¿Piedra libre a todos los profesionales de la salud?

En el marco del aislamiento un proyecto del oficialismo pretendía suspender las consecuencias que implican la responsabilidad médica, hasta tanto dure el estado de pandemia.

De acuerdo a la iniciativa de la diputada oficialista Carolina Moisés, que cuenta con el respaldo de diferentes instituciones médicas, los procedimientos realizados en ejercicio de esas funciones en el marco de la pandemia y de la emergencia sanitaria declarada por el decreto 260/2020, que sean objeto de denuncias, acusaciones y/o imputaciones penales no podrán configurar en ningún caso los delitos tipificados en los artículos 106° (Abandono de persona: El que pusiere en peligro la vida o la salud de otro, sea colocándolo en situación de desamparo, sea abandonando a su suerte a una persona incapaz de valerse y a la que deba mantener o cuidar o a la que el mismo autor haya incapacitado, será reprimido con prisión de 2 a 6 años. La pena será de reclusión o prisión de 3 a 10 años, si a consecuencia del abandono resultare grave daño en el cuerpo o en la salud de la víctima. Si ocurriere la muerte, la pena será de 5 a 15 años de reclusión o prisión), 202° (Será reprimido con reclusión o prisión de tres a quince años, el que propagare una enfermedad peligrosa y contagiosa para las personas), y 203° (Cuando alguno de los hechos previstos en los artículos anteriores fuere cometido por imprudencia, negligencia, impericia en su arte o profesión o por inobservancia de los deberes a su cargo, se impondrá multa de PESOS CINCO MIL ($ 5.000) a PESOS CIEN MIL ($ 100.000); si tuviere como resultado enfermedad o muerte se aplicará prisión de SEIS (6) meses a CINCO (5) años) del Código Penal, y por lo tanto no serán punibles.

La norma presume que las acciones realizadas por los profesionales y el personal de la salud quedan comprendidas en los supuestos del artículo 34°, inciso 3° y 4° del Código Penal, por los que no son punibles “el que causare un mal por evitar otro mayor inminente a que ha sido extraño” y “el que obrare en cumplimiento de un deber o en el legítimo ejercicio de su derecho, autoridad o cargo”, salvo que se acredite el dolo del sujeto y/o su intención deliberada de propagar la pandemia del coronavirus Covid-19, o de abandonar a una persona.

Sería una especie de “premio”, en función de reconocer todo el esfuerzo, trabajo y dedicación que los profesionales de la salud están haciendo durante todo este tiempo. Trabajando en un sistema de salud decadente, que ha estado olvidado por años por parte de las autoridades de turno, y que esta situación extrema ha reflejado las múltiples falencias que siempre han habido. Fue un tema polémico, y sigue siéndolo a la hora de ir a un hospital público, lugar que en teoría garantiza un derecho fundamental, como es el de la salud.

Si bien, y es menester reconocer que se ha puesto en marcha un plan de emergencia, a fin de evitar el colapso de este deteriorado sistema, pero el parche no sostiene y comienzan a filtrarse las miserias.

Ahora bien, es reconocible el trabajo que vienen haciendo, la exposición que ello implica, y la responsabilidad que recae en sus manos. No obstante, desde el momento que comenzaron a ejercer su profesión, han elegido exponerse a diversas enfermedades, en pos de su tratamiento/cura, de acuerdo a su labor, es un riesgo que deben correr. Es por ello que cito su juramento hipocrático que menciona: “COMO MIEMBRO DE LA PROFESIÓN MÉDICA: PROMETO SOLEMNEMENTE dedicar mi vida al servicio de la humanidad; VELAR ante todo por la salud y el bienestar de mis pacientes; RESPETAR la autonomía y la dignidad de mis pacientes; VELAR con el máximo respeto por la vida humana; EJERCER mi profesión con conciencia y dignidad, conforme a la buena práctica médica (…)”. Por el contrario, lo que no merecen es exponerse a trabajar en situaciones indignas como el sistema de salud por años lo ha hecho, por falta de materiales, contratación de nuevo personal, falta de espacio, conservación de la infraestructura del establecimiento, bajos salario, entre otras.

Sin embargo, ¿es causa suficiente lo anteriormente mencionado sumado a su cansancio personal para eximirlos de sus responsabilidades?, podría afirmarse que como hoy no se le puede ofrecer mejorar sus condiciones laborales actuales, ¿lo eximo de toda responsabilidad a posteriori, para salvaguardar a cada profesional de salud en cuanto a las decisiones que tome sobre las vidas humanas?.

Es de suma relevancia aclarar que pese a ser la preocupación principal el Covid-19, y sin minimizarlo, ya que se trata de una pandemia mundial que se ha llevado millones de vidas, cambiando la realidad en general de todas y todos. Conviven otras enfermedades que continúan su curso, y no se detienen por el aislamiento, ni entienden que no sería un buen momento para surgir y desarrollarse, porque implicarían una fórmula letal.

No sólo porque la conjunción del Covid-19 con las mismas, si no porque el sistema de salud tiene en el centro del foco al tratamiento de este virus, más no del resto, dirigirse a una guardia por otro problema que no sea Covid-19 se ha vuelto una controversia y causas de malestar.

Entonces, ¿cómo podríamos eximirlos de la responsabilidad que implica su accionar, cuando se envían a esos pacientes de regreso a su casa porque el virus no lo tienen?, incluso la atención médica suele estar cargada de malestar y maltrato hacia ellos, pero esto no es de ahora.

No se puede justificar a los profesionales de la salud que lo hacen, su enojo hacia las personas enfermas carece de sentido alguno, perdiendo de vista su labor, el respeto a la vida, al estado de vulnerabilidad de los pacientes que se han dirigido a un establecimiento de salud. Las decisiones que deben tomar son sumamente importantes, como decidir quién vive y cómo lo hace, su inacción o falta de prudencia le cambia la existencia a un ser.

Es por ello que es fundamental la transparencia en el proceso médico, donde la información sea clara al paciente y a sus familiares, a sabiendas que su proceder fue acorde.

Es inadmisible el proyecto como “premio” a aquellos que hoy deben sostener un sistema olvidado, a costa de vulnerar derechos fundamentales con raigambre constitucional, incluso reconocidos de forma implícita en nuestra constitución nacional, como el de la vida y la salud.

No es mi intención generalizar, porque hay excepciones maravillosas, como suele suceder en todos los ámbitos, que se dedican con seriedad, responsabilidad y profesionalismo. Hoy son una pieza fundamental en esta actualidad extraordinaria, su esfuerzo debería ser recompensado de otra forma pero no esta.

No pueden olvidarse que siempre han tenido en sus manos nada más y nada menos que vidas humanas, por lo tanto deben trabajar con el respeto y la dedicación que ello merece. En caso contrario, existen consecuencias y deben asumirlas.

Débora Díaz
Abogada, especialista en Derecho de Familia, recibida en la Universidad de Buenos
Aires, me desempeño como abogada y coordinadora del departamento Civil del estudio jurídico Leguizamón-Rodríguez.

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