Reforma judicial argentina: Réquiem para el Derecho

Si la Argentina se encuentra desbordada de problemas y de los cuales la ciudadanía media resulta indefectiblemente víctima recurrente de la impericia y corrupción de su clase política en general, aparece ahora una cuestión que, por estos días, considero como una herida mortal al sistema republicano consagrado por la Constitución Nacional en cuanto dispone, para su forma de gobierno, aquello de representativo, republicano y federal.

Esto es, que el pueblo no gobierna ni delibera sino mediante sus representantes –representativo-, se divide en tres poderes independientes y autónomos -republicano- y, finalmente, alude a la unión indestructible de estados indestructibles –forma federal-.
Desde esa óptica o marco de tratamiento, ha surgido como extremo de esencial institucionalidad para la Nación, la anochecida idea de reformar a uno de los tres poderes del Estado: la Reforma de la Justicia Federal.

Al respecto, la primera incógnita que surge casi espontáneamente plantearse, es la de preguntarse si en efecto, nuestros representantes han sido elegidos por el soberano –pueblo- para cometer, o no, semejante asesinato institucional. Es imprescindible el planteo, para dilucidar si el intento es realmente concebido para concretar la vital y necesaria mejora del sistema para una mejor aplicación del Derecho en la Administración de Justicia o muy por lo contrario, se constituye en un intento muy mal camuflado para consagrar la Impunidad Definitiva a favor de quienes, precisamente, bajo el sofismo de la llamada “década ganada” gobernaron maquiavélicamente la Argentina con el aparente objetivo de enriquecerse descomunalmente con el dinero público proveniente del esfuerzo y sacrificio de la ciudadanía.

El Servicio Público de Justicia evidentemente ha puesto contra la pared a quienes presuntamente han utilizado la tan honorable más alta función ejecutiva, sólo como una vestidura para ocultar sus verdaderas intenciones de bañarse con riquezas incalculables y de lo cual, parecieran no encontrar resquicios para escapar: sus pasados los condenan.

Para despejar cualquier duda al respecto y no parecer que esos conceptos responden a una idea de “persecución política” que como latiguillo ya harto utilizado ante la falta de pruebas concretas que demuestren lo contrario, es oportuno señalar que las acusaciones procesales que pesan sobre la expresidente y su púlpito más próximo, se fundamentan tal cual lo exige la ley, en hechos puntuales y pruebas concretas que prima facie así lo acreditan. Así funciona la ley y de suyo, la garantía de la igualdad, por la cual se debe tratar igual a quienes se encuentran en igualdad de condiciones.

Ello significa para el caso de los autores de la década ganada, que todo funcionario público que se ha enriquecido ilícitamente resulta encuadrado en las previsiones que tipifica la ley argentina vigente y aplicable frente al hecho supuestamente delictivo; esto es, el Código Penal de la Nación. Cabe destacar para el ciudadano lego en la materia, que en ese sentido, alcances y efectos, se invierte la carga de la prueba. Esto es, funcionario público que no puede justificar su monumental crecimiento económico, debe probar y no declamar infantilmente, de dónde proviene, cuál es el origen genuino de su enriquecimiento. El resto, todo lo demás, jurídicamente no posee ningún valor exculpatorio.

¿Qué es el Derecho?

La noticia sobre la tentativa de Reforma Judicial me ha provocado un verdadero escozor.
Me resulta inevitable transitar intelectualmente por un sinnúmero de conceptos filosóficos y jurídicos elementales pero a la vez trascendentes, que observo situados al borde de un gran abismo sin fondo, como consecuencia indefectible que acarrea tan trasnochado intento de modificar, fundamentalmente, la justicia federal argentina por parte de quienes al resguardo de un presidente “de ocasión” echan mano a herramientas endebles porque en realidad no pueden acreditar en las diversas causas penales en trámite, el origen de la riqueza imperial acumulada en ocasión del ejercicio funcional.

