¿Qué tienen en común la Fundación Apolo y el Arzobispo de Córdoba?

Cuando los políticos en el gobierno son corruptos y se protegen entre ellos en lugar de limpiar la casa, la sociedad se ve obligada a exigir honestidad y transparencia a través de sus instituciones. 

El Ejecutivo no reacciona, incluso ante el reclamo puntual y público de la segunda al mando, la Vicepresidente, acerca de los “funcionarios que no funcionan” como escribió la que designó a Fernández a dedo y le dio votos para llegar al sillón de Rivadavia.

Para quebrar la omertá, bien valen las organizaciones que nuclean al ciudadano, ya sea como profesionales (por ejemplo, los Colegios Médicos podrían ser más contundentes en la defensa de sus colegiados), como empresas y trabajadores (Campo + Ciudad), algún gremio que reaccione… y las Asociaciones Civiles dispuestas a pelear la batalla legal y dar a la Justicia las herramientas que necesita: denuncias.

Desde hace mucho tiempo, la Fundación Apolo toma la responsabilidad de llevar adelante esta ardua tarea en representación de los derechos civiles, ante cualquier atropello o ilegalidad en el proceder de un funcionario y dejando de lado el espacio político al que pertenezca el denunciado.

Por eso se inscribe como un garante de los derechos en esta democracia no auditada, que pierde una y otra vez la oportunidad de hacer un buen gobierno.

 ¿La insensatez de sostener a los inútiles y a los corruptos tiene un trasfondo de temor o de ineficiencia?

En este momento en especial, un enero a todo ritmo, le avisamos desde este espacio periodístico al Presidente que si quiere esconder la mugre debajo de la alfombra, QUE NO HAY ALFOMBRA.

El rey está desnudo, la corrupción es evidente y no nos insulte, señor Fernández, no nos acuse.

En el conocido caso de Victoria Donda respecto de su empleada doméstica, la Fundación Apolo denunció a la titular del Inadi por “fraude a la administración, incumplimiento de deberes de funcionario y abuso de autoridad y malversación de caudales públicos”. 

Los legisladores de Juntos por el Cambio reclamaron, a su vez, que Donda explicite la situación.

Así lo consignan los colegas de Clarín y de Perfil, entre otros medios masivos que están dando al tema la importancia que merece y necesita. 

Porque la titular del Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo (INADI), debería tener una conducta intachable, ocupando el espacio de la defensa de quienes precisamente está discriminando. Tampoco se tolera y se denuncia “por la posible comisión de delitos de fraude a la administración, incumplimiento de deberes de funcionario público y abuso de autoridad, y por malversación de caudales públicos” al ofrecer a su empleada doméstica personal un plan social y un cargo en el organismo, que sostenemos los ciudadanos con nuestros impuestos para que esté a cargo de profesionales de excelencia que desempeñen su labor de manera eficiente.

La denuncia penal incluye “el reconocimiento por parte de la denunciada -a partir del escándalo producido con el ofrecimiento de un contrato en INADI a su empleada doméstica- de que habría incorporado personal a ese organismo en función de la «cercanía» de éstos con su persona”.

Los abogados José Lucas Magioncalda y Juan Martín Fazio no se “quedaron en casa” y extendieron su denuncia ante la Oficina Anticorrupción, “por la vulneración de diversas normas y principios establecidos por la Ley de Ética en el Ejercicio de la Función Pública y por el Código de Ética de la Función Pública”.

Alegan que la funcionaria denunciada no cuenta con la “idoneidad moral” que requiere el cargo y solicitaron que la Oficina Anticorrupción inste al Poder Ejecutivo a que cese en sus funciones.  No sólo se denunció la situación popularizada, además se consignó que la empleada doméstica no tiene los aportes sociales correspondientes de todo el año 2019, de noviembre y diciembre de 2020” ni está inscripta en una ART. “De lo expuesto puede inferirse que los ofrecimientos en cuestión tuvieron que ver, como lo ha sostenido el letrado de la trabajadora en medios periodísticos en que las irregularidades registrales impedían a su clienta el acceso al beneficio jubilatorio y al cumplimiento por parte de la funcionaria denunciada de otras obligaciones de índole laboral”. 

El escrito además reclamó: “Debe  profundizarse cuál hubiese sido la gestión ofrecida por Donda a Oxa y su hermana – ¿hacer valer su cercanía al poder de turno y su condición de funcionaria para agilizar algún trámite?, de ser así, ¿lo hizo con anterioridad?

