los mandatarios, como un paraguas que ampara a los ciudadanos.

Respecto del DNU mencionado, el constitucionalista brindó su definición: «Se creó un delito a través de un decreto presidencial».

Días pasados, Sabsay participó del programa Mesa Chica, que se emite por LN+, compartiendo su criterio acerca de la falta de respaldo legal de los decretos presidenciales.

En el caso de las reuniones en casas de familia, eventos que pertenecen al área de la vida privada de los ciudadanos, a través de la impronta legislativa del presidente se resiente un derecho fundamental.

«Creo que lo grave es que se ha legislado a través de un DNU la creación de un delito», dijo Sabsay a José del Río. De por sí, ya había manifestado expresamente su asombro ante un régimen vicepresidencialista, a lo cual se agrega la profusión de decretos que desvalorizan el sentido de la ley y reducen el espacio de la República al vulnerar la división de poderes.

La oportunidad de disentir

Los legisladores que no pertenecen al espacio del Frente de Todos se manifestaron en contra de las sesiones remotas. La presencialidad, respetando las medidas de prevención y distanciamiento, resulta fundamental luego de padecer el apagado del micrófono (Esteban Bullrich), la superposición con entrevistas televisivas (Luis Juez), la necesidad y urgencia de expresarse cuando sólo por tres minutos y en soledad institucional se brinda la oportunidad de hablar, como quien otorga una dádiva, a los representantes de la ciudadanía.

«Como principio general la Constitución le prohíbe al presidente dictar decretos que tengan contenidos legislativos y sólo lo deja cuando circunstancias excepcionales impidan el tratamiento normal para la sanción de leyes. Pero excluye cuatro materias: la penal, la fiscal, partidos políticos y cuestión electoral», detalló Sabsay, respecto de la vigencia de la Carta Orgánica y los derechos que establece. En este sentido, la voz de los que saben resulta imprescindible. Debe primar el sentido común respecto de los derechos y libertades de los ciudadanos, debe regir la ley que nos dimos para ser una República, por sobre la voluntad de un mandatario temporal.

Específicamente, en el caso de las reuniones, agregó: «Sin embargo, acá encontramos que las fiestas familiares y los encuentros sociales quedan incriminados a través de una suerte de link que los proyecta sobre la comisión del delito previsto en el artículo 205, que sería algo así como ir contra quien propagare, de alguna manera, la enfermedad que puede ser peligrosa para toda la comunidad».

Hasta acá

Es factible preguntarnos por el límite de un ciudadano, cuando desde el poder parece desvanecerse la línea que delimita la acción privada, la legítima defensa y las fronteras de la propiedad privada, el hogar familiar.

El doctor Sabsay destacó la noción de delito: «En materia penal es justamente el lugar donde más hay que cuidar la restricción de la autoridad, aseveró.

«El acto que va a construir un delito tiene que estar descripto de una manera tan categórica que impida todo tipo de interpretación que lleve a una discrecionalidad», para no tener el riesgo de desdibujar su categorización, en especial en materia penal.

¿Es razonable a esta altura de la cuarentena y frente a la responsabilidad que ha demostrado tener la población impedir que se lleven a cabo pequeñas reuniones sociales o familiares?, se preguntó Sabsay y continuó: «Creo que no. Pero se trata de algo aún más grave que es el hecho de considerar que esto constituye un delito y asimilarlo analógicamente a otro que está previsto en el Código Penal, que además se convierte en un delito presunto. Porque si no se tratara de una persona que adolezca de la enfermedad el decir que está propagando el virus sería falso».

Deneunazos en Costa Pobre

De este modo queda demostrado que se pretende manipular incluso las definiciones en materia penal, arrojando por la borda años de Derecho Penal vigente. Debemos pensarlo en combinación con la propuesta de reforma de la Justicia en el área penal y podremos cantar BINGO respecto de las maniobras de un presidente con más aspecto de tirano que de demócrata.

«Acá ha habido un festín de decretos de necesidad y urgencia», aseveró Sabsay, tras justificar los dos primeros DNU que se desencadenaron apenas declarada la pandemia del coronavirus por la Organización Mundial de la Salud (OMS). «Pero después empezó ‘la maquinita'».
En una nueva muestra de abuso de poder por parte del amo de Dylan, expresa Sabsay la gravedad de «darle al Jefe de Gabinete el manejo de toda la partida de presupuestos es quitarle, tal vez, el control más grande que tiene el Congreso sobre el Ejecutivo y tomarlo como propio», concluyó.

Reformame ésta

En medio de la peor crisis económica de la antaño plateada Argentina, hoy más cerca de la Costa Pobre de Alberto Olmedo, plantear una cara reforma, nombrando nuevos jueces y subrogando cargos con un jugoso plus a los sueldos de más de 400.000 pesos (libres de impuesto a las Ganancias), es una medida totalmente falta de razonabilidad, inoportuna y de espaldas a todo aquel ciudadano de bien que tenga una mínima noción del porqué y para qué de la pretendida reforma. Al ser consultado por el reciente proyecto de reforma judicial para crear un nuevo fuero federal penal Sabsay respondió categórico: «La misión es la impunidad de la vicepresidenta Cristina Kirchner, por empezar, y de los demás funcionarios que están implicados en serios delitos de corrupción contra la administración pública».

Marcela Zadoff
Lic. en Letras Modernas de la Universidad Nacional de Córdoba. Redactora. Editora. Experta en Comunicación Institucional

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