Luis Petri presentó un proyecto opuesto a Vallejos

Liderados por Luis Petri, integrantes del interbloque Juntos por el Cambio en la Cámara baja presentaron esta semana un proyecto para prohibir que la ayuda que brinda el Gobierno a grandes grupos empresarios en el marco de la pandemia sean un condicionante para la participación en el capital social por parte del Estado, idea que propuso la diputada kirchnerista Fernanda Vallejos días atrás.

Para Luis Petri, “el Estado involucrándose en los planes de negocios de las empresas y quedándose con parte de sus acciones a cambio de ayuda, es atentar contra el derecho de propiedad, una confiscación de bienes encubierta”. El legislador mendocino aseguró, además, que las declaraciones realizadas por Vallejos “no son aisladas y ha sido el ministro de Trabajo, Claudio Moroni, el que calificó como ‘interesante’ la idea de que el Estado se quede con parte de las empresas que asiste”.

En este sentido, Luis Petri afirmó: “No vamos a permitir que, aprovechando el estado de necesidad, se vulneren los derechos consagrados constitucionalmente”. La iniciativa contó con el apoyo de Waldo Wolff, Alfredo Cornejo, Fernando Iglesias, Roxana Reyes, Ricardo Buryaile, Álvaro de Lamadrid, Jimena Latorre, Estela Regidor, Lidia Ascárate, Ximena García, Gonzalo Del Cerro y Gabriela Lena.

La propuesta. «Es claro que estamos ante una situación extraordinaria que, por la enorme cantidad de dificultades sanitarias, económicas y sociales que implica la pandemia, demanda una fuerte capacidad de respuesta del Estado», argumentó días atrás Vallejos en un hilo de Twitter. «Ello implica la inyección de una importante cantidad de recursos que deben ser suficientes para garantizar la preservación del tejido productivo y el bienestar de las familias mientras dura el confinamiento», agregó.

En este marco, según la funcionaria, el Estado tiene dos grandes opciones. «Una es aplicar una política de transferencia de ingresos y distintos mecanismos de ayuda de carácter universal, el otro es asignar esos recursos sólo a quienes el Estado evalúa que los necesitan», explicó, y remarcó que el gobierno argentino «ha optado por este segundo camino», de ayudas focalizadas. En ese sentido, aseguró que «los criterios aplicados para determinar quiénes acceden y quienes son excluidos de las ayudas, se tornan cruciales».

«La noticia de que varios grupos económicos de los que se tiene conocimiento que han protagonizado distintos episodios de fuga de capitales, que tienen sede o vinculaciones con guaridas fiscales, etc, accedieron al ATP, plantea la necesidad de revisar esos criterios», aseveró la diputada y dijo que si los recursos no alcanzan para todos, «resulta injusto que empresas con probada capacidad y recursos propios para afrontar los salarios de los trabajadores, capturen recursos públicos que deberían servir para cualquier otro fin de primer orden».

Vallejos sostuvo que esas prioridades podrían ser «homologaciones de convenios salariales que eviten el recorte del 25%, aumentar jubilaciones, ampliar la cobertura y/o el monto del IFE, asistir más fuertemente a empresas en verdaderas dificultades, entre otras». Además, propuso: «Un criterio básico de exclusión sería negarle la ayuda a aquellas empresas que operan offshore, fugan divisas y evitan tributar lo que les corresponde al fisco argentino. En este sentido, vamos a presentar un proyecto de ley que complemente los criterios ya establecidos».

Por otra parte, resaltó que «si el Estado decide subsidiar a grandes grupos, sería razonable, como lo han hecho antes y lo están haciendo ahora las economías más desarrolladas, que lo haga no como un regalo a esas empresas, sino a cambio de una participación en el capital de las compañías».

El polémico gasto del Gobierno

No son respiradores artificiales, barbijos ni test rápidos, pero se convirtieron en uno de los gastos más abultados del Estado durante esta crisis sanitaria. El Ministerio de Educación desembolsó $406 millones entre marzo y abril para imprimir 18 millones de cuadernillos educativos con el propósito de mantener contacto con alumnos de la escuela pública durante la cuarentena. Aunque no es el eje central de los cuadernillos, el material didáctico incluye contenidos políticos y difusión de obras del Gobierno.

Las contrataciones, que abarca también el reparto de los materiales educativos a través del correo, aparecen entre los gastos más costosos del Estado en esta pandemia, incluso por encima de los distintos insumos médicos que requieren hospitales y centros de salud, según consta en la base de datos sobre compras vinculadas al coronavirus de la ONG Poder Ciudadano. La intención del Gobierno es continuar con la impresión de estos materiales hasta que se normalice la situación, informaron fuentes oficiales.

Los últimos seis millones de ejemplares, que se repartieron en mayo, comenzaron con un mensaje del presidente Alberto Fernández. El resto de los cuadernillos (en una segunda y tercera tanda) fueron encabezados por notas del ministro de Educación, Nicolás Trotta, quien está a cargo de la iniciativa. «Adoptamos una decisión: desplegar la presencia del Estado para garantizar la educación en una Argentina atravesada por la desigualdad, con mucha asimetría también en la conectividad a Internet. Pensamos la política pública en términos de los hogares con la menor poder adquisitivo», explicó Trotta.