Por otra parte, consideramos que de corroborarse las declaraciones de la funcionaria en relación a que “todos los que entran a trabajar es por la cercanía” considerando el contrato estatal ofrecido una “mejora laboral”, además de violentar el art. 16 de la Constitución Nacional y la normativa especial que rige el empleo público y la idoneidad de sus trabajadores, podrían encuadrar típicamente en las previsiones de los arts 174 inc 5º (en su modalidad de administración infiel) o 261 CP, según los elementos típicos que puedan corroborarse durante el trámite de las presentes”, consignó. 

Concluyó la denuncia: “El hecho de que la funcionaria reconozca que contrata personas de su cercanía en el organismo que preside, sin ponderar su idoneidad o las necesidades funcionales del organismo que administra, encuadraría en las previsiones del art. 248 CP que reprime al ‘… funcionario público que dictare resoluciones u órdenes contrarias a las constituciones o leyes nacionales o provinciales o ejecutare las órdenes o resoluciones de esta clase existentes o no ejecutare las leyes cuyo cumplimiento le incumbiere’”. 

A partir de la denuncia de la Fundación Apolo, la Justicia recibe la solicitud para citar a las damnificadas a prestar declaración testimonial y también a obtener una copia de las conversaciones entre ambas. También se cuestionaron los contratos de los empleados del INADI y se requirió el secuestro de los teléfonos celulares de Donda “ante la posibilidad de que se eliminen los registros”. 

La causa penal, que lleva el número 33/2021 quedó radicada en el Juzgado Criminal y Correccional Federal Nº 6, a cargo de la Dra. María Eugenia Capuchetti. La denuncia en la Oficina Anticorrupción lleva el número de expediente web 6743.

En representación del espacio Juntos por el Cambio, los diputados Waldo Wolff, Fernando Iglesias, junto a Carmen Polledo, Graciela Ocaña, Pablo Torello y otros, manifestaron al Poder Ejecutivo que la funcionaria en cuestión «brinde las explicaciones pertinentes respecto a informes periodísticos que indican que la funcionaria ofreció a una empleada particular suya un plan asistencial estatal y/o un puesto en la administración pública nacional a modo de aparente compensación por sus servicios y/o de no formular reclamos laborales«.

El pedido de informes especificó: «La cuestión supera las transgresiones administrativas a la legislación laboral para transformarse en la posible comisión de un delito. La funcionaria, además de inducir a la trabajadora indebidamente a silenciar sus reclamos, pretende disponer de los bienes del Estado como si fueran propios, con una liviandad asombrosa y vulnerando la igualdad ante la ley. Todo esto, en aras de preservar su propia imagen e interés personal«.

Asimismo, destacó que «La situación resulta tanto más lamentable cuando se recuerda que durante toda su trayectoria pública Donda se ha proclamado defensora de los humildes, las minorías y de los derechos e igualdad de las mujeres«.

De este modo, la sociedad a través de sus instituciones asume con coraje la necesidad de transparencia en la función pública, tal como la iniciativa Ficha Limpia, que está logrando reconocimiento en legislaturas provinciales que apoyan la perspectiva ética que debería ser natural en todo gobierno.

La democracia representativa no puede quedar en la esfera de los ideales inalcanzables, el ciudadano no puede ser una cándida niña persiguiendo el final del arco iris… somos más que eso, si nosotros somos honestos, nuestros gobernantes deben serlo. Debemos exigirlo y la Ley deberá estar a tono. La casa no está limpia hasta que la limpiamos. Debemos estar y seguir estando alertas.

Escribo estas palabras mientras cuento los días que faltan para conmemorar el sexto aniversario del asesinato del Fiscal de la Nación Alberto Nisman. 

En este sentido, la mirada de los partidos políticos debe primar por sobre su situación respecto del Poder y ser cada uno de ellos su propio los ejecutores de su depuración, al advertir alguna situación fuera de lugar o un funcionario que viole los principios que juramenta ejercer. 

No se comprende, entonces, que el mismo Frente de Todos no esté pidiendo que se hagan cargo de sus conductas los “funcionarios que no funcionan”, porque están ninguneando a su propia líder, que les reclama carta tras carta, que sean eficientes.

Los doctores Magioncalda y Fazio pertenecen al espacio de Republicanos Unidos. Por ello, el ejercicio profesional desde la Fundación Apolo está vinculada a la ética, que no sólo es un planteo declarado sino un ejercicio constante.

