Los cambios que postula la Reforma Judicial

El área de Seguimiento Legislativo de Fundación Apolo analizó punto por punto el texto del proyecto de ley de reforma judicial.

La iniciativa presentada por Alberto Fernández busca descentralizar Justicia Federal, unificar fueros y cámaras, crear fiscalías y defensorías.

El proyecto de ley –Expte. Nº 104/20– impulsado por el Poder Ejecutivo Nacional, tiene seis títulos bien diferentes que pueden ayudar a separar los temas y a entender la magnitud de la presente reforma. Principalmente los primeros tres suponen la gran reforma orgánica del Poder Judicial Federal.

Previo a desmenuzar cada una de estas partes parece preciso señalar que la presente no propone ningún cambio en la conformación, integración o funcionamiento de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Tema para el cual el Presidente de la Nación Alberto Fernández convocó recientemente a una “comisión consultiva”, pero por el momento no fue contemplado en esta reforma. Todo parece indicar que tramitará de forma separada atento a que está previsto el primer dictamen de dicha comisión para dentro de nueve meses.

Tampoco introduce cambios en la conformación del Consejo de la Magistratura, órgano encargado de controlar y sancionar a los jueces, y que tiene especial importancia en la conformación de las ternas de aquellos aspirantes a ocupar cargos. Hay que recordar que la actual Vicepresidenta de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner, había intentado años atrás, durante su gobierno anterior, alterar esta composición.

Asimismo, cabe destacar que la reforma mantiene las competencias electorales en todas las jurisdicciones del país. Esto es que los juzgados que actualmente cuentan con una secretaría “extra” en materia electoral, mantienen esa secretaría y su competencia intacta.

TITULO I: JUSTICIA PENAL FEDERAL EN LA CIUDAD DE BUENOS AIRES

Este podría ser el título más resonante de la reforma y no debe sorprender, visto que afecta a órganos en los cuales se encuentran tramitando las causas más sensibles de nuestro país, no solo referidas únicamente a causas relacionadas con corrupción.

La reforma plantea en este título 5 ejes fundamentales:

La creación de un nuevo fuero “PENAL FEDERAL”, que surgirá de la unificación de los fueros Criminal y Correccional Federal y Nacional en lo Penal Económico de la CABA.

En esta unificación se mantienen los puestos de todos los funcionarios y empleados en igual función, pero en el nuevo fuero que entenderá en todas las materias comprendidas. Es decir, todos los jueces entenderán en cuestiones criminales, correccionales y penales económicas, que actualmente se encuentran divididas con órganos especializados.

En esta unificación se transforman 23 juzgados de primera instancia de los antiguos fueros en Juzgados Penales Federales. Asimismo, se crean otros 23 nuevos, dando un total de 46 para este nuevo fuero.

A fin de no tener que incorporar personal, la ley plantea que una de las dos secretarías que forman los actuales 23 juzgados pase a formar uno de los nuevos con todo su equipo de gente. De esta forma los 23 organismos existentes “donarán” una parte de su planta de trabajo a fin de conformar un nuevo juzgado encabezado por un magistrado nombrado al efecto.

Esto último supondría un ahorro a la hora de pensar en el presupuesto salarial del Poder Judicial y garantiza, al mismo tiempo, una desconcentración de la influencia que tienen hoy los jueces. No obstante, al no robustecer la planta, a primera vista la presente reforma no parece suponer un aumento significativo en la capacidad de procesamiento de causa. Cabe destacar en este punto, el atraso que tiene la justicia federal en los tiempos procesales.

De idéntica forma el presente proyecto crea 23 fiscalías nuevas para entender en el fuero creado junto a las ya existentes, siempre en la órbita del Ministerio Público. Lo mismo con las defensorías y fiscalías de juicio (5).

