Riqueza: Cambiarán la fecha de cálculo para que no sea retroactivo

Ante las fuertes advertencias de los principales tributaristas de la Argentina, el oficialismo decidió introducir algunos cambios en el proyecto conocido como impuesto a la riqueza. El texto que tendría dictamen de comisión el viernes dispondrá que la fecha que se tendrá en cuenta para el cálculo del patrimonio será la de la posible sanción de la ley y no el 31 de diciembre de 2019.

Los expertos en cuestiones tributarias venían indicando que tomar en cuenta una base de cálculo previa, que es la que se utiliza para Bienes Personales, implicaba aplicar el gravamen en forma retroactiva. Por lo tanto, para el Gobierno el peligro era que llovieran los amparos y la aplicación del impuesto a la riqueza quedara congelado.

Claro que esta modificación podría ayudar a ganar tiempo a muchos de los contribuyentes que quedan dentro del impuesto a la riqueza para eventualmente reducir su exposición patrimonial. Por otra parte, quienes tienen cuentas en el exterior y son alcanzados por el nuevo impuesto podrían verse beneficiados. Sobre todo si el estado de las cuentas sufrió la caída de acciones locales, internacionales y también de los bonos argentinos. Es decir que el patrimonio que entra bajo consideración podría caer significativamente respecto a la base de cálculo del 31 de diciembre. Quien tiene a su cargo darle impulso al proyecto es el diputado Carlos Heller, que además preside la comisión de Presupuesto y Hacienda de la Cámara Baja.

Otro de los temas que genera ruido pero que ya no será modificado es que se estaría cobrando dos veces el mismo impuesto, es decir Bienes Personales y el nuevo impuesto a la riqueza sobre los contribuyentes de mayor poder adquisitivo. Estas críticas relacionadas con la “doble imposición” del impuesto seguramente también será uno de los argumentos que lo terminen judicializando.

Para la AFIP resultaría mucho más engorroso empezar a cobrarlo. Esto se debe a que los contribuyentes que podrían verse alcanzados tendrán que realizar una nueva declaración jurada sobre sus bienes en la Argentina y en el exterior, ya no con base al 31 de diciembre de 2019, sino a la fecha que se sancione la ley. “¿No sería más fácil aumentar por única vez la alícuota de Bienes Personales, en vez de inventar un impuesto?”, se preguntaba ayer un especialista.

La base que se tomaría en cuenta para calcular quiénes superan los $ 200 millones es más extensa: Bonos argentinos y vivienda familiar, por ejemplo, están incluidos, mientras que no entran en el cálculo de Bienes Personales. Algo parecido sucede con las acciones en sociedades.

También genera muchas críticas la posibilidad que se aplique una tasa confiscatoria entre Bienes Personales y el impuesto a la riqueza. En los casos extremos podría llegarse a una presión fiscal total del 7,5% del patrimonio, un nivel inédito para este tipo de gravámenes, sin antecedentes a nivel internacional.

Esto implica que aún salvada la cuestión de la retroactividad, subsisten varios elementos de importancia que podrían generar una ola de demandas judiciales si finalmente se transforma en ley.

Según los cálculos de AFIP, tomando como base la declaración del 31 de diciembre de 2019 para Bienes Personales, este nuevo gravamen debería ser pagado por un total de 9.289 personas, que debería contribuir con una suma de $ 307.000 millones. Pero lo más sorprendente es que hay 253 personas (las de mayor patrimonio en la Argentina) que pagarían alrededor de $ 150.000 millones, es decir el 49% de total del gravamen.

Riqueza Vs. restricciones

La Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) le transmitió al Gobierno que en un plazo de cinco días hábiles entregará al Banco Central la información necesaria para que los bancos puedan volver a vender el cupo mensual de USD 200 y normalizar las transferencias en moneda extranjera, según se pudo saber de fuentes oficiales. El organismo previsional no les entregará los datos a los bancos sino al BCRA, que deberá armar una base para que las entidades financieras puedan consultar.

De esa forma, se intentará poner fin a la virtual situación de feriado cambiario de hecho que existe desde el miércoles 16, día en que entró en vigencia la profundización de los controles cambiarios por parte del Banco Central. Esas normas dispusieron que, antes de acreditarle dólares en su cuenta a un particular, los bancos deben chequear que esa persona no sea beneficiaria de planes sociales de la Anses. El organismo previsional ofreció el chequeo a través de una web pública, pero los bancos aseguran que no es viable hacer ese control en forma manual, caso por caso.

Para destrabar la cuestión y quitar incertidumbre en el mercado cambiario, la titular de la Anses, Fernanda Raverta, le comunicó hoy al presidente Alberto Fernández que en cinco días hábiles podrá resolver la cuestión y que los bancos tendrán los datos que necesitan para poder operar.

El punto de la discordia es la implementación de la Comunicación A7105 del Banco Central, la cual establece que antes de hacer una acreditación en una caja de ahorro en dólares perteneciente a una persona física los bancos deben controlar que su titular no sea beneficiario de un “plan o programa caracterizado como de ayuda social, incluyendo los subsidios de carácter alimentario” y que para ello deben “realizar la consulta en la página de Internet de la Anses”. De esa forma, se asegura que los 8,9 millones de beneficiarios del Ingreso Familiar de Emergencia (IFE) no puedan comprar dólares.

Los bancos, ante la imposibilidad de hacer ese control caso por caso, dejaron de vender dólares, alegando que no podían cumplir con la norma. “Los bancos tenemos que vender bien porque, por la ley penal cambiaria, si vendemos mal somos responsables de la venta”, advirtió Claudio Cesario, presidente de la Asociación de Bancos de la Argentina (ABA), que nuclea a las entidades financieras de capital extranjero.

Desde el miércoles 16 no solamente no se vendió más dólar “solidario” sino que desde ese día tampoco se pudieron hacer acreditaciones en cajas de ahorro en dólares de personas físicas, tal como se informó hoy. Esa situación dejó en suspenso miles de transferencias en dólares e hizo que todos los bancos, públicos y privados, frenaran esas operaciones. La misma norma impacta por igual sobre ambos tipos de operaciones.

A raíz del cambio normativo, los bancos debieron adaptar sus sistemas para cumplir con el nuevo escenario cambiario, algo habitual ante una modificación de esa naturaleza. En particular, deberán incorporar a sus sistemas la retención impositiva a cuenta de Ganancias y Bienes Personales del 35%, que se suma al 30% del impuesto PAIS. Pero el chequeo en la web de la Anses resultó un escollo que hasta ahora, entre ese organismo, el Banco Central y los bancos, no había podido ser subsanado, lo que determinó que ya transcurrieran cinco días hábiles sin operación de dólar minorista ni transferencias en dólares a particulares. El problema no impactó en las cuentas en dólares pertenecientes a empresas.

Comunicado conjunto BCRA-Anses

En la tarde del martes, el Banco Central y la Anses emitieron un comunicado para informar que el primer organismo le solicitó al segundo la información para que el BCRA “valide a los bancos los datos necesarios a los efectos de habilitar a personas humanas la compra de divisas para atesoramiento”.

A partir de este acuerdo, las entidades financieras dejarán de consultar en la página de Internet de la Anses para obtener la certificación negativa denegada y realizarán esa certificación contra la base de información del BCRA. La Anses compartirá la información con el BCRA dentro del marco de un acuerdo de colaboración que resguarda la privacidad de la información”, agregó.

El BCRA anticipó además que “eliminará la validación que disponía la Comunicación A7105 para las transferencias que se cursan entre cuentas”.

Giselle Tkaczuk

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