Ley Micaela: Diputados le dio media sanción

En la última sesión extraordinaria del año, Diputados le dio media sanción a la Ley Micaela que busca establecer una capacitación obligatoria en violencia de género para todos los integrantes de los tres poderes del Estado. Ahora, pasará al Senado para ser tratada este miércoles.

Con 171 votos a favor y 1 en contra (Alfredo Olmedo), los legisladores le dieron el sí al proyecto de la Ley Micaela, en homenaje a Micaela García, una chica de 21 años víctima de un brutal femicidio en abril de 2017 en Entre Ríos. Es un reconocimiento por su lucha militante por los derechos de las mujeres y de los más vulnerables.

El proyecto contempla la capacitación obligatoria en la temática de género y violencia contra las mujeres para todas las personas que se desempeñen en la función pública en todos sus niveles y jerarquías en los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial de la Nación.

¿Qué establece la ley Micaela?

La capacitación de las máximas autoridades de los tres poderes estará a cargo del Instituto Nacional de las Mujeres, que en su página web deberá brindar acceso público y difundir el grado de cumplimiento de las disposiciones de la ley en cada uno de los organismos.

El proyecto busca capacitar y sensibilizar a quienes integran los diferentes estamentos del Estado, entendido no como una elección de preferencia personal sino a los fines de dar cumplimiento a un deber de la Argentina suscripto en la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer.

El tratamiento llegó tras el efecto de la denuncia de Thelma Fardin por violación, y que movilizó a diputados de todos los bloques a volver a impulsar una agenda de género para debatir de manera urgente.

Diputados de diferentes bloques le habían pedido al Presidente que la incluyera en el temario de las sesiones extraordinarias. La notificación llevó la firma de los diputados Lucila De Ponti, Leonardo Grosso, Silvia Horne, Araceli Ferreyra, Victoria Donda, Facundo Moyano, Daniel Arroyo, Cecilia Moreau, Mónica Macha, Mirta Tundis, Gabriela Cerruti, Analía Rach Quiroga, Pablo Kosiner y Cristina Álvarez Rodríguez.

Micaela tenía 21 años cuando fue asesinada por Sebastián Wagner el 1 de abril de 2017. La joven estudiante de educación física fue secuestrada durante la madrugada, cuando volvía a su casa después de haber ido a bailar. En el camino fue interceptada por un auto en el que iban Wagner y Néstor Pavón que, según la declaración del primero, habían salido de «cacería».

Wagner había sido condenado a nueve años de prisión por dos violaciones, pero gozaba de libertad condicional por orden del juez de Ejecución Penal de Gualeguaychú, Carlos Rossi. La polémica medida le valió al juez un pedido de juicio político por mal desempeño de sus funciones y provocó que el Congreso Nacional vote un proyecto de ley para evitar este tipo de salidas anticipadas.

La Ley Micaela tuvo media sanción, pero la ley anti barras fue reenviada a Comisión y deberá esperar

La ley para aumentar las penas a los barras bravas volverá a debatirse en comisiones de Diputados en 2019, tras un pedido de Martín Lousteau cuando ya se había aprobado en general y por unanimidad, pero se sabía que no sería tratada este año por el Senado.

«Si los barras bravas nos están viendo televisión deben saber que no vamos a hacer nada. Por eso propongo que la ley vuelva a comisión», sorprendió el economista, cuando se había aprobado por unanimidad, con 201 votos, y se debatía el articulado con un sinfín de modificaciones.

La propuesta de Lousteau no fue descolgada, para cuando la hizo ya se sabía que -tras varios días de intercambiar borradores y consensuar un texto común- minutos antes de la votación el senador Miguel Pichetto había reunido a su bloque y coincidieron en no debatir el proyecto y el de financiamiento político hasta febrero, cuando el presidente Macri debería volver a pedir que se lo incluya en las extraordinarias de ese mes mediante otro decreto. El período ordinario recién empieza en marzo.

«Ahora nos enteramos que el Senado no lo va a tratar. ¿Por qué nos apuramos tanto?», se indignó el kirchnerista Agustín Rossi, antes de acompañar la ley en general y plantear cambios en el articulado que no eran tenidos en cuenta.