El punto clave en el proyecto es el artículo 13, el cual dispone que se mantendría la competencia tal cual existe hoy de todas las causas en trámite en cualquier estado del proceso en que se encuentren hasta su culminación. Es decir, garantizaría el principio del juez natural previsto en el artículo 18 de la Constitución Nacional manteniendo una “ficción” en la que las causas en trámite seguirían su curso ante todos los funcionarios que ya se encuentran entendiendo, ya sea de primera instancia o superior como si nunca se hubiera reformado el sistema.

Esta podría ser la llave para que este proceso al menos alcance a ser considerado por la oposición, visto que muchos actuales funcionarios o allegados al oficialismo se encuentran afrontando causas en trámite ante diferentes jueces y este punto permitiría garantizar que esos procesos seguirán sin alteración ante los jueces que ya se encuentran entendiendo en ellos hasta su sentencia final.

La presente ampliación de la Justicia Federal de la Ciudad de Buenos Aires supondrá la creación de muchos organismos que hasta que se cumpla con el largo proceso de nombramiento de los respectivos jueces (para el cual también establece un plazo), estarán vacantes. Para cubrir de forma transitoria hasta que los titulares estén nombrados, el presente proyecto dispone una forma alternativa a la existente para nombrar a los jueces subrogantes.

Este proceso se conformará con la participación de los tres Poderes, con especial control del Consejo de la Magistratura.

Además, los suplentes saldrán de un proceso de postulación voluntaria de los jueces que ya se encuentran en funciones, con una designación de la Magistratura que deberá pasar por el Poder Ejecutivo y el Senado.

El argumento para involucrar a todas estas partes fue la “transparencia” y supletoriamente se aplicará la actual ley de subrogación.

Implementación del sistema acusatorio: el proyecto contempla también un plazo máximo de dos años desde su sanción, para que entre en vigencia el nuevo Código Procesal Penal Federal en el territorio de la Ciudad de Buenos Aires, lo cual sería un paso importante para terminar de transformar el proceso penal federal en el distrito.

Hace ya varios años que se dispuso un nuevo Código Procesal que le quita atribuciones a los jueces y pone en cabeza de los fiscales el impulso del proceso penal, sin embargo, nunca fue implementado en el territorio de la Ciudad.

Por otra parte, el proyecto pone un plazo máximo para incorporar el sistema y pone en cabeza de la Comisión Bicameral de Monitoreo e Implementación del Código Procesal Penal Federal del Congreso el proceso de puesta en funcionamiento de este punto. Dicha comisión actualmente tiene 16 integrantes, de los cuales 9 son del Frente de Todos (incluida la presidenta de la comisión, la diputada Anabel Fernández Sagasti), 6 de Juntos por el Cambio y 1 del Movimiento Popular Neuquino.

Cabe destacar que este cambio le quita poder a los jueces y les da mayor protagonismo a los fiscales, que dependen del Procurador General de la Nación Eduardo Casal.

En principio nada de esto alteraría el proceso de las causas que ya se encuentran en trámite, visto que el presente proyecto se apoya en la ya sancionada Ley Nº 27.150 que dispone en su artículo 23 el mantenimiento del sistema inquisitivo (sistema actual), con los jueces como protagonistas del impulso procesal, en las causas ya radicadas.

Finalmente, este título traspasa la totalidad de la competencia en delitos NO federales a la órbita de la Ciudad de Buenos Aires, es decir, de todo aquel delito que no está previsto en la actual legislación dentro del sistema federal de justicia.

El mencionado traspaso se proyecta con personal y fondos, tal cual lo establece el principio del artículo 75, inciso 2, de la Constitución Nacional. Cabe destacar que da la opción a los magistrados y al resto del personal de optar si mantenerse en la justicia federal o pasar al ámbito de la Ciudad, pero les garantiza mantener, cualquiera sea la elección, todas sus condiciones laborales y previsionales.

TITULO II: JUSTICIA CIVIL, COMERCIAL Y CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL CON ASIENTO EN LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES.

