Milagro Sala se refirió a la reforma judicial

La dirigente de la organización social Tupac Amaru, Milagro Sala, aseguró este martes que si el gobierno nacional no avanza con la reforma de la Justicia “no va a pasar nada” con los “presos políticos”.

“Si no hay una reforma judicial, no va a pasar nada con nosotros. Si no cambia la metodología y el desastre que armó el Partido Radical en Jujuy, nosotros nunca vamos a poder recuperar la libertad”, aseguró Milagro Sala en El Destape Radio.

En esa línea, insistió en la necesidad de hacer un cambio especialmente en la Justicia jujeña porque “está pintada de los colores de la Unión Cívica Radical”, partido del actual gobernador Gerardo Morales.

Milagro Sala fue condenada en enero del año pasado a 13 años de prisión por defraudación al Estado, asociación ilícita y extorsión en la denominada causa “Pibes Villeros” que investigó el desvío de fondos públicos que debían ser destinados a la construcción de viviendas. Además, quedó inhabilitada para ejercer cargos públicos.

La sentencia fue ratificada en enero de este año por el Tribunal Superior de Justicia de Jujuy. Actualmente cumple su condena bajo la modalidad de prisión domiciliaria.

Por otro lado, la dirigente social aseguró que la situación en su provincia a causa de la pandemia es alarmante ya que hay hospitales que “no tienen camas, ni respiradores ni alimentos”, especialmente en las localidades del interior.

Según Milagro Sala, el gobernador Morales no está difundiendo los datos epidemiológicos reales. “Están mintiendo con la cantidad de fallecidos”, aseguró.

Y agregó: “El otro día salió un decreto del gobernador para no hisopar al personal de salud, pero ellos son los que están yendo al frente. No entendemos esas resoluciones. Están muriendo muchísimos jujeños”.

La referente social dijo que sus críticas no son “una cuestión de colores políticos” ya que hoy en día “no hay lugar para pelear con la oposición”.

No obstante, llamó al gobernador radical a tener la “humildad de pedir ayuda, de pedir médicos o personal de salud”. Al mismo tiempo, le pidió a la autoridades nacionales que vean de forma urgente la situación en la provincia.

“Dependemos de la coparticipación de la Nación para que Jujuy pueda pagar los sueldos. La situación es grave”, puntualizó.

Consultada sobre el impacto económico de la cuarentena, Milagro Sala aseguró que la situación es “pésima” y hay muchos comercios que están cerrando.

“Hay vendedores ambulantes que quieren salir a trabajar pese a la pandemia porque no tienen que comer. Albañiles que necesitan sus changas para dar un plato de comida a su familia”, ejemplificó.

Por último, dijo que a pesar de que el Presidente sacó un decreto para que los servicios no aumenten “en Jujuy siguen subiendo”.

“Hace un mes pagué $2.500 de gas. Ahora me vino una factura de $7.800. Eso es un aumento grosero, están aprovechando la pandemia para hacer un negociado”, explicó Milagro Sala.

En consonancia con Milagro Sala, también habló Oscar Parrilli

El senador kirchnerista Oscar Parrilli insistió este martes en la importancia de incluir en el proyecto de reforma judicial -impulsado por el gobierno nacional- la figura de la “presión mediática” a los jueces y acusó a uno de los expertos del Comité de Asesores designado por Alberto Fernández de “avalar” este tipo de acciones por parte de periodistas.

Durante el plenario virtual de la comisión de Asuntos Constitucionales y Asuntos Penales del Senado, el abogado constitucionalista Andrés Gil Domínguez había considerado “potencialmente negativo el intento de incluir la facultad de los jueces de denunciar a los poderes mediáticos” ya que esto podría terminar lesionando el derecho a la libertad de expresión que está garantizado por nuestra Constitución.

Al momento de las preguntas, Parrilli comenzó por señalar que “todos” los sectores defienden la libertad de prensa. Sin embargo, aclaró que la libertad de expresión tiene como contracara el “derecho del receptor a que no le mientan, lo manipulen, tergiversen o difamen”.

En esa línea, le preguntó al reconocido constitucionalista si no consideraba que en Argentina existió presión mediático sobre funcionarios y magistrados.

“Si cree que no existió, ¿cómo entiende el caso de un periodista muy conocido del grupo Clarín que instaba a la ciudadanía a abuchear, insultar y agraviar a determinados jueces porque no tomaban un fallo?”, arremetió el hombre de confianza de Cristina Kirchner

A su turno, Gil Domínguez contestó que la respuesta está en el artículo 13 de la Convención Americana de los Derechos Humanos que garantiza la libertad de expresión, de pensamiento y de acceso a la información pero, a la vez, establece las responsabilidades civiles y penales ulteriores si otros derechos se ven afectados.

“Pero la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha restringido mucho, casi la ha descartado, la utilización de la combinación penal cuando aquellas cuestiones que se discutan sean de interés o relevancia pública”, agregó.

Según Gil Domínguez, la Convención busca de esta manera que no exista ningún tipo de censura directa o indirecta por ningún tipo de medio y que el mecanismo de expresarse esté plenamente garantizado.

Cuando llegó el momento de repreguntar, Parrilli le recordó al jurista que durante el gobierno kirchnerista se había eliminado el delito de desacato del Código Penal y calificó como una “redundancia” la mención a las responsabilidades penales.

También aseguró que ellos (los kirchneristas) nunca han hecho una denuncia penal “a pesar de haber sido violentados y difamados”.

Y continuó: “No quiero ser suspicaz pero, ¿puedo entender que él avala ese tipo de acciones o está en contra? Me refiero a las acciones que describí por parte de algunos periodistas denostando, difamando, incluso incitando a la ciudadanía a escraches en la vía pública”.

Gil Domínguez repitió que cuando la libertad de expresión afecta algún otro derecho, como el honor de las personas, esta situación puede resolverse con el mecanismo de las responsabilidades civiles ulteriores.

“Lo que hay que evitar es toda forma que pueda implicar alguna forma de censura previa directa o indirecta”, repitió sin hacer referencia a la pregunta de Parrilli.

Visiblemente enojado con la respuesta, el senador kirchnerista se apuró a hacer el último comentario antes de que pase el turno al próximo orador: “Bueno, queda claro que lo defiende, gracias”.

La semana pasada, cuando la ministra de Justicia, Marcela Losardo, presentó ante el plenario de comisiones la reforma judicial impulsada por Alberto Fernández, el ex director de la Agencia Federal de Inteligencia criticó parte del artículo 70 del proyecto.

En concreto, se refirió al inciso “E”, que indica que los jueces federales deben comunicar en forma inmediata al Consejo de la Magistratura cualquier intento de influencia en sus decisiones por parte de poderes políticos o económicos. “Si bien luego dice de ‘amistades o grupos de presión’, acá es necesario explícitamente hablar de los poderes mediáticos”, apuntó.

Tras mostrarse como víctima de persecución judicial -al igual que Cristina Kirchner-, el senador cargó contra el periodismo: “Hemos visto los últimos años en los medios de comunicación cómo periodistas denostaban e incluso alentaban a salir a escrachar, denigrar y desprestigiar a distintos funcionarios judiciales porque no hacían lo que ese medio pretendía con determinado proceso o causa. Aquí debemos agregar explícitamente el término mediático porque así ha ocurrido en los últimos tiempos”.

Edgardo Marano

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