“Cuando se apaga la luz, se enciende…”, reza la famosa publicidad. Con una administración de justicia cualitativamente eficaz, no se debiera parar la motorización de los procesos penales hacia la obtención de sentencias definitivas.

Ante semejante río revuelto que ha generado la pretensión cristinista de modificar la justicia a su gusto y medida, como confección prêt-à-porter, el tránsito intelectual me dirige a interrogarme sobre una cuestión, que la ciencia jurídica-filosófica, no ha podido responder de manera unívoca y universal: ¿Qué es el Derecho?

Considero a ello, como cuestión fundamental y neurálgica para el tratamiento específico de la temática periodística que vengo planteando. Es que, la administración de justicia, no es otra cosa que el otorgamiento o no, del Derecho a la ciudadanía en los casos concretos que diariamente se tramitan en las sedes judiciales de todo el mundo.

Así, cabe referirme a que existen tres corrientes o escuelas iusfilosóficas que a nivel mundial, intentan explicarnos aquello emparentado a una definición del Derecho.

En ese orden, el positivismo jurídico y su escuela analítica de Oxford, representada fundamentalmente por J. L. Austin y H. L. A. Hart, de donde el Derecho no es ni más ni menos que un conjunto de normas imperativas dotadas de coerción. Podemos establecer, que en esta línea se enrola quien, tal vez, ha ejercido mayor influencia en el sistema jurídico positivo argentino, Hans Kelsen: “no hay otra norma que la positiva. La norma es producida por un acto de derecho que recibe su significación jurídica de otra norma».

Define la norma así: “Norma es el sentido de un acto con el cual se ordena o permite, y en especial, se autoriza un comportamiento”. El prestigioso jurista austríaco y de origen judío, en su “Teoría Pura del Derecho” culmina expresando específicamente acerca del Derecho: “Es el conjunto de normas positivas que regulan la conducta humana estableciendo unas reglas de Derecho en las que une dos hechos, los cuales son la conducta ilícita y la sanción por medio de la imputación”. Por lo tanto para esta escuela o corriente, el Derecho es lo que establece la ley vigente; pasan a un segundo plano, casi imperceptible, otras fuentes como la moral y los usos y costumbres. Tradicionalmente, ésta es la esencia del sistema argentino.

Otra segunda corriente o concepción jurídica, es la llamada escuela iusnaturalista, cuyo más fiel exponente, Ronald Myles Dworkin, fue un filósofo del derecho y catedrático de derecho constitucional. Nacido en el año 1931 en Providence (Rhode Island, Estados Unidos) y fallecido en el año 2013 en Londres (Reino Unido), cursó su formación la Escuela de Derecho de la Universidad de Harvard. Su teoría del derecho es una de las contemporáneas más influyentes respecto de la naturaleza del derecho.

Según The Journal of Legal Studies, fue el segundo autor estadounidense del siglo XX más citado en el campo del Derecho. Para esta línea filosófica encabezada por Dworkin, el Derecho es una combinación de distintas fuentes; se insertan en ello, tanto las normas positivas propiamente dichas, pero asimismo la moral y los usos y costumbres. Sostiene en cuanto a la función de administrar justicia, que los Jueces crean el Derecho como una consecuencia de los planteos de los abogados: “El Imperio de la Justicia”. De allí, que cualquier magistrado puede decidir extender la responsabilidad de una empresa fabricante de prótesis mamarias a tener que indemnizar a todas las mujeres que hubieran insertado en sus anatomías, las mismas prótesis que causaron cáncer a una sola mujer en el caso concreto. Es una clara aplicación del Derecho no solo en función de la ley, sino que, basado en la moral por su peso específico.

Por último y como revelación de la tercera corriente iusfilosófica dominante a nivel mundial, nos encontramos con la llamada escuela escandinava. Su máximo exponente, Alf Niels Christian Ross, fue un filósofo del Derecho danés, formidable representante del Realismo Jurídico Escandinavo, corriente que postula la representación del Derecho vista desde un punto de vista realista y sociológico. Perteneció a la escuela empirista-emotivista de la filosofía del derecho. Básicamente, su teoría introdujo el empirismo o también denominado pragmatismo jurídico. Ha planteado al Derecho no ya como un “deber ser” (escuelas positivista y iusnaturalista), sino como un “ser”. Cuando un Juez decide aplicando el Derecho, no hace otra cosa que reflejar la realidad social de la actualidad en la que le toca ejercer su función.

