Presentan libro sobre la publicidad oficial en la Argentina

Mañana a las 18 hs. se presentará de modo virtual (https://publicidadoficialenargentina.eventbrite.com.ar/) el libro de José Magioncalda, que abarca diferentes aspectos de la publicidad oficial. La presentación contará con la presencia de Darío Lopérfido, Silvia Mercado, Yamil Santoro, Antonio Fratamico y Juan Aguirre. De todos los aspectos en que incursiona la obra, uno de los que seguramente despertará mayor interés, consiste en cuál debe ser la conducta de los funcionarios en las redes sociales. ¿Es publicidad oficial la difusión en redes de la actividad de gobierno ¿Hasta qué punto se consideran personales las cuentas de los funcionarios donde se publicita la obra de gobierno? ¿Pueden los funcionarios bloquear a los ciudadanos?

En relación a este tema, transcribimos un extracto de la obra antes mencionada:

Como ya se ha mencionado, la definición de publicidad oficial que nos ofrece el artículo 1º de la Resolución de la Secretaría de Comunicación Pública Nº 247 E/2016 sostiene que publicidad oficial es: “Toda forma de comunicación, anuncio o campaña institucional, de carácter oneroso, gratuito o cedido por imperio legal, efectuada a través de cualquier medio de comunicación para difundir acciones o informaciones de interés público”. Está claro, entonces, que cuando los entes del Estado comunican en las redes sociales (que son medios de comunicación), no están haciendo otra cosa que publicidad oficial. Asimismo, no se debe dejar de advertir que este tipo de publicidad es, hoy en día, una de las vías más importantes de comunicación, muchas veces interactiva, entre el Estado y los ciudadanos.

Donde la cuestión ha presentado algunas discrepancias es en la publicidad que de los actos públicos realizan los funcionarios a través de cuentas personales en las redes sociales. ¿La actividad de los funcionarios en las redes sociales, es publicidad oficial? Nadie obliga al funcionario a comunicar aspectos de la gestión de gobierno en las redes sociales desde una cuenta propia. Sin embargo, sí está obligado a informar a la ciudadanía respecto de la gestión de gobierno (art. 2º de la Ley 25.188, inc. e). Por lo tanto, una vez que el funcionario decide que va a comunicar regularmente por las redes sociales a través de una cuenta personal, dicha tarea debe ser considerada publicidad oficial, y ha de estar sujeta a todas las normas que rigen esa actividad y, en particular, a las normas de ética en ejercicio de la función pública.

Puntualmente, se han producido conflictos derivados del bloqueo que realizan funcionarios, a ciudadanos que osan realizar críticas en las redes.

Ahora bien, el Código de Ética de la Función Pública (Decreto 41/99) en su artículo 20 establece que “El funcionario público debe ajustar su conducta al derecho que tiene la sociedad de estar informada sobre la actividad de la Administración”.

De este modo, cuando el funcionario bloquea a un ciudadano, le impide el acceso a información pública relevante, por uno de los modos más sencillos y masivos que ofrecen las nuevas tecnologías. Si la norma exige mostrar la mayor transparencia sin restringir información, el funcionario no debe desandar el camino iniciado al informar por la red social. Volver sobre sus pasos, en esta materia, importa una vulneración de su deber de informar, ya que el mismo tiene como contrapartida el derecho humano de acceso a la información y la libertad de expresión (ver art. 13 de la Convención Americana de Derechos Humanos), ambos regidos por el principio de progresividad (art. 26 de la citada Convención).

Asimismo, el art. 25, del Código de Ética de la Función Pública, establece el principio de IGUALDAD DE TRATO al sostener que: “El funcionario público no debe realizar actos discriminatorios en su relación con el público o con los demás agentes de la Administración. Debe otorgar a todas las personas igualdad de trato en igualdad de situaciones. Se entiende que existe igualdad de situaciones cuando no median diferencias que, de acuerdo con las normas vigentes, deben considerarse para establecer una prelación…”.

De este modo, si no existe una actitud del ciudadano que razonablemente conlleve la necesidad de su bloqueo por parte del funcionario, se está frente a un acto arbitrario, de restricción del derecho a la información. De este modo, el ciudadano queda imposibilitado de acceder por esa vía al funcionario, tal como lo hace el resto de los usuarios de twitter, así como la posibilidad de cuestionar públicamente dicha información, a través de la propia red social e interactuando con sus publicaciones.

A mayor abundamiento, la ley 27275, sostiene en su artículo 1º, que “El acceso a la información pública sólo puede ser limitado cuando concurra alguna de las excepciones previstas en esta ley, de acuerdo con las necesidades de la sociedad democrática y republicana, proporcionales al interés que las justifican.” De más está decir, que no existe motivo justificado que impida a un ciudadano el acceso a la actividad pública de un funcionario en twitter, ni al contenido informativo difundido en ejercicio de dicha actividad.

Tal como lo sostiene el art. 26 del Código de Ética de la Función Pública, el funcionario no debe “con motivo o en ocasión del ejercicio de sus funciones, … adoptar represalia de ningún tipo o ejercer coacción alguna contra funcionarios u otras personas, que no emane del estricto ejercicio del cargo”. Así, no existiendo norma alguna que permita restringir el acceso del ciudadano, está claro que la decisión de bloquear no emana del estricto ejercicio del cargo que ostenta el funcionario bloqueador.

Con esta conducta, también se ven vulnerados los deberes de dignidad y decoro previstos en el art. 32 del Código citado, que le exige actuar con sobriedad y moderación respecto del público y conducirse con respeto. Contrariamente a lo que exige esta norma, el bloqueo es una conducta extrema, no moderada, y una falta de respeto a las opiniones del ciudadano.

Finalmente, cabe destacar que el art. 34 del Código de Ética de la Función Pública establece el deber de TOLERANCIA, y sostiene que “El funcionario público debe observar, frente a las críticas del público y de la prensa, un grado de tolerancia superior al que, razonablemente, pudiera esperarse de un ciudadano común”. Desde ya que la tolerancia se refiere a críticas y opiniones, razón por la cual, nada obstaría a la existencia de un reglamento que permitiera aplicar la solución del bloqueo frente a agresiones deliberadas. Nadie está obligado a soportar insultos por más funcionario que sea.

Lo dicho hasta aquí no es una mera interpretación de las normas vigentes, sino que también se ve respaldado con pronunciamientos judiciales que durante 2017 han tenido lugar en otras partes del mundo.

Edgardo Marano

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