La única cuarentena constitucional es la cuarentena inteligente


La estructura de los decretos de necesidad y urgencia que, uno tras otro, han ido prorrogando el denominado “Aislamiento Social Preventivo y Obligatorio” consiste, básicamente, en una prohibición general de actividades que, de modo directo o indirecto, impliquen la circulación de personas por la vía pública. Y, asimismo, se compone de un esquema de excepciones expresas a dicha restricción general.

En este contexto, el Presidente de la Nación mantiene suspendidos un sinnúmero de derechos constitucionales -todos aquellos que no están exceptuados expresamente en sus D.N.U.- lo cual vulnera abiertamente la Constitución Nacional, generando situaciones inadmisibles de inseguridad jurídica y destruyendo la actividad económica.

En definitiva, el Poder Ejecutivo Nacional no ha optado por una cuarentena inteligente, que haga foco en las situaciones de mayor riesgo y que habilite actividades con los cuidados correspondientes. Por el contrario, optó por una cuarentena medieval, tan fundamentalista y precaria, que ni siquiera se ocupa de las muertes causadas por enfermedades o situaciones ajenas al COVID-19.

Ahora bien, son las leyes las que reglamentan, de modo razonable y sin alteraciones sustanciales, los derechos reconocidos por la Carta Magna. Puede excepcionalmente hacerlo el Presidente, cuando dicta normas de carácter legislativo como los D.N.U., pero sólo en un caso se puede ir más allá de la reglamentación y suspender derechos: cuando se declara el Estado de Sitio.

Sucede que el Estado de Sitio no es aplicable a la actual situación de pandemia, por lo que la restricción absoluta de derechos no es compatible con las herramientas jurídicas que detenta el Poder Ejecutivo Nacional para hacer frente a la crisis sanitaria. De ello se desprende que la denominada cuarentena inteligente, la que combina las actividades con el cuidado de la salud, no sólo es beneficiosa para la economía y, consecuentemente, para la capacidad recaudatoria del Estado, sino que también es la única manera de sobrellevar la pandemia, que permite nuestro orden constitucional.

Lamentablemente, la Justicia viene haciendo la vista gorda a la situación de autoritarismo sanitario con la que se ha sometido a la ciudadanía argentina, y ha rechazado o dilatado una gran cantidad de presentaciones judiciales, en reclamo de diversos derechos suspendidos por una cuarentena que, como dijo el propio Alberto Fernández, va a durar “lo que tenga que durar”.

Quizá uno de los más sagrados derechos que hoy se encuentran prohibidos de modo absoluto sea el de peticionar en la vía pública. En efecto, pese a que muchísimos ciudadanos han salido a las calles a protestar, la realidad es que, si nos regimos por los D.N.U. del régimen sanitario, las manifestaciones callejeras no están dentro de las excepciones contempladas en la norma. Son, por lo tanto, ilícitas y exponen a quienes las llevan adelante a detenciones, procesamientos y sanciones administrativas y penales.

Ahora bien, el gobierno parece no hacerse cargo de la aberración que cometió al prohibir de modo absoluto las manifestaciones en espacios públicos. Sabina Frederic, la Ministro de Seguridad, sostuvo al ser consultada por la multitudinaria manifestación del 9 de Julio que “Hay un decreto que rige desde el 20 de marzo, que nos obliga a aislarnos y a circular de acuerdo al tipo de actividades que hagamos. Eso pone un freno a manifestarse pero el derecho no está prohibido.” La ambigüedad de esta declaración, sin embargo, contrasta con lo que viene ocurriendo en varios puntos del país.

En efecto, sólo por convocar a una manifestación, durante el mes de mayo, un fiscal rosarino abrió una causa en base a capturas de pantallas contra usuarios de redes. También en mayo, un grupo de comerciantes que protestaban en la Ciudad de Córdoba fueron imputados por violar las normas sanitarias. En la zona de tribunales de esa misma Ciudad se detuvo a dos abogados, un psicólogo y una empleada de un estudio jurídico por manifestarse en la vía pública, a fines del mes de abril. En la misma provincia mediterránea, y durante el mes de mayo, fueron imputados veinticuatro gremialistas por manifestarse en las inmediaciones del Concejo Deliberante. Hace un mes, un ciudadano bonaerense que vive en Lobos fue interceptado por personal policial de esa localidad, cuando volvía de una marcha realizada en Capital Federal, tras ser reporteado por C5N. En mayo, el Intendente de Tigre, Provincia de Buenos Aires, tras una protesta de manifestantes que se desplazaron en automóviles, manifestó que pondría a disposición de la Justicia los elementos probatorios relacionados con la protesta. Una fiscal mendocina ya pidió las cámaras de las calles y recolecta videos de las redes sociales para identificar e imputar a personas que participaron de la última marcha del 9 de Julio. Y estos son sólo algunos de los ejemplos que han trascendido.

Desde Fundación Apolo realizamos una presentación judicial tendiente a que se autoricen las protestas en el espacio público a personas que no son “de riesgo”, dentro del distrito en el que dichas personas viven, y sólo los días sábados, domingos y feriados. No obstante las restricciones propuestas, adaptando el derecho a la emergencia sanitaria, la Justicia rechazó la petición y privó a la ciudadanía de ejercer sin temores ni contratiempos, una potestad que es inherente a su libertad. Una potestad que, hoy en día, pareciera ser el único contrapeso a los desbordes del poder político, mientras la división de poderes y los controles que de ella se derivan, brillan por su ausencia.

Jose Lucas Magioncalda

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