Toma de tierras: Cuando lo propio no tiene valor

El rol de la propiedad es uno de los temas más antiguos y trascendentales en la historia política de la humanidad. El valor de este concepto para el sano desenvolvimiento de la vida y la prosperidad de la sociedad ha sido clave para el desarrollo del mundo moderno, pero en Argentina sigue existiendo un debate moral, político y social que no logra definir qué rol tiene la propiedad para la sociedad y las leyes que nos gobiernan.

Cuando se habla de propiedad no hay que solamente considerar los grandes capitales o los sectores empresariales, sino que podemos pensar en el ciudadano común, que tras años de trabajo ha podido cosechar una casa, un auto o un puñado de objetos que se ha permitido salvaguardar a pesar de que el Estado, lejos de velar por su prosperidad, ha desencadenado espirales inflacionarios, severas devaluaciones y cargas impositivas por doquier.

Recientemente las tomas de tierras en diferentes partes del sur del país y de la provincia de Buenos Aires han avivado el debate sobre la propiedad. La lógica de la toma de tierras por parte de quienes las usurpan opera sobre el argumento del déficit habitacional.

Las personas que han ocupado terrenos manifiestan no contar con un techo y además destacan que el Estado no les ha otorgado uno. Es por ello que desde su perspectiva, la ausencia de una residencia les permite satisfacer su necesidad apropiándose forzosamente de alguna propiedad. Bajo esta lógica la necesidad parece haberse convertido en un derecho.

Esto no representaría un problema sino fuese por el hecho de que las casas o terrenos usurpados evidentemente ya pertenecen a alguien, y que además estas propiedades son el fruto del trabajo de otra persona, por lo que no respetar la propiedad equivale a no respetar el trabajo del otro.

Ahora bien, ¿una necesidad justifica arrebatarle a mi prójimo el fruto de su trabajo? ¿quien debe resolver esta situación?

El Estado en el ejercicio del monopolio de la fuerza debería encarar este problema, pero vale destacar que la Ministra de Seguridad de la Nación, Sabina Frederic, consideró que “La presión y la conflictividad se traduce en tomas de tierras en diferentes lugares del país, en el sur en particular y en el gran Buenos Aires, pero ese no es un tema de Seguridad”.

Entonces, si el hecho de que un ciudadano usurpe mi propiedad despojándome del fruto de mi trabajo no es un tema de seguridad, ¿que cosa si lo es? Si un dia me quedo sin carga en la SUBE, ¿podría ir a casa de mi vecino y tomar su auto? Porque la conflictividad que genera mi problema de movilidad, traducido en el hecho de que me apropio del auto no sería un asunto de seguridad, al menos bajo la lógica del Estado.

Todos hemos aceptado vivir en sociedad para poder salvaguardar nuestra vida y todos los elementos que podamos obtener en ella, pero en Argentina parece no tenerse claro si podemos gozar o no del fruto de nuestro trabajo.

El principal fin que se proponen los hombres cuando se juntan en comunidad y se someten a un gobierno consiste en mantener sus propiedades” postuló John Locke en 1689, y a pesar de que hace casi 400 años parece haberse conseguido un consenso en este sentido, Argentina aún no define su interpretación acerca del rol del Estado frente a la propiedad de sus ciudadanos.

Parece que para la ministra Frederic el Estado argentino no está organizado para proteger la propiedad, al mismo tiempo que su indisposición a actuar lleva a que ciudadanos se enfrenten entre sí, generando una peligrosa tensión social donde el Estado no se ha hecho presente.

Argentina atraviesa, junto con todo el mundo, una profunda crisis económica y social, pero para poder despegar y poner el país de pie, es necesario tener claro hacia dónde se quiere ir y cuál es el plan para ello, pero es difícil pensar que esto es posible si el Estado no tiene claro qué rol tiene que jugar para sostener el orden.

Sin embargo, lo más preocupante es que los incentivos para vivir en sociedad se comienzan a deteriorar dramáticamente. El Estado como resultado de la vida en comunidad no está siendo capaz de proteger a quienes buscan gozar del fruto de su trabajo, mientras que tampoco consigue auxiliar a los ciudadanos que han quedado rezagados tras el estancamiento económico que atraviesa el país.

Mientras que el liderazgo del país no logra dirimir cuestiones tan básicas, el ciudadano común continúa diariamente luchando contra el sinfín de vicisitudes que plantea la cotidianidad argentina, sin siquiera saber si el Estado que financia estará dispuesto a proteger el fruto de su trabajo, llenando el futuro de una incertidumbre poco prometedora.

Fuente: Diario Perfil

José Manuel Rodríguez Torrez
Venezolano radicado en la Ciudad de Buenos Aires. Responsable de Desarollo en la Fundación institucional Fundación Federalismo y Libertad, estudiante y becario en la Universidad del CEMA.

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