Considero necesario el haber echado un vistazo general sobre las principales corrientes del Derecho que rigen en los estados democráticos a nivel mundial, incluida la Argentina, para poder alcanzar una verdadera y exacta dimensión sobre la tan mentada tentativa de reformar la Justicia de nuestro país.

Pretendo incursionar en el tema desde el más profundo y fundamentado análisis, para así, exponiendo sobre el Derecho, los derechos y quienes tienen la función de administrarlos desde el Servicio Público de Justicia, el lector pueda comprender en la más alta entidad posible, sobre la gravedad que encierra la disyuntiva entre, por una parte, si la reforma pretendida tiende a garantizar en su máximo esplendor los derechos de la ciudadanía –de cualquier índole-, o si, en cambio y tal cual lo sospecho, “sólo se trata de …” -al decir del autor Lito Nebbia- … echar mano a una herramienta endeble y oportunista … esa es la historia”, ante la imposibilidad de poder justificar precisamente ante “ésta justicia”, lo injustificable que resulta el haberse enriquecido a modo imperial y a costa del dinero del pueblo.

Para poder entender más aún y el lector poder sacar mejores e irrefutables conclusiones, considero muy oportuno aquí, volver a referirme a las tres escuelas jurídicas ya antes mencionadas y que se presentan en distintas regiones democráticas del planeta.

Como puede advertirse, según la corriente que se examine, consecuentemente se tendrá una concepción distinta sobre lo que el Derecho es. A lo largo y a la ancho de la historia de la humanidad, tenemos que no existe una definición universal del Derecho. Ello ha dado lugar a innumerables críticas en relación a establecer, entonces, si el Derecho es o no, una Ciencia de aplicación universal y que pueda darse sus propios elementos y principios.

Ahora bien, pese a no poder haberse dado una definición única sobre lo que es el Derecho –pues será, lo que para cada corriente dice que es-, aparece entonces, un elemento extraordinario y a la vez asombroso. Aunque no se haya podido brindar una definición concreta y universal acerca del Derecho, sin embargo, los más jerarquizados exponentes de cada escuela filosófica, es decir, Hart, Dworkin y Ross, han coincidido pacíficamente en establecer de manera uniforme sobre el mecanismo o modo en que funciona el Derecho.

Y a dicho alcance, tomaré la explicación de Hart. En ese sentido, cuando un automovilista se detiene ante un semáforo con luz roja, lo hace, porque comprende que si en lugar de detenerse continúa su marcha, será objeto de sanción (multa) pues hay una norma que lo obligaba a parar. Claramente dicho ciudadano, comprende solo el aspecto externo de la norma.

Muy por lo contrario, el hombre de Derecho, no solo que entiende esa faz jurídica externa, sino además, que existe un sistema republicano con división de poderes en el ámbito municipal y de lo cual, el poder legislativo (Concejo Deliberante) se encuentra facultado para promulgar la ley (ordenanza) que establece la obligación de detenerse ante el semáforo rojo y que, de violarla, será materia de sanción. Y puede comprender también, que el Poder Legislativo Municipal se encuentra legitimado para crear leyes, pues así lo establece la Constitución Nacional y la respectiva carta orgánica local. Esto es, el Jurista posee un cabal conocimiento, no solo de aquel aspecto externo de la norma, sino que, fundamentalmente, del llamado aspecto interno de la misma.

Y todo ello, se compara con una partida de ajedrez entre profesionales. Habitualmente, el público aficionado que en gran número concurre a los torneos, se aglutinan a contemplar las principales partidas de los más importantes Torneos.