Ningún bloque quería ser acusado de trabar la ley y contribuir a nuevos hechos de violencia en partidos de fútbol, pero Lousteau no tuvo problemas en poner la cara cuando ya era difícil entender las correcciones que se iban haciendo en el recinto.

La vuelta a comisión fue avalada por 115 votos con 84 en contra y dos abstenciones, la de Marco Lavagna y Nicolás Massot, jefe del PRO y harto de tanta negociación con fórceps. Toda la oposición aportó: kirchnerismo, Argentina Federal (bloque de los gobernadores) y Frente Renovador, que había sido el elegido por la diputada radical Gabriela Burgos -encargada de empujar la norma- para mostrar una mayoría propia capaz de asustar al resto del recinto. Lo logró, hasta que se supo que el Senado cajonearía la ley y la oposición se empezó a animar a pedir cambios.

Antes que volviera a comisión, los federales, cercanos a los gobernadores, modificaron varios artículos para contemplar realidades de las provincias, como venían pidiendo sin éxito estos días.

El kirchnerismo exigía menciones a la prevención y menos impunidad y el debate sobre las penas complicó más las cosas, porque a toda la oposición le parecía exagerado sancionar la tenencia de entradas falsas. «Está claro que se tiene que demostrar el dolo», intentaba poner orden Guillermo Montenegro.

Pero no era posible. Felipe Solá ya había advertido sobre cierta laxitud en el texto cuando se penaba a quienes alteren el orden de un partido («¿Si los jugadores se agarran a trompadas?», sugirió), Burgos negaba sugerencias, pero los planteos se hicieron insostenibles y el propio Luis Borsani, de la UCR, pidió cuarto intermedio para acomodar la sesión.

Después vino la propuesta de Lousteau, los diputados volvieron raudos a sus bancas y la ley volvió a comisiones, un fracaso para Patricia Bullrich, que no logró que el Senado la tratara por dos años, la envió a Diputados cuando se suspendió River-Boca, Burgos lo reescribió con la oposición (sumó 15 artículos) pero no alcanzó.

Se habían reducido penas para algunos delitos sean excarcelables, como los cuidadoches o «trapitos»; y otros para que tengan penas de prisión pero menores a un homicidio, como interrumpir un partido con objetos punzantes.

Los últimos retoques realizados ayer entre Bullrich y los diputados de Cambiemos aumentaban la penas a los dirigentes por enriquecimiento ilícito y Elisa Carrió había adelantado que pediría sumar un artículo para prohibir que los funcionarios sean dirigentes.

«Angelici es dirigente de Boca y opera para el Gobierno nacional. Yo no quiero eso», ejemplificó en el recinto. Y aseguró que tras estudiar los expedientes sobre narcotráfico de la provincia de Buenos Aires siempre aparece un barra brava».

Esa prohibición había sido otro punto de discordia con los diputados de provincias chicas, como la jujeña Carolina Moises, del peronismo federal, que consideró habitual que los clubes pequeños tengan referentes políticos en su comisión directiva. Pero ese debate no llegó. La ley volvió a comisión mucho antes.

Financiamiento político deberá esperar

La ley para regular el financiamiento de las campañas electorales no se tratará este miércoles en el Senado, como pidió Macri para eludir a Elisa Carrió al menos hasta febrero. Pichetto reunió a su bloque y acordaron que recién en esa fecha el PJ discutirá el dictamen firmado en el Senado hace un mes.

El rionegrino y el catamarqueño Dalmacio Mera habían iniciado negociaciones con diputados justicialistas y senadores de Cambiemos para modificar ese despacho, aceptaban bajar de 5% a 2% el porcentaje sobre los gastos totales de campaña que puedan ser cubiertos con un aporte privado, que en conjunto no deberían superar la mitad de las erogaciones, ya bancarizadas.

Pero tras varias conversaciones con sus pares, Pichetto entendió que no tenía sentido exponer diferencias de su bloque por una urgencia de Macri, que ni siquiera fue capaz de calmar a Lilita y tratar el proyecto en Diputados. Si vuelve a llamar en febrero, deberá negociar mejor

Edgardo Marano

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