¿Se prorrogará la Doble Indemnización?

Es la pregunta que nos hacemos todos los abogados laboralistas preocupados por la delicada situación del empleo en la República Argentina.

La duplicación de la indemnización sin justa causa en su última edición en la Argentina (no es la primera vez que experimentamos esta normativa) se promovió vía DNU 34/19, donde además se declaró la Emergencia Ocupacional.

Esto en la realidad fáctica de los hechos se debió a que en diciembre del 2019 la cifra de desempleo ascendía a los dos dígitos y el clima político era de transición, ya que para ese entonces recién asumía el actual presidente de la Nación.

Ni bien el contexto en que fuera aplicado este agravante en las indemnizaciones en los despidos sin justa causa fueran meramente económicos y políticos, en la actualidad a aquella situación se le suma la crisis del COVID-19.

Y es que como si no fuera poco a las crisis endémicas que padece nuestro querido país, se le suma una crisis inédita mundial, que aun en la sanción del Dto. 34/19 no había sido tenida en cuenta.

No obstante, ello, el presente decreto que a priori parece llegar a su fin temporal de vigencia, ha servido de resorte de impedimento de despidos masivos en la República Argentina.

Esto no fue así en otros países del mundo donde se desencadenaron siderales cantidades de despidos.

Sin ir más lejos, en Estados Unidos fueron millones las pérdidas de empleo que se registraron, aún cuando no tuvieron la inmediata cuarentena que si hubo en este país.

Con el avance de la pandemia COVID-19 en lo que fue su desencadenamiento en la República Argentina, el Poder Ejecutivo obró el decreto 329/20, que dio un paso más cuando prohibió los despidos de forma total a los empleadores.

Ciertamente, la fundamentación de este extremismo se debe a que, en situaciones extremas, se implementan medidas extremas.

Ahora, hay una cuestión de relevancia que debe ser aclarada. El decreto 329/20que prohíbe los despidos, no suprime ni desplaza el decreto 34/19 que duplica indemnizaciones en los despidos sin justa causa.

Por el contrario, el decreto 34/19 viene a arropar de protección jurídica a los casos en los cuales el trabajador se ve injuriado y debe operar su despido.

Si no existiere un agravante, aunque sea pecuniario como el caso del decreto 34/19, los empleadores incurrirían en este tipo de prácticas para deshacerse de los empleados sin incurrir en despido y por ende sin abonar agravamientos.

Recordemos que la prohibición de despedir recae sobre la figura del empleador, no así en la facultad de despido del art. 246 LCT de la Ley de Contrato de Trabajo Nº 20.744 que faculta el cese del vínculo de parte del trabajador ante injuria incesante del empleador.

Si tuviera que dar un apresurado vaticinio, de lo que va a suceder en las próximas horas, me parece que es muy factible que el Gobierno Nacional en el marco de la línea tuitiva que viene siguiendo, va a prorrogar la medida.

Hasta el momento, solo resta esperar.

Pero ciertamente, es necesario poder aclarar que la existencia de una prohibición de despedir, no obsta que el agravamiento de la doble indemnización no sea resguardo para los juicios de litigación judicial posterior al levantamiento del Aislamiento Social Preventivo Obligatorio por el art. 246 LCT.

Es menester también mencionar que, en su mayoría, aquellos trabajadores que se agravian y ponen fin al vínculo laboral, son aquellos que padecen los fenómenos de la nula y la deficiente registración.

Estos son los denominados casos de “trabajo en negro”, en fraude al Orden Publico Laboral.

Estos reclaman en los términos de la Ley Nacional de Empleo el cese de la injuria a través del pedido de la Aclaración de su situación laboral y el debido registro.

Ante la negativa del empleador, que siempre se encuentra reticente a reconocer por medio epistolar una relación no registrada, hacen efectivo el despido indirecto, lo que les da derecho a tener acceso a la jurisdicción laboral, para que previo juicio, sea un juez el que ampare a ese trabajador en sus derechos.

Por todas estas aclaraciones prácticas, es que es menester que se deba prorrogar la vigencia de la duplicación indemnizatoria.

Sergio Rodríguez
Abogado, especialista en Relaciones Individuales del Trabajo, recibido en la Universidad de Buenos Aires. Docente universitario y escritor doctrinal de varias editoriales jurídicas del país. Se desempeña como abogado en el Estudio Jurídico Leguizamon-Rodríguez.

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