Al respecto, el Dr. Magioncalda brindó declaraciones exclusivas a políticos.com.ar 

El hecho escandaloso que nos instó a la denuncia, en teoría ya estaría denunciado por los abogados de la empleada, pero nuestro enfoque apunta a la práctica acostumbrada de este tipo de maniobras, ya que Donda declaró que es habitual la incorporación de personas al organismo que conduce por razones de cercanía personal. Entonces estamos pidiendo que se investigue cuántas personas ingresaron en esa situación. Porque en tal caso habría una vulneración del derecho de acceso al cargo público en función de la idoneidad y los perjuicios al Estado que la harían incurrir a la denunciada, posiblemente, en los delitos denunciados (incumplimiento de deber de funcionario público, malversación de caudales públicos y fraude a la Administración)”.

Es decir que, en lo que hace al aspecto penal de nuestra denuncia, esto excede el hecho concreto que da lugar al escándalo y apunta a cuestionar una práctica política pero a su vez ilícita que ella misma reconoce en un intento de justificación de lo que ocurrió con su empleada doméstica”.

Además la denuncia presentada ante la Oficina Anticorrupción “porque el hecho en sí y la conducta permanente que ella declara, de incorporar empleados en base a la cercanía personal, también vulnera una serie de principios y normas del régimen de ética en el ejercicio de la función pública.”

Destacamos, por sobre acciones puntuales, la inhabilidad moral, es decir la idoneidad no sólo abarca, de acuerdo a las normas de ética pública, a cuestiones profesionales, formativas y de experiencia en una tarea sino también a la credibilidad que el funcionario le otorga a su trabajo y a las instituciones que representa a partir de la honestidad y la conducta ética que debe tener”.

Por eso nosotros afirmamos que estaría afectada la idoneidad moral, fundamentalmente porque quien representa a un organismo que está en contra de la discriminación, la xenofobia y el racismo no puede seguir al frente si se comprueba que estuvo explotando y “negreando” a su empleada doméstica, quien además se encuentra en situación de vulnerabilidad y es extranjera, inmigrante”.

Además del trabajo del periodismo hemos investigado personalmente y hemos constatado que Donda no está inscripta como empleadora y sólo hizo aportes parciales durante los primeros diez meses del año 2020 y que la trabajadora ni siquiera está inscripta en ninguna ART (hecho verificable ingresando a la página de la Secretaría de Riesgos de Trabajo)”.

Evidentemente creemos que hemos hecho un aporte considerable para que la Justicia profundice la investigación y que la Oficina Anticorrupción recomiende al Poder Ejecutivo (única autoridad que puede remover a esta funcionaria) que la cese en el cargo”.

Córdoba a la vanguardia de la ética

El arzobispo de Córdoba, Monseñor Carlos Ñánez, desde su perspectiva completamente ajena a intereses partidarios, abogó a favor de los valores. Ante la cámara de Canal 12, declaró para el noticiero local que “En nuestra Argentina y desde hace ya muchos años padecemos otro virus tan o más grave. El virus de la corrupción. Se debe reconocer la presencia de este mal y no permitir que la conciencia ante él se adormezca, se anestesie, lo naturalice. No se debe tolerarlo, de ningún modo”. 

No se debe buscar sacar ventajas de la corrupción en sus diversas concreciones, en provecho propio. Al contrario, se debe forjar entre todos un clima común que impulse y anime a vivir en la verdad y a practicar el bien, tanto en las cosas pequeñas como en las grandes e importantes”.

El que es fiel en lo poco, también es fiel en lo mucho y el que es deshonesto en lo poco, también es deshonesto en lo mucho”.

La responsabilidad social para superar la corrupción debe manifestarse especialmente en el momento de discernir y emitir el voto en las elecciones. Un voto que debe ser enteramente libre y responsable. No se debe apoyar con el sufragio al que no se compromete a luchar contra la corrupción o transa con ella”.

Monseñor Ñáñez cerró con estas palabras: “A quien resulte elegido se le debe pedir cuenta respetuosa y legítimamente de ese compromiso”.

El video de las declaraciones puede verse en el siguiente link

Fuentes: Clarín, Perfil, video canal 12 de Córdoba

Marcela Zadoff
Lic. en Letras Modernas de la Universidad Nacional de Córdoba. Redactora. Editora. Experta en Comunicación Institucional

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