Pidieron la detención del ex Gobernador de Santa Cruz, Daniel Peralta

El fiscal federal Guillermo Marijuan pidió ante el juez Claudio Bonadio la detención e indagatoria de Julio De Vido, Roberto Baratta, Jorge Mayoral, del ex gobernador de Santa Cruz Daniel Peralta, del empresario excarcelado recientemente Juan Carlos De Goycochea (ex Isolux), de Ernesto Maxit de la misma empresa, de Miguel Larregina (Ex Coordinador de YCRT), entre otros. La solicitud se realizó en una causa por sobreprecios en la Usina de Río Turbio, una fallida promesa energética de Cristina Kirchner.

La causa tuvo sus vericuetos judiciales, ya que el juez Bonadio sobreseyó a los acusados pero la Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA) que conduce Sergio Rodríguez reclamó su apertura y la Cámara porteña hizo lugar.

Ante esta circunstancia, el magistrado ordenó realizar una pericia para determinar si efectivamente hubo sobreprecios en la obra que prometía generar 240 MW.

Por ello se ordenó un informe pericial que contraste con el de la Sindicatura general de la Nación (SIGEN) que fijó un sobreprecio de más del 90% en la obra adjudicada a Isolux Corsán. Esta obra es parte de los fondos que Planificación Federal destinó para la modernización y puesta en valor de Yacimientos Carboníferos Río Turbio (YCRT) responsable de abastecer de carbón a la Usina que nunca se terminó.

El informe pericial que ingresó al juzgado de Bonadio recientemente confirmó las sospechas: “La oferta realizada por la UTE quien fijó los costos en un valor de U$S 857.341.128 equivalente a  2.662 millones de pesos. Sin embargo, como consecuencia de las variaciones y posteriores contrataciones otorgadas a Isolux Corsán en el marco del mismo proceso licitatorio, el nuevo valor de contrato ascendió a U$S 1.726.251.982”, explicita el dictamen del fiscal Marijuan.

El valor del sobreprecio arrojado por los peritos es incluso superior al que había determinado la SIGEN. Al momento de sustentar las responsabilidades y detenciones, Marijuan indicó que hubo “ausencia de controles, falta de evaluación de las áreas competentes encargadas de salvaguardar el patrimonio del Estado y el incumplimiento por parte de la contratista de las obligaciones asumidas en la licitación”.

Por ello, el fiscal determinó que dichas irregularidades “permiten sospechar” que el gobierno de Cristina Kirchner “buscó beneficiar a Isolux Corsán”. Los acusó además de proceder coordinadamente para «desviar el interés público generando un perjuicio millonario a las arcas del Estado y el consecuente beneficio económico ilegal de quienes gozaron de las prerrogativas otorgadas por fuera de los canales lícitos que regular las contrataciones de obra pública».

En este contexto, Marijuan solicitó la indagatoria ​y prisión preventiva de Julio De Vido (preso por defraudación), Roberto Baratta (preso en la causa de los cuadernos), Jorge Mayoral (ex secretario de Minería), el ex gobernador Daniel Peralta y ex interventor de YCRT, Rolando Aramini, Atanasio Pérez Osuna, Miguel Ángel Larregina, Néstor Prades y los ex responsables de Isolux Ernesto Maxit y Juan Carlos De Goycochea (recientemente excarcelado en la causa de los cuadernos).

Al momento de justificar el pedido de detención, señaló que existen «riesgos procesales» y señaló que ante «las características de los hechos y el perjuicio provocado al erario público» resulta «procedente el encarcelamiento de las personas y el llamado a indagatoria». Asimismo, sostuvo que las personas involucradas en la causa «pueden mantener en la actualidad lazos que les posibilitara llevar adelante las maniobras ilícitas, sin generar ningún tipo de sospecha».

Edgardo Marano

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