Oficina Anticorrupción: No toco y me voy

Encontramos la definición de la Oficina Anticorrupción (OA), en su sitio oficial, donde dice “Trabajamos para fortalecer la ética y la integridad en la administración pública nacional, a través de la prevención e investigación de la corrupción y la formulación de políticas de transparencia”. Pura teoría. Cerrado por pandemia, dejaron en el sitio un email para denuncias.

El actual titular, Félix Crous, heredero de causas vigentes, es en ese imaginario teórico un héroe de capa, espada y enorme lupa dispuesto a luchar contra la grosera ostentación de más de un ilícitamente enriquecido, que somete a otra humillación más a quien se desempeña honestamente en nuestro suelo. Una sociedad que está asqueada de percibir el paso de mendigo a millonario de más de un funcionario, chofer, jardinero, portero…

Pero no. Cuatro años de respiro, fueron pocos para que nuestra justicia ausente y lenta, de apretadas vendas, caminara malherida rumbo a una verdad tan clara que nos grita, tanto abuso, tanta corrupción… Pero no se ve al Juez, no se oye al Fiscal y la Oficina Anticorrupción, no sabe, no contesta.

Cambia, todo cambia

Según la Ley, la OA es el “organismo encargado de velar por la prevención e investigación de aquellas conductas comprendidas en la Convención Interamericana contra la Corrupción. Fue creada mediante el Decreto 102/99, bajo la órbita del Ministerio de Justicia y Derechos

Humanos de la Nación. Su función esencial es prevenir, investigar y perseguir casos de corrupción política en el ámbito de la Administración Pública Nacional”.

Pero cambia, todo cambia… asume Félix (fundador y militante de Justicia Legítima) y comienza a abandonar las causas en pleno desarrollo. Bajo el conveniente paraguas de “lawfare”, gremlin que hasta el Papa Francisco nutrió.

Apenas iniciado el mandato de Alberto Fernández, se publicó en el Boletín Oficial a mediados de diciembre que “su nuevo titular tendrá rango y jerarquía equivalente al de un ministro”. Que la función “gozará de independencia técnica y cumplirá las funciones que le competen sin recibir instrucciones del Presidente de la Nación ni de ninguna otra autoridad superior del Poder Ejecutivo Nacional».

Pero no. Mientras sea el Presidente quien designe (y destituya) al funcionario a cargo, no se puede garantizar ni un ápice de independencia. Sólo apariencias.

Hecha la ley, echa la trampa

Con encanto británico, resuena el “lawfare” que muta (cambia y enmudece) la función de la OA, devenida en la rubia de Atracción Fatal.

Por eso, hecha la ley, lawfare es la trampa. Bajo ese sofisma, bajo el miedo al contagio de coronavirus, se toma al ciudadano por tonto. Se libera a presos, anónimos y famosos, matones de barrio y saqueadores de la Patria (de nuestra Patria, no del Instituto). Se desiste de causas, donde el corrupto gana por abandono.

“La Oficina Anticorrupción nunca debió ser querellante en esos casos por tratarse de delitos de lavado de activos, materia específica de la Unidad de Información Financiera”. Así explicó a Página/12 Félix Crous la decisión de retirarse de la acusación contra Cristina Kirchner y sus dos hijos en dos expedientes, Hotesur y Los Sauces. En la misma página, sin ponerse colorado, Crous “adelantó que evalúa retirarse de otros expedientes”.

“Seguramente vamos a desistir en otros juicios e iniciaremos algunas querellas, pocas, porque tenemos como 30 y muchas están abandonadas. Es un número que no puede ser seguido por la oficina porque no tiene capacidad y muchos de esos juicios no tienen significación. Esto sucederá, vamos a ver en cuáles y cuándo, pero vamos a reducir sustancialmente ese número de querellas”, anticipó el funcionario en diálogo con el programa Código F, que se emite por Radio Rivadavia.

Siguiendo el mismo sendero de impunidad, hace apenas 48 horas, el exjefe de la Aduana y de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), Ricardo Echegaray, resultó sobreseído por enriquecimiento ilícito, ante la retirada de la Oficina Anticorrupción, que abandonó el caso.

De este modo, los jueces de la Sala I de la Cámara Federal Leopoldo Bruglia, Pablo Bertuzzi y Mariano Llorens se quedaron sin acusador, y debieron sobreseer al acusado. El peritaje contable sobre los bienes de Echegaray nunca se realizó. En cinco años, el expediente jugó a Bella Durmiente. Pero si tan sólo usaran el sentido común, el incremento patrimonial es tan evidente que se siente como un cross a la mandíbula.

Cross de Crous

El flamante titular de la Oficina Anticorrupción, por escrito, aseveró que su gestión “es ser restrictivo en las querellas” y que «ejercerá de modo excepcional”. En el caso de Echegaray, tomó la «decisión política de incrementar el esfuerzo institucional del organismo en la promoción de la integridad, la transparencia y la prevención de la corrupción».

Echegaray fue titular de la Aduana jefe de la AFIP. Entre 2004 y 2009, su patrimonio se incrementó al 2500 por ciento, según la denuncia del abogado Ricardo Mussa. Además sostuvo que durante 2008 habría cobrado dos sueldos de manera simultánea en dos organismos de la administración pública: la ONCCA y la AFIP, lo que configuraría una estafa. “En su propia declaración jurada admite que percibió por el ente ONCCA la cantidad de 133.322 pesos y por la AFIP 209.360 pesos en forma paralela, violando el ‘respeto irrestricto’ de la Ley de Ética e Idoneidad en la Función Pública”, afirmó el letrado.

A fines de su mandato, diciembre de 2015, ostentaba en su Declaración Jurada $7,6 millones. Su enorme residencia en el country Talar del Lago I, su departamento en Buenos Aires, otro en Punta del Este, dos embarcaciones y abultados depósitos bancarios. Sólo ese año, declaró ingresos anuales por más de seis millones. En blanco. Sin ponerse colorado. Y por qué habría de sentir vergüenza, si después del gobierno de Mauricio Macri, quedó limpito, sanitizado y hoy ya sobreseído.

Marcela Zadoff
Lic. en Letras Modernas de la Universidad Nacional de Córdoba. Redactora. Editora. Experta en Comunicación Institucional

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