Aunque no es el foco central de los cuadernillos, varios pasajes del material didáctico que leen niños y adolescentes están dedicados a la difusión de las políticas del Gobierno.

Los alumnos de sexto y séptimo grado (11 y 12 años) se encontraron con un texto del diario La Unión, de Lomas de Zamora, titulado: «Buscan terminar 12 hospitales en 15 días para enfrentar el mayor pico de contagios del coronavirus». El artículo primero enumera las obras públicas que ordenó el Poder Ejecutivo para hacer frente a la pandemia, luego resalta esas políticas oficiales con declaraciones del ministro de Obras Públicas, Gabriel Katopodis, y por último, el cuadernillo lo ilustra con una imagen de los módulos hospitalarios que se montaron en Tecnópolis.

«El Estado Nacional también se encarga de proveer de reactivos a las provincias para que puedan hacer los tests y determinar diagnósticos sin necesidad de enviar las muestras al Instituto Malbrán de Buenos Aires. Del mismo modo, compra y distribuye los respiradores y elementos de protección», cierra el artículo publicado en el cuadernillo dentro de la materia Ciencias Sociales.

Se consultó al ministro Trotta sobre estos textos que fueron publicados: «Son 1400 páginas de contenidos, yo no leo todo. De todas formas, las notas que he leído [que este medio le facilitó] no me parecieron incorrectas: muestra el despliegue del Estado en el marco de la pandemia». Y agregó: «Los cuadernillos constituyen un material sobrio producido por el Estado que expresan pluralidad y que contribuyen a la formación de un pensamiento crítico. Está bien que la escuela pueda dar estos debates en Ciencias Sociales».

Los alumnos de sexto y séptimo grado leen otras consignan que resaltan las políticas del Gobierno durante la crisis sanitaria: «Aunque las medidas que se tomaron son numerosas y muy diversas, esta semana vamos a hacer foco en la cuarentena. Por supuesto que existen muchas otras medidas que son también muy importantes, como las que se tomaron para fortalecer el sistema de salud, para sostener la continuidad de la educación o las campañas que informan a la población sobre el riesgo y las formas de prevención».

Tampoco está exenta de críticas la oposición en ese mismo cuadernillos que leen chicos de 11 y 12 años. La consigna que les plantea a los alumnos muestra ahora un artículo publicado en el diario Clarín (2 de abril) que habla de una decisión judicial que le ordena al gobierno porteño restablecer la provisión de insumos médicos para trabajadores de la salud en la ciudad de Buenos Aires. «Después de leer la noticia, anoten en sus carpetas: ¿Aparece en el artículo algún funcionario? ¿Quién es? ¿A cuál de los poderes pertenece? ¿En qué jurisdicción (nacional, provincial o de la ciudad de Buenos Aires)?»

A los alumnos de 2° y 3° grado (7 y 8 años) les pidieron, por ejemplo, que leyeran un artículo de Página/12 (publicado el 3 de abril) que destaca un proyecto de la legisladora porteña Lucía Campora , sobrina nieta del expresidente peronista y quien forma parte de la agrupación juvenil kirchnerista. La iniciativa de la diputada exige a las empresas de transporte de bienes y alimentos, garantizar el uso de elementos de protección a sus repartidores. «Para el personal es muy importante contar con leyes que lo proteja, ¿por qué?. Conversen sobre este tema con sus familiares», dicta la consigna escrita en el cuadernillo.

El Ministerio de Educación propone a los alumnos de 4° y 5° grado (9 y 10 años) hablar sobre el aislamiento social, preventivo y obligatorio. En especial, el texto aborda los derechos de los trabajadores y la responsabilidad de los empresarios en este contexto. La consigna indican que lean el artículo 8 del decreto firmado por Alberto Fernández: «Los trabajadores y trabajadoras del sector privado tendrán derecho al goce íntegro de sus ingresos habituales». Y luego, la consigna del cuadernillo indica: «En este artículo se establece un derecho de los trabajadores y una obligación de los empleadores. ¿Cuáles son las razones que llevan a establecerlo? ¿Cuál es el propósito de las autoridades? Anoten las respuestas en sus cuadernos».

Los cuadernillos abordan también otros temas como los conflictos ambientales en el norte del país. A la hora de hablar sobre el litio, se cita el artículo Litio y sacrificio ambiental publicado en el diario Página/12 junto a una foto que ilustra las protestas antimineras de la zona. Luego, el cuadernillo pide que se lean los argumentos utilizados por uno de los manifestantes, que acusa a una empresa minera de actuar sin consentimiento, y pregunta a los alumnos: «¿Qué argumentos usa el poblador? ¿Qué acuerdo no se respetó?».

Edgardo Marano

Deja un comentario