Nueva York: para la Justicia el Gobierno deberá pagar por el default K

La Justicia de Nueva York le ordenó al Gobierno pagarles 224,2 millones de dólares a dos fondos de inversión que permanecían en default desde la gestión kirchnerista.

El analista Sebastián Maril anticipó el fallo de la jueza Loretta Preska de Nueva York, que convalidó el reclamo de los fondos Attestor Master Value (por USD 67,9 millones) y Trinity Investments (USD 156,3 millones).

Se trata de dos fondos que no participaron de la reestructuración de los canjes 2005 y 2010, aclaró Maril.

“Estos dos fondos constituían la mayor tenencia de bonos en default y no reestructurados de los casos iniciados ante el Juez Thomas Griesa”, dijo Maril, en relación al magistrado que llevó todas las causas de la Argentina hasta su fallecimiento.

De este modo, “ahora la Argentina tan solo tiene cerca de USD 300 millones (más intereses) en litigio de aquel default del 2001”, explicó Maril.

Fuentes oficiales indicaron que “se seguirá negociando y apelando” y aclararon que “era algo que estaba al caer hace tiempo”, aunque es el primer fallo en contra del gobierno argentino desde que asumió Alberto Fernández como presidente en diciembre pasado.

Los bonos defaulteados fueron emitidos entre 1997 y 2001 en este caso y sus tenedores originales no entraron a los canjes posteriores a la cesación de pagos de fines del 2001, que se llevaron a cabo en 2005 y 2010.

Sin embargo, estos dos fondos los compraron entre 2013 y 2014 y, con el default del 2014 durante el gobierno de Cristina Kirchner, comenzaron su reclamo judicial, mientras pedían la aceleración de la deuda respectiva.

El default del 2014 se basó en la sentencia de Griesa del 2011, ratificada por la Cámara Federal de Nueva York, que quedó confirmada de hecho cuando la Corte Suprema de los Estados Unidos no tomó el caso y el fallo quedó firme en favor de los acreedores que no habían aceptado los mencionados canjes y reclamaban el pago completo de sus títulos.

El 93% de los acreedores había aceptado dichas reestructuraciones, pero, a falta de cláusulas de acción colectiva (CACs) en los bonos que no se pagaron, la justicia norteamericana consideró que el país debía pagarle al resto de los bonistas.

El entonces ministro de Economía, Axel Kicillof, desechó junto a la entonces presidente una solución que había diseñado el presidente del Banco Central, Juan Carlos Fábrega, para llegar a un acuerdo con los holdouts a un valor más bajo que el que tuvo que pagar el país luego de que el fallo en Estados Unidos quedara firme.

El gobierno de Mauricio Macri solucionó la mayoría de los casos pendientes entre 2016 y 2017, como señaló Maril, a través de un acuerdo que avaló Griesa.

Por esta razón, Preska fue dando de baja la mayoría de los juicios, para su archivo.

Sin embargo, a poco más de siete meses del inicio de la gestión Fernández, apareció esta sentencia desfavorable, mientras el Gobierno recién lanza el canje para renegociar la deuda de los bonos 2005, 2010 y 2016.

En este caso, los títulos que se emitirán sí tienen cláusulas de acción colectiva, por lo que, si el Gobierno obtiene determinadas mayorías, los holdouts se quedarán sin argumentos frente a la justicia extranjera.

Sin embargo, el mecanismo de redesignación que fijó el Ministerio de Economía para llevar adelante canjes parciales, con un apoyo mínimo del 50%, podría generar cierta litigiosidad. Más complejo será para los bonistas del grupo Ad Hoc, que tienen títulos emitidos en 2016 pero pretenden tener la protección de los títulos del canje del 2005, tener un argumento legal contundente frente a la justicia norteamericana.

¿Quién es la Jueza de Nueva York que además interviene en el tema YPF?

Como Jueza del Tribunal del distrito sur de Nueva York, Loretta Preska, entiende en tres demandas contra el Estado argentino: un litigio por el “cupón del PBI” por el que se acusó a la Argentina de manipular las estadísticas oficiales durante el gobierno de Cristina Kirchner, otro por un reclamo de holdouts extrernos, que no entraron ni a los canjes de 2005 y 2010 y tampoco aceptaron el arreglo que el gobierno de Mauricio Macri hizo en 2016 con una mayoría de holdouts y fondos buitre con fallos judiciales a favor, y el más potencialmente dañino de todos: un multimillonario juicio por la expropiación de YPF que podría costarle al país entre 3.500 y 12.000 millones de dólares, según calculó Sebastián Maril, CEO de FinGuru y estudioso de la causa.