Al igual que lo propuesto en materia penal, el proyecto unificaría la competencia civil, la comercial y la contenciosa administrativa en una sola, en un proceso muy semejante al anterior con las particularidades de estos fueros.

TITULO III: JUSTICIA PENAL FEDERAL CON ASIENTO EN LAS PROVINCIAS

Para el interior del país se adoptó un viejo proyecto que había dejado el gobierno nacional anterior. Con esto se propone la duplicación de los juzgados y fiscalías del interior, incluida la Provincia de Buenos Aires.

Son un total de 94 Juzgados Federales Penales, 23 Defensorías Oficiales y 85 Fiscalías Federales Penales nuevas.

Puntualmente se prevé que los actuales juzgados del interior que tienen competencia en muchas materias se desprendan de su secretaría penal y con ésta se formen nuevos juzgados. Asimismo, se les da la opción a los jueces actuales de mantenerse en el órgano actual (que se quedaría sin competencia penal) o cambiarse al nuevo creado. En el caso de que el juez decida mantenerse al frente del juzgado de origen, las causas en trámite ante la secretaría penal NO modificarían su radicación. En cambio, si el juez decide “mudarse”, se llevará las causas penales a su nueva locación. En pocas palabras: las causas penales en trámite seguirán la suerte del juez que ya entiende en ellas. Esto es para no contrariar el principio del juez natural consagrado en el artículo 18 de la Constitución Nacional.

TITULO IV: REGLAS DE ACTUACION

Este punto retoma ciertos principios básicos e incluso de “sentido común” que hacen al buen actuar de un juez, lo cual no es un detalle más y aunque suenen obvias las enunciaciones dispuestas, hay que recordar que estas pautas estaban previstas en la Ley Nº 27.146, sancionada en junio de 2015 durante el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner y que fue derogada por el Decreto 257/2015 de Mauricio Macri.

Las normas son:

Mantener un trato equivalente con las partes, sus representantes y abogados o abogadas.
No realizar comportamientos que constituyan conductas de favoritismo, predisposición o prejuicio respecto de cualquiera de las partes.

Garantizar que las personas reciban un trato digno e igualitario.

Ejercer sus funciones libres de interferencias.

Comunicar en forma inmediata al CONSEJO DE LA MAGISTRATURA DE LA NACIÓN cualquier intento de influencia en sus decisiones por parte de poderes políticos o económicos, miembros del Poder Judicial, Ejecutivo o Legislativo, amistades o grupos de presión de cualquier índole, y solicitar las medidas necesarias para su resguardo.

Evitar que el clamor público y el miedo a la crítica incidan en sus decisiones, y en ningún caso deberán actuar sobre la base de consideraciones de popularidad, notoriedad u otras motivaciones impropias.

No valerse del cargo para promover o defender intereses privados, transmitir ni permitir que otros u otras transmitan la impresión de que otros se hayan en una posición especial para influenciar.

Asimismo, Establece como causa grave de mal desempeño la inobservancia de alguna de estas pautas y encarga a la Corte Suprema de Justicia Nacional -CSJN- y al Consejo de la Magistratura la confección de respectivos Códigos de Ética.

TITULO V y VI: MODIFICACION DE NORMAS y DISPOSICIONES FINALES

En estos apartados se previó la modificación de muchas leyes que están dictadas con la que pasaría a ser la antigua conformación del Poder Judicial Federal para adaptar su texto a los nuevos nombres y al organigrama impuesto. Asimismo, se le otorga facultades a la CSJN, al Consejo de la Magistratura y al Ministerio Público para disponer de las reformas y adecuaciones administrativas internas que requieran. Además, se dispone que las erogaciones necesarias para la transformación serán soportadas por los presupuestos de los mencionados organismos.

Un punto para destacar es que en el título V, el artículo 80 reza: “Dejase sin efecto las normas que se opongan a la presente ley”, lo cual es demasiado amplio y poco específico para una norma constitucional.

