Nicaragua: Alerta nacional por represión policial

La oposición de Nicaragua declaró este domingo “alerta nacional política”, por la “escalada represiva de violencia policial” del régimen de Daniel Ortega contra disidentes, en el marco de la crisis sociopolítica que vive el país desde abril de 2018.

En un pronunciamiento público, el movimiento opositor Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia denunció que dicha escalada se acentuó a inicios de la presente semana, cuando integrantes de la Alianza colocaron imágenes del rostro del presidente Daniel Ortega con el bigote al estilo del dictador alemán Adolf Hitler (1889-1945), en el 80% de los municipios de Nicaragua.

Ortega y una parte de la población nicaragüenses están enfrentados luego de los ataques armados contra manifestaciones antigubernamentales en 2018, que dejaron cientos de muertos, presos y desaparecidos, miles de heridos, y decenas de miles en el exilio.

Aunque la alerta fue catalogada como “política”, la Alianza Cívica hizo referencia a la violencia en general, que para una parte de la población ha incrementado, frente a la negativa de la Policía Nacional.

Los opositores señalaron que los “robos, asaltos, muertos, y lesionados, por la delincuencia, tienen atemorizados al pueblo, luego que el régimen liberó unos 22 mil reos comunes en estos años (desde 2016)”.

La Alianza llamó a “todos los sectores a denunciar de manera activa estos acontecimientos y a la comunidad internacional”, y pidió a la Organización de los Estados Americanos (OEA), la Unión Europea, y la Organización de las Naciones Unidas (ONU), “promover acciones para proteger al pueblo de Nicaragua, su libertad, su salud y sus vidas”.

La alerta también abarcó el tema de la pandemia de la COVID-19, porque según los disidentes “la dictadura sigue promoviendo aglomeraciones que exponen al contagio, luego de recibir del BID (Banco Interamericano de Desarrollo) 43 millones de dólares para combatirla”.

La “persecución implacable contra los periodistas independientes, con acusaciones falsas y juicios amañados”, los “embargos y supuestos reparos de impuestos millonarios de cienes de empresarios, que reflejan una política de terrorismo fiscal por parte del régimen”, y el reciente embargo de una televisora no oficial, también llevaron a la Alianza a divulgar la alerta.

Todos estos hechos se están dando en periodo preelectoral, en que no hay señales de las reformas electorales que prometió el gobierno en diciembre de 2019, nublándose la certidumbre de las elecciones de 2021”, explicó el movimiento, que espera sacar a Ortega por la vía del sufragio dentro de 14 meses, en caso de no lograr que renuncie antes.

Organismos de derechos humanos nicaragüenses denuncian que más de 600 manifestantes han sido asesinados por paramilitares o fuerzas de seguridad del régimen de Ortega desde abril de 2018.

La Alianza también se quejó porque “el Gobierno solo está interesado en financiar su aparato represivo”, mientras “la carestía de la vida”, “la pobreza”, y la falta de inversiones» aumentan. “El país está perdiendo viabilidad aceleradamente, vamos hacia el derrumbe total de la débil institucionalidad, y va Nicaragua hacia una situación de caos e incertidumbre”, advirtió.

La Alianza Cívica, que aglomera a representantes de diversos sectores de la sociedad nicaragüense, fue la interlocutora del Gobierno en las negociaciones para superar la crisis local en 2018 y 2019, que fracasaron entre acusaciones de que Ortega no cumplió con los compromisos de respetar la Constitución y los derechos humanos.

Desde abril de 2018 Nicaragua vive una crisis sociopolítica que ha dejado al menos 328 muertos, según la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), aunque organismos locales elevan la cifra a 684 y el Gobierno reconoce 200 y denuncia un “golpe de Estado fallido”.

El régimen de Nicaragua detuvo a siete opositores

Al menos seis líderes opositores fueron capturados este lunes en Nicaragua, poco despuúes de que de que la alta comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, revelara en Ginebra que la crisis en la defensa de éstos continúa en el país centroamericano, y que esta circunstancia también incide en la respuesta que da el Gobierno a la pandemia de la COVID-19.

Además de las capturas, la Policía de Nicaragua realizó asedios y allanamientos contra opositores en Managua, Bluefields (Caribe), Nueva Segovia (norte), y Camoapa (centro), según denunciaron diferentes organizaciones de opositores, y defensores de los derechos humanos.

En su informe, Bachelet hizo referencia a 94 opositores arrestados en el marco de la crisis sociopolítica que comenzó en 2018, cuando manifestaciones contra el presidente Daniel Ortega fueron reprimidas brutalmente con ataques armados que dejaron como saldo cientos de presos, muertos o desaparecidos.

La alta comisionada también indicó que el Gobierno nicaragüense mantiene su negativa a superar la crisis a través de un diálogo, ejecuta violaciones a la libertad de expresión, y maneja la pandemia del coronavirus con falta de transparencia, poca difusión de información, y despidos de personal médico.

Esta afirmación se vio respaldada por una filtración reciente realizada por un grupo de hackers, que revelaron que el ministerio de Salud ocultó el alcance real de la pandemia en el país y manejaba cifras de contagios y muertes significativamente más altas que las reportadas oficialmente.

Horas después de conocerse el informe en Nicaragua, la Policía Nacional capturó a los opositores Danny García, Bayardo García, y Lenín Salablanca, este último, conocido por transmitir videos en vivo casi todas las semanas, cada vez que agentes de seguridad lo detienen en su motocicleta por supuestamente cometer delitos, que hasta ahora no han comprobados.

El organismo no gubernamental Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (Cenidh) condenó la “detención arbitraria en contra del excarcelado Lenín Salablanca, la Policía llegó a casa de su mamá, invadieron la propiedad, y se lo llevaron por la fuerza”.

Adicionalmente fueron capturadas una hermana, una prima, y la esposa de Salablanca, Cristel Pérez. Fueron detenidas cuando llegaron a la estación policial de la ciudad de Juigalpa (centro) para conocer el paradero del opositor. Sus familiares confirmaron que Pérez quien ya había estado preso durante diez meses entre 2018 y 2019 tras participar en protestas antigubernamentales.

Las detenciones tienen lugar solo dos semanas después de que la Unión de Presas y Presos Políticos Nicaragüenses (UPPN) denunciara el secuestro de tres de sus integrantes. Dos fueron liberados tras recibir agresiones que incluyeron un disparo y actos de tortura. El paradero de Alex Castillos es desconocido.

Las muertes, capturas y asedio contra opositores, son comunes en Nicaragua desde el estallido contra Ortega en 2018, en lo que Estados Unidos ha llegado a referirse como la “política de cárcel, exilio o muerte”.

Según la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), la crisis nicaragüense dejó al menos 328 muertos en 2018. Organismos locales cuentan 684 víctimas mortales hasta ahora. Ortega admite 200, pero sostiene que fue víctima de un “golpe de Estado fallido”.

Nicaragua no vivía una crisis similar desde 1980 a 1990, también con Ortega siendo presidente. Hasta el momento, el Gobierno nicaragüense no se ha pronunciado con respecto al pronunciamiento de Michelle Bachelet.

Giselle Tkaczuk

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