El viernes, Preska dio por tierra con el pedido del gobierno argentino de que el juicio se tramitara en la Argentina y dio a las partes dos semanas, hasta el 19 de junio, para que acuerden una agenda común. Caso contrario, la jueza decidirá unilateralmente los pasos a seguir.

La demanda es a raíz de la reestatización de la mayoría accionaria de YPF, en 2012, mediante la expropiación de acciones de Repsol. Según los estatutos de la empresa, al momento de la expropiación el gobierno debió haber extendido la oferta de compra no sólo a la empresa española sino a todos los accionistas de YPF, cosa que no hizo y originó el reclamo posterior por parte del fondo londinense Burford Capital, que compró los derechos de litigar a accionistas minoritarios.

Pruebas al canto

Uno de las pruebas más fuertes de los litigantes sea tal vez el video del entonces ministro de Economía argentino, Axel Kicillof, diciendo ante el Congreso de la Nación, “tarados son los que piensan que el Estado tiene que ser estúpido y cumplir lo que dice la propia empresa”. Sucede que los estatutos de YPF estaban registrados en la Securities & Exchange Commission, el regulador bursátil de EE.UU., y por ende también sometidos a la legislación norteamericana.

Ese desconocimiento fue el que, en julio del año pasado, llevó al hoy presidente de YPF, Guillermo Nielsen, a calificar de “ignorante” al hoy gobernador bonaerense. “Un ministro de Economía, además de saber de economía, tiene que saber de leyes y el funcionamiento legal de los mercados de capitales”, dijo en ese momento Nielsen. “En el mercado central del planeta, que es Wall Street, uno no hace lo que quiere, uno hace lo que la ley le permite», remarcó.

Tanto el gobierno de Macri como el de Alberto Fernández intentaron, sin suerte, “importar” el juicio a la Argentina. La Corte Suprema de EE.UU. no atendió el pedido y finalmente la jueza ratificó, ayer, que el trámite se hará ante su Tribunal.

Ahora bien, ¿quién es Loretta Preska?

La jueza que tiene en sus manos el -por ahora- más importante juicio contra la Argentina es graduada en Leyes de la Universidad de Fordham, fundada en 1841 por el jesuita irlandés John Hughes, entonces obispo (y más tarde arzobispo) de Nueva York y antes de entrar al sistema judicial trabajó en dos bufetes privados: Cahill Gordon & Reindel y Hertzog, Calamari & Gleason, mientras sumaba a su CV un master en la Universidad de Nueva York.

En 1992 Preska fue propuesta como magistrada por el entonces presidente George Bush (padre) y aprobada unánimente por el Senado de EE.UU. y quince años más tarde, en 2007, fue incluso considerada por Bush hijo para integrar la Corte Suprema de Justicia. Ya “pato rengo”, el listado de Bush no llegó a ser tratado en el Senado.

Para entonces, Preska había atendido casos relevantes. Uno de ellos fue un reclamo de Mastercard a la FIFA en 2006, el año del mundial de fútbol de Alemania, porque la entidad -que entonces tenía como Tesorero al argentino Julio Grondona- no había respetado el derecho de la empresa a igualar o superar cualquier oferta de patrocinio. Preska falló a favor de Mastercard.

Dos años después, en 2008, falló a favor de la agencia Bloomberg (fundada por el entonces alcalde de Nueva York, Michael Bloomberg) en un caso de acceso a la información, cuando los periodistas de la agencia buscaban que la Reserva Federal, la autoridad monetaria de los EE.UU., divulgara el listado de instituciones privadas que habían recibido 1,2 billones (millones de millones) de dólares en el salvataje a raíz de la crisis de las hipotecas o préstamos “subprime”. Preska ordenó que la Fed publicara el listado.

Su perfil progresista se acentuó con la supervisión de un programa de compensaciones a víctimas de abuso sexual por parte de miembros del clero de Nueva York. La arquidiócesis de la ciudad debió compensar a las víctimas y en 2018 Preska recibió la “medalla presidencial” de su alma mater, la Universidad de Fordham, la misma fundada por un obispo católico y en la que había estudiado leyes.

La muerte en diciembre de 2017 del juez Thomas Griesa legó a Preska, hoy de 71 años, no sólo la más alta magistratura del Tribunal Sur de Manhattan sino también la causa YPF, la demanda más importante que hoy por hoy enfrenta la Argentina. Y si a raíz de la negociación de la deuda llega a haber algunas más, también caerán sus manos.

Giselle Tkaczuk

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