Vallejos propuso que el Estado expropie parte de las empresas subsidiadas

«Si el Estado decide subsidiar a grandes grupos sería razonable, como lo han hecho antes y lo están haciendo ahora las economías más desarrolladas, que lo haga no como un regalo a esas empresas, sino a cambio de una participación en el capital de las compañías», sostuvo Fernanda Vallejos a través de su cuenta de Twitter.

La economista planteó a través de una serie de mensajes en esa red social, que «es evidente que, si los recursos no alcanzan para todos, resulta injusto que empresas con probada capacidad y recursos propios para afrontar los salarios de los trabajadores, capturen recursos públicos que deberían servir para cualquier otro fin de primer orden».

Vallejos llegó a esa propuesta tras cuestionar que algunas empresas que están recibiendo asistencia del Estado para pagar sueldos estén siendo investigadas en la Justicia por «distintos episodios de fuga de capitales, que tienen sede o vinculaciones con guaridas fiscales».

La diputada por la provincia de Buenos Aires comenzó su propuesta trazando lo que -considera- es el escenario de crisis que deja el coronavirus: «Es claro que estamos ante una situación extraordinaria que, por la enorme cantidad de dificultades sanitarias, económicas y sociales que implica la pandemia, demanda una fuerte capacidad de respuesta del Estado».

En este sentido, la legisladora kirchnerista planteó que esta situación «implica la inyección de una importante cantidad de recursos que deben ser suficientes para garantizar la preservación del tejido productivo y el bienestar de las familias mientras dura el confinamiento» y remarcó que esto «es crítico para el éxito de la propia estrategia sanitaria».

«Un criterio básico de exclusión sería negarles la ayuda a aquellas empresas que operan offshore, fugan divisas y evitan tributar lo que les corresponde al fisco argentino. En este sentido, vamos a presentar un proyecto de ley que complemente los criterios ya establecidos», señaló en un largo hilo de Twitter .

La diputada oficialista propuso que sería «razonable» que el Estado obtenga a cambio de la ayuda económica del programa ATP, que paga parte de los salarios del sector privado, una participación en el capital de algunas empresas.

La economista expresó que dada la situación extraordinaria causada por la pandemia se espera una «fuerte capacidad de respuesta del Estado». Pero que, sin embargo, este ente debe revisar los criterios utilizados hasta el momento para otorgar fondos de ayuda.

«En este marco, el Estado tiene dos grandes opciones: una es aplicar una política de transferencia de ingresos y distintos mecanismos de ayuda de carácter universal, el otro es asignar esos recursos sólo a quienes el Estado evalúa que los necesitan», puntualizó.

Para la diputada, que trabajó en el Ministerio de Economía cuando Axel Kicillof estaba al frente de la cartera, en este contexto «se tornan cruciales» los criterios aplicados para determinar quiénes acceden a la ayuda del Estado.

Al respecto, advirtió que «la noticia de que varios grupos económicos de los que se tiene conocimiento que han protagonizado distintos episodios de fuga de capitales, que tienen sede o vinculaciones con guaridas fiscales, etc, accedieron al ATP, plantea la necesidad de revisar esos criterios».

En medio de la polémica propuesta de Fernanda Vallejos, Alberto Fernández se reunió con el equipo económico

El gobierno de Alberto Fernández se acerca al punto de inflexión que marcará el pulso de la gestión en el corto plazo. A cinco días del plazo final para llegar a un acuerdo con los bonistas por la deuda externa, el Presidente se reunió este domingo en Olivos con los principales ministros de su gabinete para analizar tres temas prioritarios.

Desde las 17, evaluó junto al jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, el ministro del Interior, Eduardo “Wado”de Pedro, su par de Producción, Matías Kulfas, y el ministro de Economía, Martín Guzmán, las tres contrapopuestas que recibió de los principales grupos de bonistas que rechazaron oferta inicial.

Se trata de una oferta del llamado Grupo Argentina Ad Hoc, integrado también por Ashmore, Fidelity y otros grandes fondos de inversión que poseen más del 25% de la deuda emitida durante el gobierno de Mauricio Macri. Asimismo, hicieron sus presentaciones otros dos grupos de bonistas. El Comité de Acreedores de la Argentina, liderado por Greylock Capital (cuya cara visible es Hans Humes) y el Grupo Ad Hoc de Bonistas del Canje de la Argentina, fondos que poseen más del 16% del total de los bonos emitidos por la Argentina en los canjes de 2005 y 2010. Ese grupo está formado por unos 20 fondos de inversión liderados por Monarch, HBK Capital Management, Cyrus Capital Partners LP y VR Capital Group. Fuentes oficiales manifestaron que existe “cierto optimismo por el resultado del diálogo con los bonistas durante el fin de semana”.

Sobre la negociación de la deuda, el propio Guzmán señaló en una entrevista al portal Cenital, que «el éxito no es un acuerdo que hipoteque el futuro” del país y deje “rehenes de un problema” a los argentinos.

Por otro lado, el próximo sábado termina formalmente la cuarentena -que ya fue extendida tres veces- y el Gobierno estudia cómo continuar con el proceso de “flexibilización”. Dado que en los últimos días se registraron los picos de cantidad de infectados, se trabaja a contrareloj sobre mecanismos para evitar los focos de contagios en el transporte público, además de los asentamientos y las residencias de adultos mayores.

Finalmente, tal como reveló el propio Alberto Fernández, el oficialismo ya tiene listo el proyecto de reforma judicial que podría ser presentado en el corto plazo. Sin embargo, no se haría esta misma semana.

En esta línea, en lo que tiene que ver con la agenda parlamentaria, la Cámara de Diputados volverá a tener actividad durante esta semana en comisiones, mientras se define la fecha de la segunda sesión virtual, en la que se abordará el proyecto sobre recetas médicas electrónicas, entre otras iniciativas vinculadas con la emergencia por Covid-19.

La comisión de Acción Social y Salud Pública, que preside el tucumano del Frente de Todos Pablo Yedlin, se reunirá por videoconferencia este lunes, a las 14, para avanzar en el dictamen del proyecto que habilitaría la prescripción de medicamentos y estudios de salud por receta electrónica.

El texto que se discutirá tiene el consenso garantizado de los bloques ya que surge de la síntesis de iniciativas presentadas tanto por el oficialismo, como los proyectos de Yedlin y Cristina Álvarez Rodríguez, como de la oposición, que trabajó en el tema a través de la radical de Juntos por el Cambio Claudia Najul y la neuquina del MPN Alma Sapag.

A través de un decreto de necesidad y urgencia, el Gobierno nacional ya dio luz verde a la iniciativa y en efecto el sistema ya funciona en la práctica, pero ahora se busca otorgarle un marco legal a la iniciativa.

Además, el proyecto añade un capítulo sobre teleasistencia médica a través de plataformas digitales, una práctica que las instituciones médicas ya están implementando para dar atención a los pacientes en medio de la pandemia de coronavirus.

Según señalaron a la agencia Noticias Argentina altas fuentes parlamentarias del oficialismo, la sesión podría desarrollarse el próximo miércoles o jueves, o a más tardar la semana siguiente.

Edgardo Marano

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