Venezuela: la Asamblea Nacional denunció más atropellos a los DD.HH.

La Asamblea Nacional de Venezuela denunció que durante la pandemia de coronavirus, que dejó en el país 146 muertos y 15.988 contagiados (según datos del régimen de Nicolás Maduro), se agudizó la violación a los derechos humanos de los venezolanos.

“La pandemia de enfermedad por coronavirus alcanzó a Venezuela en una situación de crisis económica caracterizada, entre otros indicadores, por seis años continuos de recesión, cinco años consecutivos de caída del Producto Interno Bruto (PIB) y la disminución de la producción y el precio del petróleo”, comienza el documento publicado por el órgano legislativo, de mayoría opositora.

“Una emergencia humanitaria compleja que compromete severamente el derecho humano a la alimentación de sus habitantes, especialmente de las poblaciones y comunidades en extrema pobreza por los efectos del hambre y la desnutrición“, subraya.

Luego sostiene que, en medio de la crisis, “también resaltan el colapso del sistema de salud y la destrucción de los servicios básicos en el país. En el ámbito político, se presenta una situación de crispación provocada por la voluntad del régimen dictatorial de perpetuarse en el poder para lo que requiere acabar con la disidencia política y bloquear la posibilidad de que la voluntad del soberano se exprese en elecciones libres, transparentes y justas”.

“A pesar de que el primer caso en América del Sur de la enfermedad por coronavirus se detectó el 26 de febrero en Brasil, es el 13 de marzo cuando el régimen usurpador venezolano decide reconocer oficialmente dos casos de infectados en el país, decretando el estado de alarma y una férrea cuarentena como medida para evitar la propagación del COVID-19″, recuerda la Asamblea Nacional.

Luego afirma que se desconoce la cantidad real de personas contagiadas por coronavirus “debido a la oscura forma del manejo de las estadísticas en el país” y que el régimen, “lejos de apreciar la gravedad de la situación y llamar a todos los sectores del país para actuar en forma cohesionada para manejar la pandemia y sus impactos, optó por afianzarse en el control acentuando los patrones de comportamiento que nos han conducido a la catástrofe que actualmente nos agobia, violentando el Estado de derecho y vulnerando los derechos humanos para ocultar la desastrosa realidad del país y aprovechando la desmovilización provocada por las medidas para atacar cada vez con mayor fuerza a la disidencia”.

El órgano legislativo afirma que la esperanza que despertó en el país la firma de un acuerdo humanitario entre el Gobierno Interino y el Ministerio de Salud para realizar un trabajo coordinado con el fin de combatir el COVID-19, con la intervención de la Organización Panamericana de la Salud (OPS) el 2 de junio, “se extinguió cuando en una nueva artimaña orquestada por el régimen con partidos de la denominada mesa nacional de diálogo hizo que el ilegítimo TSJ, violando la Constitución, declarara la omisión legislativa del parlamento y designara un nuevo Consejo Nacional Electoral”.

Respecto al “decreto de estado de alarma”, la Asamblea Nacional de Venezuela expresó que “no cumplió los requisitos constitucionales para su aprobación” y enumeró las violaciones a los derechos humanos durante el estado de alarma que rige en el país como consecuencia de la pandemia:

1- Se recrudeció el cercenamiento de la libertad de expresión y el derecho a la información.

2- Aumentaron las detenciones arbitrarias con fines políticos.

3- Hubo muertos en protestas.

4- Hay ejecuciones extrajudiciales.

5- Continúan las desapariciones forzosas.

6- También la tortura y tratos crueles, inhumanos y degradantes a presos y detenidos.

7- Hay tratos crueles, inhumanos y degradantes a venezolanos que retornan al país después de haber sido forzados a migrar.

8- Hay ataques a viviendas de parlamentarios y dirigentes políticos y comunitarios.

La CIDH expresó “preocupación” por la situación de los trabajadores de la salud en Venezuela

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) manifestó este martes su “preocupación” por la situación de los trabajadores de la salud en Venezuela en el contexto de la pandemia de coronavirus, e instó al régimen de Nicolás Maduro a proteger a esta población que representa el 19% del total de muertes por COVID-19 en el país.

“Es imprescindible que las personas trabajadoras de la salud y del cuidado cuenten con protocolos de bioseguridad, lo que incluye la realización de diagnósticos, equipos de protección y materiales necesarios para desinfección y adecuado mantenimiento de ambientes de salud”, expresó la CIDH en su cuenta oficial de Twitter.

De esta manera el organismo instó a la dictadura a “aplicar las directrices de la Res. 4/ 20, especialmente aquellas dirigidas a protección de los derechos de las personas trabajadoras de la salud y del cuidado que atienden personas con Covid-19″.

Venezuela ha reportado hasta el momento 15.988 contagios y 146 muertes por coronavirus, de acuerdo a datos oficiales recolectados por la Universidad Johns Hopkins, aunque estas son cifras cuestionadas por la oposición y por organizaciones de derechos humanos como Human Rights Watch, y se cree que el impacto real de la pandemia sería mucho mayor.

Extensión del confinamiento

Maduro extendió el domingo el confinamiento reforzado en Caracas y seis estados de Venezuela para combatir el coronavirus, mientras que en el resto del país las medidas seguirán siendo más flexibles, según informó la agencia AFP.

Caracas y los vecinos estados Miranda y Vargas, así como los fronterizos Zulia, Táchira (ambos con Colombia) Bolívar (Brasil) y Sucre (Trinidad y Tobago) entran en “cuarentena radical producto del crecimiento de los casos” de COVID-19, dijo el dictador en una transmisión televisada.

“Es un esfuerzo especial porque estamos en un tiempo de pandemia”, recalcó Maduro, destacando que el virus está “corriendo” en Caracas, donde se registra la mayor cantidad de contagios del país, con 1.746 casos hasta este domingo.

La “radicalización” de la cuarentena obliga al cierre de negocios salvo supermercados, farmacias y otros comercios considerados “esenciales”.

El mandatario no aclaró por cuánto tiempo permanecerían esas restricciones.

Caracas y Miranda estaban bajo dicho endurecimiento desde el pasado 15 de julio tras despertar una «alarma» por la propagación del nuevo coronavirus, dijo entonces Maduro.

Un esquema de confinamiento que el gobierno socialista llama «7+7» está vigente desde junio, que alterna siete días de «cuarentena radical» con siete de «flexibilización» que permiten actividades de sectores económicos distintos a alimentación, salud o seguridad.

Sin embargo, la crisis socioeconómica dificulta el cumplimiento del confinamiento en un país donde cuatro de cada cinco familias no ganan dinero suficiente para cubrir la canasta alimentaria, según un estudio de las principales universidades venezolanas.

Edgardo Marano

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