En ese contexto, murmuran sobre las distintas jugadas que podrían realizar los contendientes. En esa actividad intelectual, solo observan las probables jugadas, basados en el movimiento de las piezas que establece el reglamento del ajedrez. Analizan como meros aficionados al juego, solamente desde el aspecto externo de la ley ajedrecística.

Sin embargo, se sorprenden cuando el profesional realiza una jugada por la cual –en apariencia- entrega una pieza de importante valor (sacrificio) y que le permite obtener una ventaja posicional decisiva para ganar el juego unas jugadas más adelante. El ajedrecista profesional, posee un profundo conocimiento interno de las leyes posicionales más elevadas de las normas que gobiernan el juego de ajedrez.

Por esa razón, es que si bien no se ha podido concebir una definición universal del Derecho, se ha podido explicar cómo funciona: exactamente como lo hace el mecanismo aplicado por el ajedrecista profesional. Reitero, básicamente así lo explican Hart, Dworkin y Ross.

Si bien la cuestión resulta de una muy extensa profundidad, con el planteo expuesto pretendo que el ciudadano común pueda, aunque sea mínimamente, comprender desde un plano interno la gravedad y trascendencia que tiene la reforma judicial intentada en Argentina.

No puedo dejar de aludir también, sobre otro aspecto que a mi gusto, vale la pena expresar en el intento de comprender desde que posición debe analizarse tan crucial problemática que trae aparejada la falsa reforma pretendida legislar.

Al efecto, bien cabe traer a colación a quien, para mí, ha sido uno de los cinco filósofos más grandes que ha mostrado la historia de la humanidad. Me refiero al excepcional Martin Buber, el austríaco hijo de un rabino ortodoxo.

En su ejemplar refutación al racionalismo de Emanuel Kant, dijo: “Al Hombre hay que analizarlo no desde el ser contemplativo que, sentado plácidamente sobre las rocas, observa al mar embravecido; muy por lo contrario, el análisis necesita ser formulado a partir de como “ese Hombre” se desenvuelve cuando se arroja a ese mar embravecido”.

Desde esa óptica brillante, la mirada sobre la llamada reforma judicial, entonces hay que efectuarla sin dejar de observar –necesariamente reitero- la tormentosa situación penal en la que se encuentran los pretensiosos autores de la década ganada. Así y sólo de esa manera, se podrá dar la luz adecuada que clarifique la situación, si es que alguna duda cabe todavía.

De manera fácilmente perceptibles y bajo aspectos meramente cuantitativos disfrazados en un aumento de oficinas, mesas, sillas y prebendas anticipadas para nuevos jueces y fiscales adictos e incapaces, solo se intenta un entumecimiento aún mayor e inaceptable, sobre uno de los tres poderes esenciales de la Nación y al solo efecto de abortar los efectos penales de ley argentina para favorecer la crítica situación procesal que en materia criminal, se encuentran los por ahora supuestos enriquecidos ilícitamente en el ejercicio de la función pública al más alto nivel ejecutivo de la “década ganada”.

La República Argentina implora por un cambio cualitativo de los funcionarios públicos judiciales, en el sentido de que solamente dediquen su tan honorable misión pagada con el dinero ciudadano, a interpretar y aplicar las normas legales en dirección a los aspectos externos e internos conforme así, se necesita y exige imperativamente para los Jueces y Fiscales como hombres del Derecho, vaya que lo son.

Si el Derecho, los derechos y las cualidades de los Juristas que ejercitan el rol de administrar Justicia se encuentran actualmente en “terapia intensiva”, ocurrirá de concretarse el sofismo de “reformar”, que la Argentina y desde la más cruel realidad, podrá enarbolar la creación histórica de una composición solo reservada para los más grandes genios de la música clásica.

Así es, que tal cual lo hicieron oportunamente Wolfang Amadeus Mozart y su discípulo Franz Xavier Süssmayr, en el mismo orden ahora, la expresidente Cristina Fernández y el presidente Alberto Fernández, podrán estrenar su obra cumbre: “Réquiem para el Derecho”.

Fabián Moscovich
Abogado. Ajedrecista.

Deja un comentario