¿Se cumple o no con la cuota alimentaria?

Estamos situados en el marco de un aislamiento preventivo social y obligatorio que parece no llegar a su fin, por el contrario, mutará a tal fin de readecuar la cotidianeidad de todas las personas.

Seguimos insertados en un contexto socieconómico difícil, y en el que no todos se encuentran en las mismas condiciones, por lo que la cuestión planteada en el título es más compleja de lo que se intenta suponer.

El interrogante es qué rol tomará la Justicia ante aquellos incumplimientos a las obligaciones que cualquier persona tenga. Hoy en particular, menciono el pago de las cuotas alimentarias.

Un tema bastante sólido y consolidado en los estrados judiciales, en cuanto a considerar la obligación literalmente como lo establece la ley, como así también la penalización en cuanto a su incumplimiento. Se entiende que el progenitor no conviviente será el que esté a cargo de una cuota en concepto de alimentos, dada la responsabilidad que tiene con el niño, niña y/o adolescente. La misma será acorde en relación a su fortuna y aquellos gastos que debiere afrontar.

No obstante, estamos frente a una sociedad que luego de 100 días de aislamiento ha tenido que modificar su rutina diaria, y sobre todo laboral. No todas las personas han continuado trabajando y percibiendo su remuneración de forma regular, más allá de los esfuerzos por
parte del gobierno de turno para contrarrestrar este infortunio.

Por lo tanto, consideremos qué situaciones se están desarrollando durante este tiempo desde el 30 de marzo, respecto al cumplimiento de las cuotas alimentarias, en definitiva qué sucedió, si se han abonado tal como sus respectivas resoluciones judiciales lo dispusieron, o se suspendieron, o se permitió su cumplimiento parcial en consideración de lo anteriormente mencionado.

En el comienzo del aislamiento, la mayoría de los doctrinarios han expuesto que los alimentos pactados no se suspendían durante el período de aislamiento, en consecuencia debía cumplirse, incluso se sugería a aquel progenitor/a no conviviente que reforzase, si es que sus
posibilidades lo permitiesen, el pago de la cuota a modo de compensación por no ver a su hijo/a, entendiendo que dadas las circunstancias los gastos se incrementarían.

Por otro lado, en el caso de aquellas personas que debiesen cobrar las cuotas alimentarias mediante depósito judicial, a través de la Acordada 9/2020, la Corte Suprema de la Nación dispuso la habilitación de feria para que se ordenen sus libranzas mediante el sistema informático.
Siempre que hayan sido dados en pago, el estado de la causa lo permitiese, y sea considerado procedente por el juez interviniente. Es decir, por más que no contara con la tarjeta de débito, el juez debía dar la orden para que cobraran en el banco.

En relación al incumplimiento de la cuota alimentaria, es considerado no sólo la violación de un derecho elemental básico del niño, niña y/o adolescente, sino también un claro caso de violencia económica. En consecuencia, respecto de aquel progenitor/a que incurrió en el incumplimiento de una o más veces de las cuotas fijadas, ya sea en el marco de un proceso de mediación prejudicial obligatoria o en el de un expediente judicial, se podía hacer la denuncia penal por el delito de incumplimiento de los deberes de asistencia familiar.

A tal fin de informar los medios por los cuales se puede denunciar, dejo las respectivas vías:

– la línea 0800-33-FISCAL (347225)

– el correo electrónico denuncias@jusbaires.gov.ar

– la app DENUNCIAS MPF

– la web www.mpfciudad.gob.ar

– cualquier Comisaría de la Policía de la Ciudad.

Por su parte, la jurisprudencia en el mes de abril se expidió ante un caso de incumplimiento y hace lugar al pedido de la actora, en cuanto solicitó la suspensión de la licencia de conducir, como así también prohibirle su renovación hasta tanto cumpliese con la deuda alimentaria o prestase caución suficiente a satisfacerla.

En el caso, por un lado, se tuvo presente que el demandado no cumplió con su obligación de abonar de manera íntegra la cuota alimentaria acordada y homologada consistente en el pago de $ 500 semanales, como así también que no pudo hacerse efectiva la orden de retener de
sus ingresos el valor de la cuota por cuanto el progenitor fue desvinculado laboralmente, y ya se había procedido también a la traba de embargo de bienes muebles de su propiedad.

Por otro lado, la retención de la licencia de conducir en la vía pública y prohibición de renovar la misma resulta una medida razonable atento al bien jurídico protegido, esto es: las medidas tendientes a resguardar el derecho de alimentos y el derecho a la vida y al desarrollo de un
niño, que prevalece por sobre la libertad de circulación del alimentante. (M., E. E. y otro s. Solicita homologación /// Juzg. Fam. 8ª Nom., Córdoba, Córdoba; 27/04/2020; Rubinzal Online; RC J 3593/20).

Sin embargo, ante las sucesivas prórrogas, algunos doctrinarios flexibilizaron su perspectiva ante el cumplimento parcial de la cuota alimentaria, luego de la resolución 703/2020, donde se disponía el traslado de una vez cada siete días a la casa del otro progenitor o referente afectivo, con quien conviviría ese lapso de tiempo. Con lo cual, se entiende que el progenitor no conviviente a cargo de la cuota, debería afrontar los gastos que impliquen la convivencia con aquel niño, niña y/o adolescente, por lo que no sería improcedente plantear una modificación de la cuota, mas no cese, teniendo en cuenta que se cubren otros gastos fijos que comprende esa mensualidad.

Podría plantearse una equidad entre los progenitores, a tal fin de compensar y comprender la difícil situación que ambos deben afrontar.

De todos modos, continúa siendo una incógnita para las/os abogadas/os si realmente el juez tomará al aislamiento y la situación socioeconómica, como motivos suficientes para aceptar un planteo de ese estilo, o incluso una especie de justificación a un comportamiento distinto a lo ya pactado.

Trataremos de analizarlo cuando haya transcurrido el tiempo, y aquellos progenitores que se encontraron en situaciones desventajosas respecto al otro plantee su situación en los estrados, mientras tanto las obligaciones siguen en pie y la incertidumbre abunda.

Débora Díaz
Abogada, especialista en Derecho de Familia, recibida en la Universidad de Buenos
Aires, me desempeño como abogada y coordinadora del departamento Civil del estudio jurídico Leguizamón-Rodríguez.

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