Moratoria impositiva: el Frente de Todos logró dictamen de mayoría

El oficialismo logró en la tarde del pasado martes 28 en la Cámara de Diputados emitir dictamen de mayoría favorable al proyecto de moratoria impositiva, previsional y aduanera.

En el marco de la reunión de la comisión de Presupuesto y Hacienda, el dictamen de mayoría obtuvo 27 firmas, incluyendo los votos de representantes del interbloque Federal y de Unidad Federal para el Desarrollo.

Por su parte, Juntos por el Cambio firmó su propio dictamen en minoría que recolectó 22 rúbricas, a raíz de diferencias con el texto enviado por el Poder Ejecutivo, a pesar de que en las últimas horas se le introdujeron algunas modificaciones a pedido de la oposición.

La moratoria impositiva, previsional y aduanera propuesta por el Poder Ejecutivo pretende abarcar tanto a empresas como a personas humanas que quedaron afuera de la moratoria vigente, incluyéndose deudas contraídas hasta el mes de junio.

Los deudores podrán adherir al régimen hasta octubre y pagarán la primera cuota a mediados de noviembre, con diferentes planes de pago según el tipo de deuda. Según cálculos de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), la deuda total alcanzada es de 534 mil millones de pesos.

Durante el debate de la semana pasada, Juntos por el Cambio y el Interbloque Federal habían advertido sobre la posibilidad de incorporar a la moratoria a empresas en quiebra, en procesos iniciados con anterioridad a la pandemia.

Otro de los cuestionamientos tiene que ver con la inclusión de los impuestos al juego y a la Transferencia de Combustible (ITC), motivo por el cual Juntos por el Cambio denunció una «amnistía» para la firma OIL Combustibles, de Cristóbal López y Fabián De Souza. 

A raíz de estos y otros cuestionamientos, el Frente de Todos decidió postergar una semana el dictamen y abrió un período de consultas y negociación cuyos resultados se conocieron en la reunión del martes pasado.   

El objetivo del Frente de Todos es sesionar el próximo viernes incluyendo en el temario no solamente la moratoria sino también el proyecto de ampliación presupuestaria, que obtendría dictamen hoy.

YPF pide entrar en la moratoria porque AFIP reclama 15 mil millones de pesos

La compañía petrolera YPF está interesada en participar en la próxima moratoria fiscal, que está siendo analizada actualmente en el Congreso. Los ejecutivos de la compañía petrolera se comunicaron con los legisladores que están implementando el proyecto para expresar su aprobación de esta futura ley. En la empresa estatal mayoritaria, están dejando claro que esto no tiene nada que ver con el supuesto beneficio a Oil, la empresa de Cristóbal López, que debe 8 mil millones de pesos al Tesoro. El Tesoro exige unos 15.000 millones de pesos a la empresa petrolera controlada por el Estado.

El impuesto sobre el combustible puede ser incluido en la moratoria, según dos expertos en impuestos consultados. “Antes de 2016 este impuesto siempre fue parte de todas las moratorias, como es el caso del IVA, otro impuesto indirecto. No hay ninguna razón por la que el concepto o el impuesto no deban incluirse en la moratoria. Hay 40 empresas del sector que han solicitado que se incluya el impuesto en la moratoria”, dicen, y añaden que “en 2016 se omitió porque hubo un presunto fraude contra el Estado (impago de obligaciones por parte del petróleo)”.

La posibilidad de que la petrolera -la empresa de Cristóbal López- se beneficie de la moratoria está latente. “Se puede corregir, no incluyendo los problemas rotos o fallidos”, enfatiza un especialista. La inclusión de una empresa en quiebra en el régimen de moratoria “sería una novedad por primera vez en la historia”, añade. Por esta razón, la oposición lamenta que la moratoria se adapte a las necesidades de las empresas de Cristóbal López.

YPF se dirigió a los legisladores de la oposición con una propuesta en caso de que quisieran rechazar la inclusión del impuesto al combustible en la moratoria. La idea de la compañía es poder incorporar una situación que prolongue la compañía petrolera estatal. Quieren que se valide si “la deuda surge como resultado del rechazo de la compensación de los activos de los acreedores de otros impuestos que no son del régimen actual”, dice un artículo que YPF quiere tratar para mantener la moratoria.

La empresa declara que no tiene deudas con las autoridades fiscales. Que la posibilidad de acordar una moratoria siempre es útil y que por lo tanto quieren dejar la puerta abierta. Un especialista en impuestos consultado explicó que la empresa ha tomado una decisión en contra de la aplicación del impuesto sobre la renta, lo que debería remediar ahora la situación.

“Dejaron caer la compensación. Utilizaron un balance a favor de las ganancias contra el impuesto al combustible. Hicieron que la AFIP presentara una denuncia y el juez finalmente dio a las autoridades fiscales la razón de esto. Este saldo a favor de las Ganancias se redujo porque tuvieron que aumentar lo que pagaban por las Ganancias. La compensación ha disminuido porque el saldo con el que habían sido compensados ya no existe y siguen debiendo impuestos sobre el combustible”, describe un experto que investigó la situación.

El saldo no resuelto que YPF está tratando de regularizar llegaría a casi 200 millones de dólares, (más de 14.000 millones de pesos a la tasa oficial de venta al por mayor).

En YPF dicen que “hay dos demandas que cuestionan el tratamiento de ciertos gastos de abandono de pozos”. “Una es para el período 2005-2010 y la otra para 2011-2017”, aclaran en detalle. La reforma fiscal a finales de 2017 habría garantizado la posición de la compañía petrolera tal y como la entienden dentro de la empresa.

“La solicitud para el período 2005-2010 se presentó años antes que la solicitud para el período 2011-2017 En 2019, al estar bajo la jurisdicción del Tribunal Fiscal de la Nación, YPF decidió voluntariamente pagar la cantidad reclamada para dicho período en un plan de alivio de pagos, que actualmente está en plena vigencia y es totalmente equivalente a las obligaciones del impuesto sobre la renta”, explican desde la empresa petrolera.

La demanda 2011-2017 “se encuentra aún en trámite administrativo, por lo que YPF cuenta con un plan de contingencia en caso de que se decida en contra de la posición defendida”, afirmaron, “en cuyo caso existe la posibilidad de que el reajuste de las declaraciones del impuesto sobre la renta de dicho período pueda dar lugar a una potencial deuda por el impuesto de transferencia de combustible (ITC), ya que los créditos fiscales por retenciones se utilizaron durante dicho período para compensar la liquidación de dicho impuesto”, admiten voceros de la empresa.

Giselle Tkaczuk

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