Por otro lado, aquí se designa al Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación, hoy a cargo de Marcela Losardo, como Autoridad de Aplicación para las disposiciones de la ley propuesta.

Finalmente, la iniciativa establece su entrada en vigencia al día siguiente de promulgada.

ALGUNAS APRECIACIONES

Con la ampliación que establece el proyecto se buscaría dar una respuesta al colapso que sufre actualmente el Poder Judicial.

El proyecto no toca dos cuestiones transversales: la competencia electoral y las causas que ya se encuentran en trámite.

No se menciona nada en materia de conformación de la Corte o del Código Penal vigente.

Tampoco se mete en leyes penales especiales de fondo (régimen penal tributario, ley de estupefacientes, etc.). Asimismo, pone plazos a la entrada en ejercicio del nuevo Código Procesal Penal de junio de 2015.

Es medido el avance en materia de control sobre la actuación judicial, si bien habría una mejora. El gran problema actual es la poca rigurosidad a la hora de vigilar y controlar la pericia de los magistrados en funciones, tarea que recae sobre el Consejo de la Magistratura, órgano que no es “tocado” por la reforma.

Pareciera haber un error en la planificación de la transformación que se haría en la Ciudad. La ley supone que desde la entrada en vigencia y a medida que la CSJN lo disponga, los juzgados ya existentes deberán desprenderse de la mitad de su personal para dar una secretaría completa a un nuevo órgano. Sin embargo, los juzgados de origen mantienen la totalidad de las causas, lo cual crea una situación en la que los magistrados deberán afrontar la totalidad del trabajo que tengan con la mitad del personal; mientras que, los nuevos jueces, tendrán una secretaría completa para trabajar en apenas pocas causas recién iniciadas. Esto deberá ser advertido a la hora de tratar la reforma y suponer un sistema claro que no vulnere el principio del juez natural pero tampoco provoque la saturación repentina de los órganos ya existentes.

Asimismo, esto no ocurre con el plan dispuesto para el resto del país.

El principal eje de conflicto no sería el proyecto en sí mismo sino en aspectos políticos que se derivan en su la implementación. El oficialismo posee una gran influencia sobre los dos órganos que lo acompañan en el proceso de designación de los jueces: el Consejo de la Magistratura y el Senado.

De aprobarse el proyecto, el Ejecutivo actual tendrá ascendencia sobre el proceso de nombramiento de los futuros jueces. Con la cantidad de órganos creados y en una rápida cuenta, se podría decir que la gestión actual va a nombrar a la mitad de los futuros jueces federales de la Ciudad y a casi todos en materia penal fuera de la CABA. Jueces que serían los encargados de juzgar actos de las actuales gestiones que aún no han sido denunciados.

En la puesta en marcha del nuevo Código Procesal se pasa a un sistema acusatorio donde las fiscalías son las protagonistas y a primera vista parecieran ser pocas fiscalías, 1 por cada juzgado, en comparación con la Provincia de Buenos Aires donde hay casi 5 fiscalías por juzgados. Sin embargo, éstas dependen directamente del procurador (Casal) que tiene mucho poder en la práctica sobre sus dependencias y seguramente intenten cambiarlo, lo cual puede ser una carta bajo manga. Además, el procurador (esto no ocurre con los juzgados) puede disponer del personal y los fiscales como quiera. Es decir, puede sacarle personal, cambiarlo de lugar, vaciar el organismo. Tiene mucha discrecionalidad sobre las fiscalías. Esto a mi entender es un error que tiene el sistema. En la provincia ocurre lo mismo.

El proyecto ya ingresó en el Senado donde el Frente de Todos posea la mayoría de las bancas (41 de un total de 72), por lo que no tendría mayores dificultades para su aprobación luego de que pase por las comisiones de Asuntos Constitucionales y de Justicia y Asuntos Penales.

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