Whatsapp: notificaciones en materia de violencia familiar

Las notificaciones por Whatsapp implementadas por los juzgados de familia, no sólo innovaron en el derecho, utilizando las herramientas tecnológicas en pos de mejorar el servicio de justicia, sino que además estableció un precedente aplicable a todo tipo de materia.

Las abogadas y abogados no tardaron en solicitárselas a los jueces intervinientes en las causas ya iniciadas y aquellas que recién comienzan.

Ante la inactividad judicial, han surgido cuestiones que fueron consideradas de tal urgencia, que razonablemente habilitaron la feria extrajudicial a fin de atenderlas y expedirse sobre las mismas. No compensan las falencias que han sido evidenciadas del sistema judicial, sin embargo, han cumplido con el objetivo perseguido.

Es de público conocimiento que jueces de la provincia de Buenos Aires, en materia de alimentos provisorios han aprobado que la notificación de las medidas adoptadas fuesen por medio de la aplicación Whatsapp.

Ante un contexto donde se encuentra vigente el aislamiento social preventivo y obligatorio, la flexibilización de las normas procesales son compatibles con el estado de emergencia sanitaria.

Su finalidad es preservar la integridad de las partes y el personal judicial interviniente en el acto a llevar a cabo. Como así también, la celeridad en el proceso, entendiendo, que la forma tradicional de notificación podría ser perjudicial para quien lo solicita.

Un fallo reciente sobre violencia familiar, de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil Sala I, revocó la decisión de grado, autorizando a realizar la notificación mediante la aplicación Whatsapp, de la medida de restricción al denunciado.

Quien notificaría sería la Defensoría General de la Nación, a través de un celular cuya titularidad posee, incluyendo copia de la resolución que ordena la medida, y la resolución de Cámara.

Dado que no es necesario exponer a la denunciante a realizar ningún tipo de comunicación personal, aviso y posterior bloqueo en el servicio de mensajería.

Reconoce que el acceso a la justicia de las mujeres víctimas de violencia familiar, implican utilizar herramientas ágiles, dinámicas, versátiles en función de garantizar mayor rapidez y eficiencia posible, acordes a la protección de su integridad psicofísica.

Y en este contexto particular, la tecnología garantiza la tutela judicial efectiva. Por lo que es necesario flexibilizar las normas procesales, que sean compatibles al estado de emergencia sanitaria. (Fallo: M., J. L. vs. M., D. A. J. s. Denuncia por violencia familiar /// Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil Sala I, 08/05/2020; RC J 2107/20).

Es inevitable no observar las situaciones de países vecinos, la semana pasada, en una charla con colegas pertenecientes a España y Ecuador, mencionaron que aún no cuentan con actividad judicial, manejándose de formas similares que las de nuestro país.

En referencia a la violencia de género, es un tema más que preocupante, dado que las cifras de denuncias a causa de ella, han incrementado considerablemente. Estuvimos de acuerdo que durante el confinamiento las víctimas están más expuestas a la violencia machista.

En el caso de España, fue de un 47,5% más de llamados recibidos, y un 650% de consultas vía Whatsapp. Por su parte, Ecuador durante las primeras semanas de registrarse el brote del virus en su país, se registraron 6800 denuncias por violencia. Según el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, en Ecuador 65 de cada 100 mujeres han vivido alguna forma de violencia de género. De esas mujeres, 56,9% soportaron violencia psicológica, el 35,4% ha sido objeto de violencia física, otro 32,7% ha vivido episodios de violencia sexual y el 16% la violencia patrimonial.

Debo reconocer que la justicia ha utilizado las herramientas tecnológicas afín de mejorar el sistema, como primer paso a cambios forzosos y necesarios.

No obstante, todos consideramos su temporalidad, dado que aún no podemos afirmar ni negar que sigan siendo aplicables cuando todo regrese a la normalidad.

Débora Díaz
Abogada, especialista en Derecho de Familia, recibida en la Universidad de Buenos
Aires, me desempeño como abogada y coordinadora del departamento Civil del estudio jurídico Leguizamón-Rodríguez.

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